El presidente del lobby inmobiliario g14 fernando martín ha asegurado que los precios de la vivienda nueva no van a bajar y que los tipos de interés no subirán.
Según fernando martín "pronto habrá operaciones corporativas muy importantes que cambiarán el mapa del sector". hablando sobre las perspectivas de futuro del mercado, martín predice que "en dos años el precio de los pisos volverá a subir de forma vertiginosa por el estrangulamiento de la demanda si no se agilizan los plazos para tramitar los planes urbanísticos". de no agilizarse la urbanización del suelo, "por cada vivienda que se deje de construir se pierden entre 2 y 2,4 puestos de trabajo. los primeros que irán al paro serán los inmigrantes, lo que provocará importantes conflictos sociales" asegura martín
Fuente: el país, jueves 25 oct 07
domingo, 28 de octubre de 2007
Casi la mitad de la renta para comprar una vivienda
Las familias españolas emplearon el 45,4% de su renta bruta disponible para financiar la compra de vivienda en el tercer trimestre del año, casi tres puntos más que al cierre de 2006.
Según revelan los datos del banco de españa se trata de la cifra más alta de la historia de nuestro país. este porcentaje contrasta con el 36,4% que era necesario utilizar en 2005 y con el 35% que destinaban las familias en 2004
Fuente: metro, miércoles 24 oct 07
Según revelan los datos del banco de españa se trata de la cifra más alta de la historia de nuestro país. este porcentaje contrasta con el 36,4% que era necesario utilizar en 2005 y con el 35% que destinaban las familias en 2004
Fuente: metro, miércoles 24 oct 07
Hacienda investiga 250.000 operaciones inmobiliarias
Los notarios han proporcionado a hacienda datos de casi 250.000 operaciones inmobiliarias en las que han intervenido y sobre las que planea la sombra de algún tipo de actuación fraudulenta.
Se trata de operaciones realizadas este año y comunicadas a la agencia tributaria antes de junio. por otro lado, y siguiendo el plan de prevención del fraude, hacienda expulsará a 120.000 empresas del registro de operadores intercomunitarios por no realizar una sola operación en los últimos doce meses
Fuente: cinco días, viernes 26 oct 07
Se trata de operaciones realizadas este año y comunicadas a la agencia tributaria antes de junio. por otro lado, y siguiendo el plan de prevención del fraude, hacienda expulsará a 120.000 empresas del registro de operadores intercomunitarios por no realizar una sola operación en los últimos doce meses
Fuente: cinco días, viernes 26 oct 07
Los alquileres se encarecieron un 4% en septiembre.
El precio de la vivienda en alquiler se encareció un 4,4% en los últimos 12 meses, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al mes de septiembre. Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Aragón fueron las regiones donde más subieron los arrendamientos.
Tras varios meses con un crecimiento estable del 4,3%, el precio subió una décima en el pasado mes de septiembre. Igual crecimiento tuvieron los precios en noviembre de 2006 (4,4%) para instalarse en el 4,5% en diciembre, enero y febrero y volver al 4,4% en el mes de marzo. Entre abril y agosto el incremento de los alquileres se estancó en el 4,3%.
En septiembre, el precio de los alquileres subió un 0,2%, mientras que en los nueve primeros meses del ejercicio acumulan un alza del 3,3%. Por comunidades autónomas, los alquileres se encarecieron con más intensidad en Cataluña (5,8%), Madrid (5,2%) y Aragón (4,4%).
Por debajo de la media del conjunto del país se situaron Baleares (4,2%), Navarra (4,1%), Cantabria (4,1%), Asturias (3,9%) Canarias y Castilla-La Mancha (ambas con el 3,7%), Galicia (3,6%), Andalucía (3,5%), Valencia (3,4%), País Vasco (3%), Castilla y León (2,8%), La Rioja (2,6%), Extremadura (2,3%) y Murcia (1,4%).
Fuente: newsinmofocus (22/10/007)
Tras varios meses con un crecimiento estable del 4,3%, el precio subió una décima en el pasado mes de septiembre. Igual crecimiento tuvieron los precios en noviembre de 2006 (4,4%) para instalarse en el 4,5% en diciembre, enero y febrero y volver al 4,4% en el mes de marzo. Entre abril y agosto el incremento de los alquileres se estancó en el 4,3%.
En septiembre, el precio de los alquileres subió un 0,2%, mientras que en los nueve primeros meses del ejercicio acumulan un alza del 3,3%. Por comunidades autónomas, los alquileres se encarecieron con más intensidad en Cataluña (5,8%), Madrid (5,2%) y Aragón (4,4%).
Por debajo de la media del conjunto del país se situaron Baleares (4,2%), Navarra (4,1%), Cantabria (4,1%), Asturias (3,9%) Canarias y Castilla-La Mancha (ambas con el 3,7%), Galicia (3,6%), Andalucía (3,5%), Valencia (3,4%), País Vasco (3%), Castilla y León (2,8%), La Rioja (2,6%), Extremadura (2,3%) y Murcia (1,4%).
Fuente: newsinmofocus (22/10/007)
El PSOE fija en 12.000 euros de ingresos el tope para la deducción máxima por alquiler
12.000 euros de ingresos anuales es el límite fijado por el Gobierno para que los inquilinos puedan acceder a partir de enero a la deducción máxima prevista en el impuesto sobre la renta para el alquiler, establecida en 9.015 euros.
Los contribuyentes podrán deducirse el 10,05% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.020 euros anuales. La enmienda establece la base máxima de esta deducción: cuando la base imponible sea igual o inferior a 12.000 euros anuales, será de 9.015 euros. Cuando la base imponible esté comprendida entre 12.000 y 24.020 euros habrá que restar de los 9.015 euros el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia entre la base imponible y 12.000 euros anuales.
De esta forma, el Gobierno modula el plan de alquiler presentado en septiembre por la ministra Carme Chacón, en donde anunció la creación de una nueva deducción del 10,05% en la cuota estatal del IRPF sobre un importe máximo de 9.015 euros anuales para todos aquellos ciudadanos con una renta inferior a los 24.000 euros netos anuales. Lo que hace en realidad la enmienda a los Presupuestos presentada por el PSOE es diferenciar la deducción en dos tramos de renta, dependiendo de los ingresos del contribuyente, en contraste con lo que ocurre en las deducciones vigentes para la compra de vivienda habitual.
Según el PSOE, esta enmienda procura el equilibrio entre los beneficios fiscales a la compra y al alquiler, 'lo que contribuirá a que la libertad de elección de los ciudadanos entre estas dos formas de acceso sea más efectiva'. La selección de los niveles de ingresos obedece, argumenta el PSOE, a la necesidad de favorecer a los colectivos de menores rentas, evitando 'los efectos inflacionistas que podrían generarse con una deducción de carácter general'.
Fuente: cincodias.com (27/10/07)
Los contribuyentes podrán deducirse el 10,05% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.020 euros anuales. La enmienda establece la base máxima de esta deducción: cuando la base imponible sea igual o inferior a 12.000 euros anuales, será de 9.015 euros. Cuando la base imponible esté comprendida entre 12.000 y 24.020 euros habrá que restar de los 9.015 euros el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia entre la base imponible y 12.000 euros anuales.
De esta forma, el Gobierno modula el plan de alquiler presentado en septiembre por la ministra Carme Chacón, en donde anunció la creación de una nueva deducción del 10,05% en la cuota estatal del IRPF sobre un importe máximo de 9.015 euros anuales para todos aquellos ciudadanos con una renta inferior a los 24.000 euros netos anuales. Lo que hace en realidad la enmienda a los Presupuestos presentada por el PSOE es diferenciar la deducción en dos tramos de renta, dependiendo de los ingresos del contribuyente, en contraste con lo que ocurre en las deducciones vigentes para la compra de vivienda habitual.
Según el PSOE, esta enmienda procura el equilibrio entre los beneficios fiscales a la compra y al alquiler, 'lo que contribuirá a que la libertad de elección de los ciudadanos entre estas dos formas de acceso sea más efectiva'. La selección de los niveles de ingresos obedece, argumenta el PSOE, a la necesidad de favorecer a los colectivos de menores rentas, evitando 'los efectos inflacionistas que podrían generarse con una deducción de carácter general'.
Fuente: cincodias.com (27/10/07)
Casi el 90% de los españoles prefiere comprar un piso a alquilarlo
El 87% de los españoles prefiere la compra al alquiler de vivienda, si bien seis de cada diez jóvenes estaría dispuesto a alquilar si los precios de los pisos fueran más bajos, según una encuesta realizada por TNS-Demoscopia para RTVE.
Sólo dos de cada diez españoles creen que bajará el precio de la vivienda, frente a cuatro de cada diez, que piensa que subirá. En cuanto al tamaño mínimo que debería tener una vivienda para una persona, los entrevistados opinan que tendría que tener unos 57 metros cuadrados, de media.
