Vivienda, un derecho en peligro

A falta de originalidad, es preciso recordar lo establecido en la Constitución de 1.978: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes público."

Especulación inmobiliaria

Lo que la constitución de 1978 quería corregir, que era evitar la especulación inmobiliaria de los años 60 y 70, no lo ha conseguido. No lo ha conseguido, no por desmérito suyo (queda claro volviendo a leer el artículo 47), sino por la falta de voluntad política de acometer el mandato constitucional, porque hay que recordar que la Constitución no es una mera declaración de intenciones, sino que es la norma fundamental, constituyendo derecho positivo y dando cobertura constitucional y democrática a todo nuestro ordenamiento jurídico. A este respecto lo establecido en el artículo 53, párrafo tercero: "El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos." Oídos sordos de los políticos, los mismos que cada 6 de Diciembre se cuadran ante la bandera de España y celebran los aniversarios de la constitución.

Con las modificaciones en las leyes arrendaticias, con la supresión en el año 1985 de la prórroga forzosa a favor del inquilino y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que limita la prórroga a favor del inquilino en cinco años, se ha producido una disminución de viviendas en alquiler alarmante, a más de la mitad de las existentes hace 20 años, y una elevación de las rentas en más de un 400%. En países de nuestro entorno europeo la vivienda en alquiler supone el 40% del parque inmobiliario. En España apenas alcanza ya el 15%.

El resultado de todas estas políticas equivocadas sobre vivienda han conducido a una situación insostenible desde el punto de vista social. La vivienda ha sustituido la inversión bursátil y las promociones de vivienda se agotan compradas por especuladores, que venden la simple opción de compra al día siguiente por 4 o 5 millones más de lo desembolsado. Las fincas abandonadas por los propietarios, ante la insuficiencia de las rentas y los elevados costes de las reparaciones, son compradas por poco dinero (casas viejas, y con inquilinos) por los mismos especuladores, sin posibilidad de los inquilinos de ejercer un derecho preferente de compra. Los especuladores vacían las fincas de inquilinos, aplicando la ley arrendaticia (y otras técnicas coercitivas), vendiendo las viviendas resultantes por el mismo precio que costó la finca entera.

El alquiler de una vivienda media se sitúa entre 500 y 800 euros. Los intereses de las hipotecas han disminuido en casi 15 puntos, pero el precio de la vivienda se ha incrementado en no se sabe ya qué porcentaje, y subiendo cada año. Se suscriben hipotecas por 30 e incluso 35 años para poder pagar una letra de unos 600 u 800 euros, por parejas de jóvenes que trabajan en empleos temporales de sol a sol, y que se han independizado de sus padres cuando rondan los 30 años; al menos gozarán de la jubilación con una vivienda en propiedad. Los estudios desvelan que las familias españolas (el 60%), tienen dificultades para llegar a fin de mes, y otros o los mismos estudios sitúan el gasto de la vivienda de una familia en torno al 30% o 40% de los ingresos totales.

Propuestas de actuación

Facua Cádiz considera que no todo está perdido, por lo que reivindica que la vivienda digna es un derecho, y que la Administración tiene que velar por el cumplimiento de ese derecho a todos los ciudadanos, atajando la especulación con medidas muy concretas. Entre ellas las siguientes:

1. Intervención pública en el mercado inmobiliario, restringiendo la construcción de viviendas de renta libre, y promoviendo la construcción de viviendas de protección oficial y de promoción pública.

2. Medidas legislativas concretas que abaraten el precio del suelo, para la construcción de nuevas promociones en la directriz del punto anterior.

3. Aumentar el impuesto de bienes inmuebles de viviendas vacías.

4. Disminuir el impuesto de bienes inmuebles de viviendas ocupadas por inquilinos.

5. Modificar el régimen de los arrendamientos, favoreciendo la estabilidad de las familias, restituyendo la prórroga forzosa y la aplicación de ayudas a inquilinos y propietarios que opten por ésta modalidad de acceso a la vivienda.

6. Modificar el régimen de los arrendamientos, redefiniendo el marco de derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos, al estilo de lo que ocurre en otros países europeos de nuestro entorno.

7. Fortalecer la actividad de las Agencias Públicas de Alquiler (estatal) o las Oficinas de Fomento del Alquiler (autonómica).

8. Reformar la Ley de Expropiación Forzosa, facilitando la expropiación de las fincas, cuyos propietarios desoyen los requerimientos de obras de los Ayuntamientos.

Fuente: diariodejerez.es (27/06/07)