La mayoría de los españoles se muestran satisfechos con su casa, aunque, entre los jóvenes, son muchos los que la cambiarían si pudieran. Así, de los menores de 30 años consultados para este estudio, más de un 60% cambiaría de piso. Además, siete de cada diez jóvenes considera que las ayudas deberían concederse en función del nivel de ingresos.
Pese a que las competencias sobre vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, el barómetro de RTVE refleja que más de la mitad de los ciudadanos atribuye al Gobierno central la responsabilidad de facilitar el acceso a la misma.
La vivienda, como producto de inversión, ha empezado a perder interés, si bien el 60% de los menores de 30 años no dudaría en depositar sus ahorros en este sector. Según el estudio, tres de cada cuatro encuestados coinciden en que los jóvenes tienen cada más difícil el poder independizarse.
Entre los que tienen una segunda vivienda, más de la mitad de los españoles prefieren dejarla vacía antes que alquilarla. En este sentido, los jóvenes son los que más partidarios de que existan medidas legales que obliguen a alquiler los pisos
Fuente: urbanoticias (23/10/07)
Sólo dos de cada diez españoles creen que bajará el precio de la vivienda, frente a cuatro de cada diez, que piensa que subirá. En cuanto al tamaño mínimo que debería tener una vivienda para una persona, los entrevistados opinan que tendría que tener unos 57 metros cuadrados, de media.
La mayoría de los españoles se muestran satisfechos con su casa, aunque, entre los jóvenes, son muchos los que la cambiarían si pudieran. Así, de los menores de 30 años consultados para este estudio, más de un 60% cambiaría de piso. Además, siete de cada diez jóvenes considera que las ayudas deberían concederse en función del nivel de ingresos.
Pese a que las competencias sobre vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, el barómetro de RTVE refleja que más de la mitad de los ciudadanos atribuye al Gobierno central la responsabilidad de facilitar el acceso a la misma.
La vivienda, como producto de inversión, ha empezado a perder interés, si bien el 60% de los menores de 30 años no dudaría en depositar sus ahorros en este sector. Según el estudio, tres de cada cuatro encuestados coinciden en que los jóvenes tienen cada más difícil el poder independizarse.
Entre los que tienen una segunda vivienda, más de la mitad de los españoles prefieren dejarla vacía antes que alquilarla. En este sentido, los jóvenes son los que más partidarios de que existan medidas legales que obliguen a alquiler los pisos
Fuente: urbanoticias (23/10/07)
Las ayudas al alquiler de 210 euros a jóvenes de entre 22 y 30 años se tramitarán en un plazo máximo de dos meses desde su solicitud
Plan de Ayuda a la Emancipación y Fomento del Alquiler Así lo establecieron en el borrador del Real Decreto que la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, y representantes de las comunidades autónomas trataron esta tarde en conferencia sectorial.
De esta forma, las primeras ayudas podrían hacerse efectivas en el mes de marzo, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales.La mayoría de las Comunidades Autónomas expresaron su voluntad de colaboración y su respaldo a la fórmula de gestión compartida propuesta por el Ministerio de Vivienda, excepto la Comunidad de Madrid, cuyos responsables rechazaron acudir al acto.
Con el objetivo de agilizar al máximo la gestión y tramitación de las ayudas, Chacón anunció que Vivienda elaborará una aplicación informática para que las Comunidades Autónomas puedan recabar datos e información de los solicitantes a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, informó el Ministerio en un comunicado. Así, podrán confirmar directamente si el joven de entre 22 y 30 años que solicita la ayuda cumple con las condiciones de tener contrato de trabajo y cobrar menos de 22.000 euros brutos anuales.
Carmen Chacón propuso a los responsables de Vivienda de Comunidades y Ciudades Autónomas que el sistema de concesión de ayudas tenga una revisión anual para evitar posibles casos de fraude y controlar que los beneficiarios que dejen de cumplir los requisitos sigan percibiendo las ayudas.El sistema de gestión propuesto prevé que los solicitantes de las ayudas puedan acceder al formulario en la página Web del Ministerio de Vivienda y a través de la Red de Oficinas de las Comunidades Autónomas, donde deberán presentarlo junto con el resto de documentación.
Entre estos documentos, aparte de la solicitud, debe figurar el contrato de arrendamiento, la referencia catastral del inmueble y el número de afiliación a la Seguridad Social del demandante.
Una vez presentada la solicitud, las Comunidades Autónomas podrán recabar los datos de los solicitantes a través de las delegaciones territoriales del Catastro, de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para comprobar que los posibles beneficiarios cumplen los requisitos establecidos.
A partir de ese momento las Comunidades Autónomas dispondrán de un plazo máximo de dos meses para resolver la solicitud y trasladarla al Ministerio de Vivienda, que autorizará el pago de la ayuda al joven inquilino.
Fuente: urbanoticias (23/10/07)
De esta forma, las primeras ayudas podrían hacerse efectivas en el mes de marzo, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales.La mayoría de las Comunidades Autónomas expresaron su voluntad de colaboración y su respaldo a la fórmula de gestión compartida propuesta por el Ministerio de Vivienda, excepto la Comunidad de Madrid, cuyos responsables rechazaron acudir al acto.
Con el objetivo de agilizar al máximo la gestión y tramitación de las ayudas, Chacón anunció que Vivienda elaborará una aplicación informática para que las Comunidades Autónomas puedan recabar datos e información de los solicitantes a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, informó el Ministerio en un comunicado. Así, podrán confirmar directamente si el joven de entre 22 y 30 años que solicita la ayuda cumple con las condiciones de tener contrato de trabajo y cobrar menos de 22.000 euros brutos anuales.
Carmen Chacón propuso a los responsables de Vivienda de Comunidades y Ciudades Autónomas que el sistema de concesión de ayudas tenga una revisión anual para evitar posibles casos de fraude y controlar que los beneficiarios que dejen de cumplir los requisitos sigan percibiendo las ayudas.El sistema de gestión propuesto prevé que los solicitantes de las ayudas puedan acceder al formulario en la página Web del Ministerio de Vivienda y a través de la Red de Oficinas de las Comunidades Autónomas, donde deberán presentarlo junto con el resto de documentación.
Entre estos documentos, aparte de la solicitud, debe figurar el contrato de arrendamiento, la referencia catastral del inmueble y el número de afiliación a la Seguridad Social del demandante.
Una vez presentada la solicitud, las Comunidades Autónomas podrán recabar los datos de los solicitantes a través de las delegaciones territoriales del Catastro, de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para comprobar que los posibles beneficiarios cumplen los requisitos establecidos.
A partir de ese momento las Comunidades Autónomas dispondrán de un plazo máximo de dos meses para resolver la solicitud y trasladarla al Ministerio de Vivienda, que autorizará el pago de la ayuda al joven inquilino.
Fuente: urbanoticias (23/10/07)
domingo, 21 de octubre de 2007
Cambiar de hipoteca será más fácil y barato
La reforma de la ley del mercado hipotecario aprobada recientemente pretende imponer orden en la jungla de la concesión de hipotecas y proteger a todos aquellos que contraten una.
La mayor rebaja se produce en los servicios notariales y de intermediación, que permiten un ahorro de hasta el 80% en los gastos derivados del cambio o cancelación de una hipoteca. el texto también busca una mayor protección al cliente frente a posibles abusos
Fuente: metro, miércoles 17 oct 07
La mayor rebaja se produce en los servicios notariales y de intermediación, que permiten un ahorro de hasta el 80% en los gastos derivados del cambio o cancelación de una hipoteca. el texto también busca una mayor protección al cliente frente a posibles abusos
Fuente: metro, miércoles 17 oct 07
Las grandes inmobiliarias venden suelo para reducir deudas
los grupos inmobiliarios están vendiendo activos, principalmente suelo, para reducir su endeudamiento.
La necesidad de liquidez de las grandes compañías del sector, el endurecimiento de la banca para darles créditos y la caída de venta del sector residencial les ha llevado a colgar el cartel de "se vende" en bastantes parcelas por debajo del precio de tasación antes de promover, construir y vender ellos mismos las viviendas. según gonzalo bernardos, profesor de economía de la universidad de barcelona, esto significa que los tenedores de suelo saben que "sus parcelas valen hoy más que mañana" y no les importa reducir parte de sus activos a cambio de mayor liquidez, ya que sus bolsas de suelo son inmensas
Fuente: la vanguardia, lunes 15 oct 07
La necesidad de liquidez de las grandes compañías del sector, el endurecimiento de la banca para darles créditos y la caída de venta del sector residencial les ha llevado a colgar el cartel de "se vende" en bastantes parcelas por debajo del precio de tasación antes de promover, construir y vender ellos mismos las viviendas. según gonzalo bernardos, profesor de economía de la universidad de barcelona, esto significa que los tenedores de suelo saben que "sus parcelas valen hoy más que mañana" y no les importa reducir parte de sus activos a cambio de mayor liquidez, ya que sus bolsas de suelo son inmensas
Fuente: la vanguardia, lunes 15 oct 07
Las ventas de obra nueva caen un 40%
Las compañías promotoras españolas hablan ya de crisis sin ambages, pero solo en privado.
Las empresas desarrolladoras de pisos, grandes, medianas o pequeñas hablan de descensos en el número de ventas que van del 25% al 70%. el aterrizaje suave es más abrupto de lo que se pudiera esperar. así lo admite josé antonio fernández gallar, director general de inmobiliaria espacio, que reconoce que este año las ventas caerán un 40% "no por una crisis de la demanda, que sigue existiendo y siempre existirá porque no van a dejarse de adquirir casas; sino porque se ha separado el precio que pueden pagar los compradores de lo que está ofreciendo el mercado
Fuente: el país, viernes 19 oct 07
Las empresas desarrolladoras de pisos, grandes, medianas o pequeñas hablan de descensos en el número de ventas que van del 25% al 70%. el aterrizaje suave es más abrupto de lo que se pudiera esperar. así lo admite josé antonio fernández gallar, director general de inmobiliaria espacio, que reconoce que este año las ventas caerán un 40% "no por una crisis de la demanda, que sigue existiendo y siempre existirá porque no van a dejarse de adquirir casas; sino porque se ha separado el precio que pueden pagar los compradores de lo que está ofreciendo el mercado
Fuente: el país, viernes 19 oct 07
El mercado de la vivienda vive actualmente ‘un ajuste suave’ y se va a estabilizar sobre un 5%
La ministra de Vivienda, Carmen Chacón, dijo ayer que el mercado de la vivienda vive actualmente ‘un ajuste suave’, como demuestra el dato de incremento de los precios correspondiente al segundo trimestre (5,8%), y apuntó que ‘probablemente, en ese ajuste, (el incremento de los precios) se va a estabilizar sobre un 5%’.Carmen Chacón adelantó, además, que ‘se volverán a batir records’ de construcción de VPO.La ministra de Vivienda defendió una vez más la gestión del Gobierno en materia de vivienda, frente a las actuaciones del anterior Ejecutivo del PP. En este sentido, afirmó que la ley de 1998 en materia de suelo supuso un incremento del 500% del precio de suelo y del 150% en el caso de la vivienda, así como una ‘caída histórica’ de la construcción de VPO.
La ministra de Vivienda aseguró que aún queda mucho por hacer y manifestó la necesidad de poner más planes en marcha con la colaboración de todas las administraciones públicas.En referencia a las expropiaciones forzosas propuestas por el Gobierno catalán, Chacón confirmó la preferencia del Gobierno central por ‘explorar las medidas propositivas’, con el fin de incentivar a los propietarios de viviendas vacías que tienen miedo a vivir situaciones de impago o procesos prolongados de desahucio
Fuente: urbanoticias.com (16/10/07)
El alquiler de vivienda sube un 4,4% en el último año, más de un punto y medio por encima del IPC
El precio medio del alquiler de una vivienda subió un 4,4% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, más de un punto y medio por encima del índice de precio de consumo (IPC) general, que cerró el mes en el 2,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).El precio de los alquileres permaneció prácticamente invariable en términos intermensuales, con una tasa del 0,2%. El encarecimiento acumulado en los nueve primeros meses del año sobre el mismo periodo de 2006 fue del 3,3%.
Por otra parte, los precios de conservación de la vivienda se incrementaron un 4,6% en el último año, dos décimas por encima de los alquileres, y un 4,1% hasta septiembre. Sin embargo, esta rúbrica experimentó un descenso del 0,4% respecto al mes anterior.
Por comunidades, el conjunto de gastos relacionados con la vivienda (alquiler, conservación de materiales y servicios, distribución del agua, alcantarillado, recogidas de basuras y otros servicios) registraron las mayores subidas interanuales en Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, con porcentajes del 4,4%, 4% y 3,8%, respectivamente.Les siguieron Cataluña (+3,7%), País Vasco (+3,5%), Madrid (+3,3%), La Rioja (+3,1%), Navarra (+2,9%), Castilla y León (+2,9%) y Aragón (+2,8%).
Por su parte, las comunidades autónomas de Andalucía y Cantabria registraron subidas iguales al promedio nacional. Por debajo de este valor se situaron Galicia (+2,6%), Baleares (+2,6%), Castilla-La Mancha (+2,5%), Murcia y Melilla (+2,1%) y Ceuta y Extremadura (+1,9%).
Fuente: urbanoticias.com (15/10/07)
domingo, 14 de octubre de 2007
Las promotoras buscan ahora hacer las viviendas justas y en el mejor sitio
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) espera que se apruebe una Ley de Intermediación que regule quién puede intervenir en las transacciones inmobiliarias.
-¿Hay intrusismo en su trabajo?
-No es intrusismo, porque es legal, pero creemos que es necesario que se regule porque para vender lechugas hace falta un carné de manipulador, y para la intermediación no hace falta ninguna condición. Creemos que con esa ley se aclarará quienes pueden intermediar, con un seguro de responsabilidad civil, una oficina...
-Ustedes conocen la situación de sector inmobiliario, en definitiva de la construcción ¿Está en crisis?
-Es una crisis entre comillas. Desde hace tiempo la economía del país se ha sustentado en el sector de la construcción. Ahora, no puede cerrar de golpe y porrazo porque sería la quiebra del sistema. En estos momentos los promotores grandes están eligiendo el suelo y las zonas donde quieren construir, antes podía valer cualquier sitio. Se están dando cuenta de que no hay un trabajo estable, que no hay gente con recursos como para cambiar de casa... Es decir, ahora se trata de hacer las viviendas justas y en el mejor sitio. Lo malo es que no se sigue vendiendo al mismo ritmo.
-¿Cómo se encuentra el mercado de la vivienda nueva?
-Se vende a un ritmo más lento y con un precio no tan alto como en años anteriores. No va a subir ese 16% de los últimos años, pero la vivienda nueva seguirá subiendo. Y que la gente no piense que va a bajar, así que quien quiera comprar que lo haga ahora. La mano de obra sube, los materiales suben, lo único que se pueden permitir los promotores es que su beneficio sea menor.
-¿Y la de segunda mano?
-Está sobrevalorada entre el 20% y el 30% porque el propietario quiere venderla pensando que es nueva y porque se dejan aconsejar por gente que se dedica a la intermediación y que les dice que se puede vender más cara. Así consiguen la exclusiva para vender su vivienda. Si quieren venderla tienen que ponerla a precio de mercado, bajarían, por eso se tarda tanto en vender viviendas de segunda mano.Para especular-Y también nuevas-Pero eso a lo mejor es porque la han comprado para especular.-Pero todo el mundo especula...-La vivienda es para vivir y no para especular. Hay tantas y tantas viviendas que se las ha comprado la gente para especular. Han comprado sobre plano y la han vendido según se desarrollaba la obra y han ganado su dinero. Ahora no hay dinero, la gente no compra porque no puede especular.
-¿Qué pasa si se ponen en el mercado los tres millones de viviendas cerradas que dicen hay en España?
-Para que todas las viviendas vacías entren en alquiler lo tendrán que analizar los políticos si legalmente se puede hacer, y luego ver si interesa al sector.
-¿Sería peligroso?
-Creo que sí. Tres millones de viviendas a un precio asequible la gente no compraría. Hasta hace poco compraban porque los tipos de interés eran bajos y los alquileres muy altos.
-¿En qué fase nos encontramos de esa desaceleración?
-En la cima, y ahora tienen que tomarse decisiones políticas, sobre el suelo y el tipo de viviendas necesarias,las administraciones no pueden subastar suelo público a precio de privado; y las promotoras y los bancos analizar lo que quieren ganar.
Fuente: NorteCastilla. es (14710/07)
-¿Hay intrusismo en su trabajo?
-No es intrusismo, porque es legal, pero creemos que es necesario que se regule porque para vender lechugas hace falta un carné de manipulador, y para la intermediación no hace falta ninguna condición. Creemos que con esa ley se aclarará quienes pueden intermediar, con un seguro de responsabilidad civil, una oficina...
-Ustedes conocen la situación de sector inmobiliario, en definitiva de la construcción ¿Está en crisis?
-Es una crisis entre comillas. Desde hace tiempo la economía del país se ha sustentado en el sector de la construcción. Ahora, no puede cerrar de golpe y porrazo porque sería la quiebra del sistema. En estos momentos los promotores grandes están eligiendo el suelo y las zonas donde quieren construir, antes podía valer cualquier sitio. Se están dando cuenta de que no hay un trabajo estable, que no hay gente con recursos como para cambiar de casa... Es decir, ahora se trata de hacer las viviendas justas y en el mejor sitio. Lo malo es que no se sigue vendiendo al mismo ritmo.
-¿Cómo se encuentra el mercado de la vivienda nueva?
-Se vende a un ritmo más lento y con un precio no tan alto como en años anteriores. No va a subir ese 16% de los últimos años, pero la vivienda nueva seguirá subiendo. Y que la gente no piense que va a bajar, así que quien quiera comprar que lo haga ahora. La mano de obra sube, los materiales suben, lo único que se pueden permitir los promotores es que su beneficio sea menor.
-¿Y la de segunda mano?
-Está sobrevalorada entre el 20% y el 30% porque el propietario quiere venderla pensando que es nueva y porque se dejan aconsejar por gente que se dedica a la intermediación y que les dice que se puede vender más cara. Así consiguen la exclusiva para vender su vivienda. Si quieren venderla tienen que ponerla a precio de mercado, bajarían, por eso se tarda tanto en vender viviendas de segunda mano.Para especular-Y también nuevas-Pero eso a lo mejor es porque la han comprado para especular.-Pero todo el mundo especula...-La vivienda es para vivir y no para especular. Hay tantas y tantas viviendas que se las ha comprado la gente para especular. Han comprado sobre plano y la han vendido según se desarrollaba la obra y han ganado su dinero. Ahora no hay dinero, la gente no compra porque no puede especular.
-¿Qué pasa si se ponen en el mercado los tres millones de viviendas cerradas que dicen hay en España?
-Para que todas las viviendas vacías entren en alquiler lo tendrán que analizar los políticos si legalmente se puede hacer, y luego ver si interesa al sector.
-¿Sería peligroso?
-Creo que sí. Tres millones de viviendas a un precio asequible la gente no compraría. Hasta hace poco compraban porque los tipos de interés eran bajos y los alquileres muy altos.
-¿En qué fase nos encontramos de esa desaceleración?
-En la cima, y ahora tienen que tomarse decisiones políticas, sobre el suelo y el tipo de viviendas necesarias,las administraciones no pueden subastar suelo público a precio de privado; y las promotoras y los bancos analizar lo que quieren ganar.
Fuente: NorteCastilla. es (14710/07)
sábado, 13 de octubre de 2007
La legalización de 15.000 casas en Chiclana tardará 10 años
El Ayuntamiento de Chiclana (72.364 habitantes) fue pionero a la hora de plantear la regularización de viviendas ilegales, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos 20 años. El anterior equipo de gobierno, del PSOE, inició un plan de legalización que incluía los cambios de usos de suelos, y la apertura de una oficina de regularización para tramitar las peticiones y elaborar un plan de infraestructuras.
La regularización no afecta a todas las casas ilegales de Chiclana. Sólo a las que están dentro de las denominadas áreas de gestión básica, nueve zonas de suelos urbanos no consolidados, que pasarán a ser urbanos cuando todo este proceso termine. "Sobre los papeles el plan contempla la construcción en las áreas de gestión básica de entre 15.000 y 16.000 viviendas. La mayoría ya están construidas, si no hay más", señala Butrón. En total, este plan afecta a 18 kilómetros cuadrados, más que todo el término de Cádiz que tiene una superficie de 12 kilómetros cuadrados.
Infraestructuras
Los técnicos de Urbanismo se reunieron esta semana con los de la oficina de regularización de la que es responsable el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras. Abordaron el que es ahora el principal reto para ambas partes. Hacer definitivo el borrador de un plan de infraestructuras para dotar de los servicios necesarios, sobre todo agua y electricidad, a estas áreas que van a ser regularizadas.
El coste de esta operación será asumido por los propietarios mediante una contribución especial. "Los particulares tendrán que pagar en función de los metros cuadrados y los derechos de edificación. También dependerá de la zona donde estén. Porque cuanto más lejos haya que llevar las conexiones con los sistemas generales de luz y agua más caro será", aclara el concejal de Urbanismo.
El borrador del plan de infraestructuras incluye ya un coste global que Butrón no quiere hacer público hasta que el documento no sea aprobado definitivamente. También se reserva otro dato de gran interés para los afectados. Cuánto tiempo llevarán los trámites de legalización. Para ello se ha elaborado un manual de procedimiento que estima los pasos desde que el dueño acude a la oficina a solicitar información hasta que consigue la legalización. Otra incógnita es saber por cuál de las áreas se comenzará la regularización y las obras de infraestructuras necesarias.
Fuente: elpais.com (12/10/07)
Tres casos más de ilegalidad urbanística en El Puerto
El actual equipo de gobierno de El Puerto de Santa María, que comanda el PP con el apoyo de un edil del PA y otro ex edil de IP, sigue encontrando irregularidades urbanísticas. La concejala de Urbanismo, la popular Patricia Ybarra, avanzó ayer que se ha topado con tres nuevas licencias presuntamente ilegales, firmadas por su antecesor en el cargo, Juan Carlos Rodríguez (IP), legalizando viviendas en suelo no urbanizable.
Estos casos se suman a los 104 expedientes de Obra Nueva de falsificación de certificados de antigüedad de inmuebles para regularizarlos inscribiéndolos en el Registro y pidiendo hipotecas, firmados por integrantes de la trama desmantelada en Chiclana, que hasta la fecha ha detectado el actual equipo de gobierno de El Puerto, once de los cuales ya ha remitido a la Fiscalía. Entre estos once, se encontrarían "dos o tres" en los que las viviendas objeto de la falsedad documental han llegado ser legalizados por decreto de Rodríguez. Ybarra ha aclarado que están estudiando qué hacer con estos tres casos, ya que si en un principio la intención fue revocar las licencias, los asesores aconsejaron que no porque, pese a ser supuestamente ilegales, se podrían exigir indemnizaciones, lo que supondría un perjuicio a las arcas municipales.
Fuente: granadahoy.com (12/10/07)
Estos casos se suman a los 104 expedientes de Obra Nueva de falsificación de certificados de antigüedad de inmuebles para regularizarlos inscribiéndolos en el Registro y pidiendo hipotecas, firmados por integrantes de la trama desmantelada en Chiclana, que hasta la fecha ha detectado el actual equipo de gobierno de El Puerto, once de los cuales ya ha remitido a la Fiscalía. Entre estos once, se encontrarían "dos o tres" en los que las viviendas objeto de la falsedad documental han llegado ser legalizados por decreto de Rodríguez. Ybarra ha aclarado que están estudiando qué hacer con estos tres casos, ya que si en un principio la intención fue revocar las licencias, los asesores aconsejaron que no porque, pese a ser supuestamente ilegales, se podrían exigir indemnizaciones, lo que supondría un perjuicio a las arcas municipales.
Fuente: granadahoy.com (12/10/07)
Un juez frena una urbanización en El Puerto por no tener garantizado el suministro de agua
La sentencia anula la licencia de 325 casas y la ampliación del campo de golf de Vistahermosa
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cádiz ha declarado "nulo" en acuerdo del pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) que, en agosto de 2004, concedió la licencia para una urbanización en la zona residencial de Vistahermosa, en la costa oeste de la ciudad, para la construcción de un parque de viviendas y la ampliación del campo de golf. La sentencia considera que el Consistorio autorizó el inicio de las obras a pesar de que el proyecto carece de las "dotaciones necesarias" para la prestación de servicios básicos, en concreto, el suministro de agua.
La Confederación Hidrográfica advirtió de la inviabilidad del proyecto urbanístico
El juez destaca que el terreno no sólo no cuenta con sistemas necesarios para el suministro de agua a 325 nuevas viviendas y la ampliación del campo de golf, sino que, además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había anunciado su negativa a llevar el suministro a la urbanización antes de que se iniciaran las obras, según informó ayer La Voz de Cádiz.
La decisión deja ahora en suspenso la legalidad de las obras, que de hecho se encuentran ya muy avanzadas. Los promotores, la firmas Factor Inmobiliario, Noriega, Proconspor y MVG, han edificado gran parte de las 325 nuevas viviendas de lujo que contempla el proyecto. Además, las empresas han iniciado los desbroces y los movimientos de tierra para acometer la ampliación del Campo de Golf de Vistahermosa, una de la zona más elitistas de El Puerto.
El juzgado responde a una denuncia presentada por los vecinos, representados en la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa y la asociación local para la Defensa y el Patrimonio de la Identidad de Vistahermosa. Ambas organizaciones entendían que el plan urbanístico, en los términos aprobados, iba a causar muchos y graves perjuicios a los residentes y reduciría los niveles de calidad de vida de la zona.
A la denuncia se sumaron también Ecologistas en Acción por considerar que el diseño incumplía aspectos básicos de las normativas de protección ambiental y provocaba un daño severo a las masas arbóreas y a las colonias de camaleones, una especie protegida. Así mismo, los proteccionistas denunciaron el incremento del consumo de agua que iba a suponer la ampliación prevista del campo de golf ubicado en una zona con graves deficiencias de suministro.
El Ayuntamiento de El Puerto (PP) no precisó ayer si presentará un recurso contra el fallo judicial. Un portavoz se limitó a señalar que el área de Urbanismo está "estudiando la sentencia".
La aprobación del plan de urbanización fue probado por el anterior gobierno local, presidido por Independientes Portuenses, que era consciente de las limitaciones del área y las dificultades que entrañaba su urbanización. El entonces alcalde, Hernán Díaz Cortés, justificó la aprobación en el convencimiento de que se podrían iniciar las obras a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aceptara ampliar la red de suministro. Finalmente, los técnicos de la Confederación decidieron desestimar la petición, para lo que se basaron en la demanda de agua que podría llegar a generar, sobre todo, la ampliación del complejo deportivo.
En 2005, la Delegación provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía advirtió al Ayuntamiento portuense de la irregularidad cometida y pidió la rectificación del proyecto antes de que éste fuera aprobado definitiva.
En sus actuales términos, la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Cádizque obliga al Ayuntamiento a devolver a su punto de origen el trámite administrativo de todo el proyecto. El gobierno municipal tendrá que buscar la fórmula de encajar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un proyecto de urbanización renovado. En la actualidad el Ayuntamiento redacta un nuevo PGOU, que cumple ya ocho años de retrasos por sucesivos fallos políticos y condicionantes técnicos. Recientemente, el equipo redactor del plan ha presentado su dimisión ante la falta de avances, por lo que no se espera una respuesta rápida a la situación generada por la sentencia.
Fuente. elpais.com (12/10/07)
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cádiz ha declarado "nulo" en acuerdo del pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) que, en agosto de 2004, concedió la licencia para una urbanización en la zona residencial de Vistahermosa, en la costa oeste de la ciudad, para la construcción de un parque de viviendas y la ampliación del campo de golf. La sentencia considera que el Consistorio autorizó el inicio de las obras a pesar de que el proyecto carece de las "dotaciones necesarias" para la prestación de servicios básicos, en concreto, el suministro de agua.
La Confederación Hidrográfica advirtió de la inviabilidad del proyecto urbanístico
El juez destaca que el terreno no sólo no cuenta con sistemas necesarios para el suministro de agua a 325 nuevas viviendas y la ampliación del campo de golf, sino que, además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había anunciado su negativa a llevar el suministro a la urbanización antes de que se iniciaran las obras, según informó ayer La Voz de Cádiz.
La decisión deja ahora en suspenso la legalidad de las obras, que de hecho se encuentran ya muy avanzadas. Los promotores, la firmas Factor Inmobiliario, Noriega, Proconspor y MVG, han edificado gran parte de las 325 nuevas viviendas de lujo que contempla el proyecto. Además, las empresas han iniciado los desbroces y los movimientos de tierra para acometer la ampliación del Campo de Golf de Vistahermosa, una de la zona más elitistas de El Puerto.
El juzgado responde a una denuncia presentada por los vecinos, representados en la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa y la asociación local para la Defensa y el Patrimonio de la Identidad de Vistahermosa. Ambas organizaciones entendían que el plan urbanístico, en los términos aprobados, iba a causar muchos y graves perjuicios a los residentes y reduciría los niveles de calidad de vida de la zona.
A la denuncia se sumaron también Ecologistas en Acción por considerar que el diseño incumplía aspectos básicos de las normativas de protección ambiental y provocaba un daño severo a las masas arbóreas y a las colonias de camaleones, una especie protegida. Así mismo, los proteccionistas denunciaron el incremento del consumo de agua que iba a suponer la ampliación prevista del campo de golf ubicado en una zona con graves deficiencias de suministro.
El Ayuntamiento de El Puerto (PP) no precisó ayer si presentará un recurso contra el fallo judicial. Un portavoz se limitó a señalar que el área de Urbanismo está "estudiando la sentencia".
La aprobación del plan de urbanización fue probado por el anterior gobierno local, presidido por Independientes Portuenses, que era consciente de las limitaciones del área y las dificultades que entrañaba su urbanización. El entonces alcalde, Hernán Díaz Cortés, justificó la aprobación en el convencimiento de que se podrían iniciar las obras a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aceptara ampliar la red de suministro. Finalmente, los técnicos de la Confederación decidieron desestimar la petición, para lo que se basaron en la demanda de agua que podría llegar a generar, sobre todo, la ampliación del complejo deportivo.
En 2005, la Delegación provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía advirtió al Ayuntamiento portuense de la irregularidad cometida y pidió la rectificación del proyecto antes de que éste fuera aprobado definitiva.
En sus actuales términos, la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Cádizque obliga al Ayuntamiento a devolver a su punto de origen el trámite administrativo de todo el proyecto. El gobierno municipal tendrá que buscar la fórmula de encajar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un proyecto de urbanización renovado. En la actualidad el Ayuntamiento redacta un nuevo PGOU, que cumple ya ocho años de retrasos por sucesivos fallos políticos y condicionantes técnicos. Recientemente, el equipo redactor del plan ha presentado su dimisión ante la falta de avances, por lo que no se espera una respuesta rápida a la situación generada por la sentencia.
Fuente. elpais.com (12/10/07)
Barbate cambiará el uso de los suelos de Zahora para legalizar casi 1.000 viviendas
El alcalde alcanza una solución de consenso con los vecinos para la regularización
Barbate (Cádiz, 22.602 habitantes) ha comenzado a dar los primeros pasos para regularizar las alrededor de mil viviendas ilegales que existen en el municipio. La mayoría de ellas, unas 800, se encuentran en la pedanía de Zahora, donde el alcalde socialista, Rafael Quirós, ya ha anunciado a los vecinos su intención de cambiar el uso de los suelos donde se levantan estas casas. Pasará de carácter rústico a urbano no consolidado. Será el paso previo a crear una oficina de regularización de viviendas, similar a la que en un mes tiene previsto abrir el Ayuntamiento vecino de Chiclana.
Según el alcalde de Barbate regularizar la situación de las viviendas de Zahora es "una prioridad" junto con la resolución de muchos problemas que padece esta zona. Inconvenientes vinculados a la falta de infraestructuras y medios adecuados para un espacio donde han proliferado viviendas sin permiso en los últimos años: cortes de suministro eléctrico, caminos que se inundan con las lluvias, falta de una red general de abastecimiento de agua, ausencia de una depuradora. El Ayuntamiento cree que estas carencias pueden comenzar a resolverse en paralelo a la legalización de las casas.
El nuevo plan de ordenación urbana barbateño incluirá los suelos de Zahora como urbano no consolidado, lo que permitirá regularizar las viviendas y los negocios que no están en zonas de protección especial. La Asociación de Vecinos Costa de la Luz, que representa los intereses de la mayoría de propietarios, cree que este cambio de catalogación no conlleva grandes cambios estructurales de los viales, una de las principales preocupaciones ciudadanas por la posible afección de casas. Según los primeros estudios, cada parcela tendrá que tener un mínimo de 500 metros cuadrados y una edificabilidad en torno al 0,15%.
Después de este trámite, el alcalde se ha comprometido a crear una oficina donde los propietarios puedan legalizar sus viviendas. La idea es encargarle este proyecto al urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, quien a través de su empresa Territorio y Ciudad, es responsable de un instrumento similar que abrirá sus puertas el próximo mes en Chiclana.
La regularización de Zahora incluirá terrenos donde existen casas con órdenes de demolición. Es el caso de tres chozas que la Audiencia Provincial en sentencias de este mismo año ha ordenado derribar, aunque sus dueños todavía no han acatado esta decisión judicial. Entre sus esperanzas para mantener en pie sus propiedades está la revisión de la nueva catalogación de los suelos. El juez les ordena derribar porque levantaron su casa sin licencia en suelo rústico pero, si el nuevo plan cambia el uso, creen que sus viviendas podrían quedarse como están.
Fuente: elpais.com (12/10/07)
Barbate (Cádiz, 22.602 habitantes) ha comenzado a dar los primeros pasos para regularizar las alrededor de mil viviendas ilegales que existen en el municipio. La mayoría de ellas, unas 800, se encuentran en la pedanía de Zahora, donde el alcalde socialista, Rafael Quirós, ya ha anunciado a los vecinos su intención de cambiar el uso de los suelos donde se levantan estas casas. Pasará de carácter rústico a urbano no consolidado. Será el paso previo a crear una oficina de regularización de viviendas, similar a la que en un mes tiene previsto abrir el Ayuntamiento vecino de Chiclana.
Según el alcalde de Barbate regularizar la situación de las viviendas de Zahora es "una prioridad" junto con la resolución de muchos problemas que padece esta zona. Inconvenientes vinculados a la falta de infraestructuras y medios adecuados para un espacio donde han proliferado viviendas sin permiso en los últimos años: cortes de suministro eléctrico, caminos que se inundan con las lluvias, falta de una red general de abastecimiento de agua, ausencia de una depuradora. El Ayuntamiento cree que estas carencias pueden comenzar a resolverse en paralelo a la legalización de las casas.
El nuevo plan de ordenación urbana barbateño incluirá los suelos de Zahora como urbano no consolidado, lo que permitirá regularizar las viviendas y los negocios que no están en zonas de protección especial. La Asociación de Vecinos Costa de la Luz, que representa los intereses de la mayoría de propietarios, cree que este cambio de catalogación no conlleva grandes cambios estructurales de los viales, una de las principales preocupaciones ciudadanas por la posible afección de casas. Según los primeros estudios, cada parcela tendrá que tener un mínimo de 500 metros cuadrados y una edificabilidad en torno al 0,15%.
Después de este trámite, el alcalde se ha comprometido a crear una oficina donde los propietarios puedan legalizar sus viviendas. La idea es encargarle este proyecto al urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, quien a través de su empresa Territorio y Ciudad, es responsable de un instrumento similar que abrirá sus puertas el próximo mes en Chiclana.
La regularización de Zahora incluirá terrenos donde existen casas con órdenes de demolición. Es el caso de tres chozas que la Audiencia Provincial en sentencias de este mismo año ha ordenado derribar, aunque sus dueños todavía no han acatado esta decisión judicial. Entre sus esperanzas para mantener en pie sus propiedades está la revisión de la nueva catalogación de los suelos. El juez les ordena derribar porque levantaron su casa sin licencia en suelo rústico pero, si el nuevo plan cambia el uso, creen que sus viviendas podrían quedarse como están.
Fuente: elpais.com (12/10/07)
Subir el IBI en Cádiz. Agentes inmobiliarios y juristas ven difícil aplicar la medida
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Provincia de Cádiz cree que la iniciativa de subir el IBI a las viviendas desocupadas presenta «muchas dificultades». Lo explica su presidente, Manuel Rodríguez-Sánchez: «Algunos ayuntamientos como el de Sevilla lo han intentado y se han encontrado con problemas. Primero por la dificultad de definir lo que es un piso vacío y después por cómo controlar si lo es o no».
«Cualquier medida que favorezca la salida al mercado de pisos vacío al mercado nos parece bien, pero la de subir el IBI parece voluntarista y puede provocar muchas quejas», señala el presidente de los agentes. «Creo que existen otras medidas más positivas como dar más seguridad jurídica a los propietarios, agilizando los desahucios y el cobro de los impagos».
Además recuerda que todavía no ha habido tiempo para comprobar la efectividad de las medidas de fomento del alquiler propuestas por el Estado y por las autonomías, «muchas de las cuales todavía son anuncios». «No es problema que se resuelva en meses ni siquiera en una legislatura, cuesta mucho cambiar una mentalidad como la española, centrada en la compra y en la idea de propiedad», apunta.
Dudas legales
Juristas consultados expresan dudas similares a los agentes de la propiedad. «Se ha querido atacar el problema del alquiler por varios frentes y se han encontrado con la dificultad de garantizar a los propietarios el cobro de los alquileres y que conservarán sus viviendas sin daños. Ahora se estudia no tanto premiar a los inquilinos con desgravaciones si no penalizar a los propietarios», explican.«Pero gravar los pisos incrementando el IBI tiene tres problemas: qué se entiende por vivienda desocupada; como controlarlo, porque indicios como las facturas de agua y luz se prestan al fraude; y el hecho de no que no está claro que sea legal la repercusión en el IBI, por lo que estaría a expensas de los recursos», enumeran.
«Parece una medida muy verde y que hay que madurar mucho más. Ahora mismo sería ineficaz. Quizás habría que darle la vuelta al razonamiento y preguntarse por qué el arrendador renuncia a una renta mensual por su casa. A lo mejor el problema es la legislación arrendataria, que no es buena».
Los juristas coinciden con los agentes en que existe un problema de fondo, el de «la idiosincrasia española, que considera que el dinero en alquileres es dinero tirado y el de la hipoteca es una inversión
Fuente: lavozdigital.es (11/10/07)
«Cualquier medida que favorezca la salida al mercado de pisos vacío al mercado nos parece bien, pero la de subir el IBI parece voluntarista y puede provocar muchas quejas», señala el presidente de los agentes. «Creo que existen otras medidas más positivas como dar más seguridad jurídica a los propietarios, agilizando los desahucios y el cobro de los impagos».
Además recuerda que todavía no ha habido tiempo para comprobar la efectividad de las medidas de fomento del alquiler propuestas por el Estado y por las autonomías, «muchas de las cuales todavía son anuncios». «No es problema que se resuelva en meses ni siquiera en una legislatura, cuesta mucho cambiar una mentalidad como la española, centrada en la compra y en la idea de propiedad», apunta.
Dudas legales
Juristas consultados expresan dudas similares a los agentes de la propiedad. «Se ha querido atacar el problema del alquiler por varios frentes y se han encontrado con la dificultad de garantizar a los propietarios el cobro de los alquileres y que conservarán sus viviendas sin daños. Ahora se estudia no tanto premiar a los inquilinos con desgravaciones si no penalizar a los propietarios», explican.«Pero gravar los pisos incrementando el IBI tiene tres problemas: qué se entiende por vivienda desocupada; como controlarlo, porque indicios como las facturas de agua y luz se prestan al fraude; y el hecho de no que no está claro que sea legal la repercusión en el IBI, por lo que estaría a expensas de los recursos», enumeran.
«Parece una medida muy verde y que hay que madurar mucho más. Ahora mismo sería ineficaz. Quizás habría que darle la vuelta al razonamiento y preguntarse por qué el arrendador renuncia a una renta mensual por su casa. A lo mejor el problema es la legislación arrendataria, que no es buena».
Los juristas coinciden con los agentes en que existe un problema de fondo, el de «la idiosincrasia española, que considera que el dinero en alquileres es dinero tirado y el de la hipoteca es una inversión
Fuente: lavozdigital.es (11/10/07)
"El responsable lo sabe, y creo que alguien más: estaba entre nosotros"
Manuel Lavié González, director de la sucursal del Banco de Andalucía de Cádiz que apareció ahorcado en el interior de la oficina, señaló en los nueve folios que dejó escritos antes de su muerte a un compañero como "responsable" y "culpable" de su actuación.
En la sucursal de Lavié, ubicada en la avenida Ramón de Carranza de la capital gaditana, se tramitaron un total de 37 hipotecas relacionadas con la trama urbanística conocida como Obra Nueva, que afecta fundamentalmente a Chiclana y que actualmente investiga la Guardia Civil y un juzgado chiclanero.
La carta que escribió Manuel Lavié antes de morir es estremecedora. Junto a emotivas referencias a su familia y reiteradas peticiones de perdón por su suicidio, el director de la entidad bancaria se declara víctima inocente de la trama urbanística chiclanera, lamenta haber confiado en determinadas personas y se pregunta por qué el personal de riesgo no paró las operaciones hipotecarias antes de la firma ante una notaría de la Bahía gaditana.
En un determinado momento, Manuel Lavié se dirige a los miembros de su familia, a los que explica su desesperación por el caso y la humillación profesional que le puede acarrear, pero aclara su inocencia: "No te preocupes que el responsable sabe y creo que alguien más, lo sabe, estaba entre nosotros". El tiempo verbal empleado por el director parece indicar que no se trata de un actual compañero.
Más adelante, después de acordarse con mucho detalle de varios miembros de su familia, Manuel Lavié se detiene en citar a los compañeros del Banco de Andalucía que le han acompañado durante sus 19 años de trayectoria profesional, en oficinas de Las Cabezas, Chipiona, Trebujena o Cádiz. Habla de ellos, casi uno por uno, destacando sus cualidades, pero incluye una salvedad: "A todos mis compañeros del Banco de Andalucía, a excepción del culpable de mi actuación".
Como ya se conoce, en otra parte de la carta, también muy significativa, Manuel Lavié se confiesa víctima inocente de una trama urbanística, amparada en el "sistema de operaciones instituido en Chiclana y otras localidades de la Bahía". El director deja claro que no se ha beneficiado en nada de estas operaciones fraudulentas, y lamenta haber confiado en determinadas personas: "Jurando por Dios que mi vivienda (una casa que posee en Chiclana) no tiene ningún tipo de vinculación con esta trama que ha venido a arruinar mi vida".
Por lo que respecta a los imputados, de momento se desconoce cuáles son los argumentos que mantienen para su posible defensa y cuál puede ser incluso su vinculación con el caso, ya que se ha decretado el secreto de sumario hasta que concluyan las investigaciones, según ha confirmado a este Diario la Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Chiclana, Xiomara Gutiérrez Alonso.
La titular del Juzgado chiclanero lamenta no poder ofrecer más detalles al respecto, ya que aún está pendiente de las pruebas que pueda aportar la Guardia Civil y de las investigaciones que aún puedan llevar a cabo los agentes de este Cuerpo.
El caso, por no tanto, no está cerrado, ya que las investigaciones siguen su curso, no descartándose incluso que puedan aportarse, a corto plazo, nuevos datos relativos a la operación Obra Nueva.
Lo que sí está confirmado es que la Guardia Civil ha solicitado en las últimas semanas diversa información a la unidad de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Chiclana, dependiente de la Gerencia de Urbanismo.
Fuente: diariodecadiz.es (13/10/07)
En la sucursal de Lavié, ubicada en la avenida Ramón de Carranza de la capital gaditana, se tramitaron un total de 37 hipotecas relacionadas con la trama urbanística conocida como Obra Nueva, que afecta fundamentalmente a Chiclana y que actualmente investiga la Guardia Civil y un juzgado chiclanero.
La carta que escribió Manuel Lavié antes de morir es estremecedora. Junto a emotivas referencias a su familia y reiteradas peticiones de perdón por su suicidio, el director de la entidad bancaria se declara víctima inocente de la trama urbanística chiclanera, lamenta haber confiado en determinadas personas y se pregunta por qué el personal de riesgo no paró las operaciones hipotecarias antes de la firma ante una notaría de la Bahía gaditana.
En un determinado momento, Manuel Lavié se dirige a los miembros de su familia, a los que explica su desesperación por el caso y la humillación profesional que le puede acarrear, pero aclara su inocencia: "No te preocupes que el responsable sabe y creo que alguien más, lo sabe, estaba entre nosotros". El tiempo verbal empleado por el director parece indicar que no se trata de un actual compañero.
Más adelante, después de acordarse con mucho detalle de varios miembros de su familia, Manuel Lavié se detiene en citar a los compañeros del Banco de Andalucía que le han acompañado durante sus 19 años de trayectoria profesional, en oficinas de Las Cabezas, Chipiona, Trebujena o Cádiz. Habla de ellos, casi uno por uno, destacando sus cualidades, pero incluye una salvedad: "A todos mis compañeros del Banco de Andalucía, a excepción del culpable de mi actuación".
Como ya se conoce, en otra parte de la carta, también muy significativa, Manuel Lavié se confiesa víctima inocente de una trama urbanística, amparada en el "sistema de operaciones instituido en Chiclana y otras localidades de la Bahía". El director deja claro que no se ha beneficiado en nada de estas operaciones fraudulentas, y lamenta haber confiado en determinadas personas: "Jurando por Dios que mi vivienda (una casa que posee en Chiclana) no tiene ningún tipo de vinculación con esta trama que ha venido a arruinar mi vida".
Por lo que respecta a los imputados, de momento se desconoce cuáles son los argumentos que mantienen para su posible defensa y cuál puede ser incluso su vinculación con el caso, ya que se ha decretado el secreto de sumario hasta que concluyan las investigaciones, según ha confirmado a este Diario la Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Chiclana, Xiomara Gutiérrez Alonso.
La titular del Juzgado chiclanero lamenta no poder ofrecer más detalles al respecto, ya que aún está pendiente de las pruebas que pueda aportar la Guardia Civil y de las investigaciones que aún puedan llevar a cabo los agentes de este Cuerpo.
El caso, por no tanto, no está cerrado, ya que las investigaciones siguen su curso, no descartándose incluso que puedan aportarse, a corto plazo, nuevos datos relativos a la operación Obra Nueva.
Lo que sí está confirmado es que la Guardia Civil ha solicitado en las últimas semanas diversa información a la unidad de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Chiclana, dependiente de la Gerencia de Urbanismo.
Fuente: diariodecadiz.es (13/10/07)
Los vecinos de Zahora se aferran a posibles cambios en el Plan General para no perder sus casas
La asociación vecinal apoya a la dueña de un chalé que deberá tirar y critica que hay agravio comparativo
El caso pionero en la Audiencia Provincial de Cádiz en cuanto a sentencias que incluyen el derribo de una vivienda ilegal como medida sancionadora, fue el de Aurora B.C., propietaria de un chalé en la pedanía barbateña de Zahora que fue denunciado por encontrarse en suelo no urbanizable
El caso pionero en la Audiencia Provincial de Cádiz en cuanto a sentencias que incluyen el derribo de una vivienda ilegal como medida sancionadora, fue el de Aurora B.C., propietaria de un chalé en la pedanía barbateña de Zahora que fue denunciado por encontrarse en suelo no urbanizable. Aunque en primera instancia la propietaria fue absuelta, la Fiscalía recurrió esta decisión de forma que el máximo órgano judicial de la provincia dictó una sentencia que condenaba a la dueña a un año de prisión, más el derribo de su casa.
El chalé en cuestión fue contruido en 1999 sin ningún tipo de licencia por parte del Consistorio barbateño, aunque la propietaria presentó en los juzgados como parte de su defensa un acuerdo firmado en 2000 por el Ayuntamiento, entonces en manos del Partido Popular, y la Asociación de Vecinos Costa de la Luz de Zahora. Dicho convenio posibilitaba en un futuro una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para recalificar los suelos en los que están levantadas las viviendas irregulares de esta zona. Así lo explica el presidente de la asociación vecinal, José Antonio Mármol, que asegura que «el documento recogía la regularización de todas las edificaciones anteriores al año 2000. De forma que se suspenderían los expedientes y sólo se pagaría el 1 % de la multa por no tener la licencia de obra».
Sin embargo, ahora este acuerdo se encuentra en la vía contenciosa-administrativa, ya que la asociación denunció al anterior alcalde, Juan Manuel De Jesús, por el incumplimiento del documento. Actualmente los afectados esperan la resolución judicial y ven en la aprobación definitiva del citado convenio, el acceso directo a la regularización de sus propiedades. En el caso de la propiedad de la condenada, los magistrados no aceptaron ese convenio precisamente por no haberse producido los cambios en él pactados aludiendo que «no tiene ninguna eficacia normativa por sí mismo».
Pero para Mármol, si la sentencia del contencioso-administrativo fuera favorable a los vecinos, la propietaria de la vivienda en litigio podría tener «un instrumento a su favor». Además, considera que el hecho de que haya una sentencia de demolición «es un agravio comparativo» porque la edificación está rodeada de otras construcciones en las mismas circunstancias, que no han sido denunciadas y que podrían ser legalizadas a medio plazo.
En los actuales planes de la Administración local socialista, se pretende ubicar en la pedanía una oficina técnica que posibilite regularizar la mayor parte del núcleo mediante una modificación del PGOU y un cambio de uso en los terrenos.El representante vecinal piensa que el caso de Aurora B.C. «es una injusticia si las demás se van a legalizar».
Fuente: lavozdigital.es (09/10/07)
El caso pionero en la Audiencia Provincial de Cádiz en cuanto a sentencias que incluyen el derribo de una vivienda ilegal como medida sancionadora, fue el de Aurora B.C., propietaria de un chalé en la pedanía barbateña de Zahora que fue denunciado por encontrarse en suelo no urbanizable
El caso pionero en la Audiencia Provincial de Cádiz en cuanto a sentencias que incluyen el derribo de una vivienda ilegal como medida sancionadora, fue el de Aurora B.C., propietaria de un chalé en la pedanía barbateña de Zahora que fue denunciado por encontrarse en suelo no urbanizable. Aunque en primera instancia la propietaria fue absuelta, la Fiscalía recurrió esta decisión de forma que el máximo órgano judicial de la provincia dictó una sentencia que condenaba a la dueña a un año de prisión, más el derribo de su casa.
El chalé en cuestión fue contruido en 1999 sin ningún tipo de licencia por parte del Consistorio barbateño, aunque la propietaria presentó en los juzgados como parte de su defensa un acuerdo firmado en 2000 por el Ayuntamiento, entonces en manos del Partido Popular, y la Asociación de Vecinos Costa de la Luz de Zahora. Dicho convenio posibilitaba en un futuro una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para recalificar los suelos en los que están levantadas las viviendas irregulares de esta zona. Así lo explica el presidente de la asociación vecinal, José Antonio Mármol, que asegura que «el documento recogía la regularización de todas las edificaciones anteriores al año 2000. De forma que se suspenderían los expedientes y sólo se pagaría el 1 % de la multa por no tener la licencia de obra».
Sin embargo, ahora este acuerdo se encuentra en la vía contenciosa-administrativa, ya que la asociación denunció al anterior alcalde, Juan Manuel De Jesús, por el incumplimiento del documento. Actualmente los afectados esperan la resolución judicial y ven en la aprobación definitiva del citado convenio, el acceso directo a la regularización de sus propiedades. En el caso de la propiedad de la condenada, los magistrados no aceptaron ese convenio precisamente por no haberse producido los cambios en él pactados aludiendo que «no tiene ninguna eficacia normativa por sí mismo».
Pero para Mármol, si la sentencia del contencioso-administrativo fuera favorable a los vecinos, la propietaria de la vivienda en litigio podría tener «un instrumento a su favor». Además, considera que el hecho de que haya una sentencia de demolición «es un agravio comparativo» porque la edificación está rodeada de otras construcciones en las mismas circunstancias, que no han sido denunciadas y que podrían ser legalizadas a medio plazo.
En los actuales planes de la Administración local socialista, se pretende ubicar en la pedanía una oficina técnica que posibilite regularizar la mayor parte del núcleo mediante una modificación del PGOU y un cambio de uso en los terrenos.El representante vecinal piensa que el caso de Aurora B.C. «es una injusticia si las demás se van a legalizar».
Fuente: lavozdigital.es (09/10/07)
La estafa de la Obra Nueva
La trama conocida como Obra Nueva se ha llevado a cabo en varias localidades de la provincia, sobre todo en el término de Chiclana, donde la pericia de los estafadores ha logrado sortear todos los escollos para alcanzar su objetivo. Bancos, notarías, arquitectos e incluso los compradores se ven envueltos en esta red urbanística que ha supuesto graves complicaciones para entidades financieras.
La táctica a seguir en el fraude, aunque quizás con algunas variantes, son las que seguidamente se detallan:
1) La compra del terreno. Un intermediario (el estafador) compra un terreno rústico en contrato privado, por el que pagando sólo una parte del mismo a modo de señal, se hace dueño de la propiedad, quedando el resto del importe de la compra pendiente de pago hasta que se eleve a público ante notario la escritura de compra venta, que no se hará a su nombre, sino al del comprador final.
2) La declaración de Obra Nueva falsa. El mismo intermediario, ya como dueño del terreno, y por supuesto sin existir ninguna construcción, declara ante notario una obra nueva sobre dicho suelo con el único requisito de un certificado falso de un arquitecto técnico (cómplice en la estafa) visado por Colegio de Arquitectos, en el que se certifica que allí existe una vivienda con más de 4 años de antigüedad, consiguiendo así la prescripción de un posible delito por construcción en zona rústica.
3) El comprador. Buscaban un comprador para la parcela y la futura vivienda que se construiría en ella y que estuviera dispuesto a asumir el riesgo de firmar una hipoteca sobre una vivienda que no existía y por un importe elevado como si ésta existiera, ya que un banco no hipoteca un terreno rústico y además si lo hiciera la hipoteca sería muy pequeña.
Hay que indicar que algunos compradores podían incluso no saber exactamente qué estaban firmando y les tranquilizaba el saber que el importe de la hipoteca, siempre deduciendo los gastos y los altos corretajes de estos intermediarios, quedaba ingresado en su cuenta para así poder ir pagando al constructor que les haría su casa.
4) La hipoteca y el tasador. Una vez que tenían el comprador y la nota simple de la vivienda, que no existía, pero que ya estaba inscrita en el Registro de la Propiedad como si existiera, iban a la entidad financiera en busca de la hipoteca, suponiendo el mayor escollo el tasador, ya que este debe comprobar y visitar el inmueble antes de emitir la tasación, requisito indispensable para que el banco conceda el préstamo hipotecario. El tasador tasaba viviendas ya existentes que no se correspondían con las de las notas simples, a sabiendas quizás en algunos casos o porque verdaderamente no eran capaces de identificar exactamente el inmueble en otros, y eran engañados por el intermediario que los acompañaba, enseñándoles viviendas que no eran.
5) La firma de escrituras. Una vez concedida la hipoteca, se firmaba en notaría la escritura de compra venta de una vivienda en vez de un terreno, donde comparecía entonces el vendedor del terreno y el comprador que había pedido la hipoteca, ya que aunque en el contrato privado el propietario del terreno vendía al intermediario a la hora de escriturar lo hacía ya directamente al comprador final, por lo que el intermediario nunca interviene en ninguna escritura pública. En el mismo acto se firma la hipoteca concedida.
6) El reparto del dinero. En este momento, con el dinero de la hipoteca, que puede oscilar entre los 120 mil y los 180 mil euros, los compradores pagan el resto del precio vendedor del terreno, que es poco porque sólo es el terreno, pagan las correspondientes comisiones y corretajes a los intermediarios, pagan los gastos de notaría, impuestos, Registro de la Propiedad, gastos bancarios, etc. y se quedan con el resto del dinero en su cuenta corriente o en efectivo para ir pagando la construcción de su casa.
7) ¿Quién pierde?. El vendedor vende, el comprador compra, el intermediario, el notario, el registrador y hacienda cobran. El único que pierde es el banco, que cobra pero sólo mientras el comprador pague, ya que si no lo hiciera y fueran a embargarle, se encontraría que lo que tienen hipotecado es un solar y no una vivienda como ellos creían.
Fuente: diariodecadiz.es (10/10/07)
La táctica a seguir en el fraude, aunque quizás con algunas variantes, son las que seguidamente se detallan:
1) La compra del terreno. Un intermediario (el estafador) compra un terreno rústico en contrato privado, por el que pagando sólo una parte del mismo a modo de señal, se hace dueño de la propiedad, quedando el resto del importe de la compra pendiente de pago hasta que se eleve a público ante notario la escritura de compra venta, que no se hará a su nombre, sino al del comprador final.
2) La declaración de Obra Nueva falsa. El mismo intermediario, ya como dueño del terreno, y por supuesto sin existir ninguna construcción, declara ante notario una obra nueva sobre dicho suelo con el único requisito de un certificado falso de un arquitecto técnico (cómplice en la estafa) visado por Colegio de Arquitectos, en el que se certifica que allí existe una vivienda con más de 4 años de antigüedad, consiguiendo así la prescripción de un posible delito por construcción en zona rústica.
3) El comprador. Buscaban un comprador para la parcela y la futura vivienda que se construiría en ella y que estuviera dispuesto a asumir el riesgo de firmar una hipoteca sobre una vivienda que no existía y por un importe elevado como si ésta existiera, ya que un banco no hipoteca un terreno rústico y además si lo hiciera la hipoteca sería muy pequeña.
Hay que indicar que algunos compradores podían incluso no saber exactamente qué estaban firmando y les tranquilizaba el saber que el importe de la hipoteca, siempre deduciendo los gastos y los altos corretajes de estos intermediarios, quedaba ingresado en su cuenta para así poder ir pagando al constructor que les haría su casa.
4) La hipoteca y el tasador. Una vez que tenían el comprador y la nota simple de la vivienda, que no existía, pero que ya estaba inscrita en el Registro de la Propiedad como si existiera, iban a la entidad financiera en busca de la hipoteca, suponiendo el mayor escollo el tasador, ya que este debe comprobar y visitar el inmueble antes de emitir la tasación, requisito indispensable para que el banco conceda el préstamo hipotecario. El tasador tasaba viviendas ya existentes que no se correspondían con las de las notas simples, a sabiendas quizás en algunos casos o porque verdaderamente no eran capaces de identificar exactamente el inmueble en otros, y eran engañados por el intermediario que los acompañaba, enseñándoles viviendas que no eran.
5) La firma de escrituras. Una vez concedida la hipoteca, se firmaba en notaría la escritura de compra venta de una vivienda en vez de un terreno, donde comparecía entonces el vendedor del terreno y el comprador que había pedido la hipoteca, ya que aunque en el contrato privado el propietario del terreno vendía al intermediario a la hora de escriturar lo hacía ya directamente al comprador final, por lo que el intermediario nunca interviene en ninguna escritura pública. En el mismo acto se firma la hipoteca concedida.
6) El reparto del dinero. En este momento, con el dinero de la hipoteca, que puede oscilar entre los 120 mil y los 180 mil euros, los compradores pagan el resto del precio vendedor del terreno, que es poco porque sólo es el terreno, pagan las correspondientes comisiones y corretajes a los intermediarios, pagan los gastos de notaría, impuestos, Registro de la Propiedad, gastos bancarios, etc. y se quedan con el resto del dinero en su cuenta corriente o en efectivo para ir pagando la construcción de su casa.
7) ¿Quién pierde?. El vendedor vende, el comprador compra, el intermediario, el notario, el registrador y hacienda cobran. El único que pierde es el banco, que cobra pero sólo mientras el comprador pague, ya que si no lo hiciera y fueran a embargarle, se encontraría que lo que tienen hipotecado es un solar y no una vivienda como ellos creían.
Fuente: diariodecadiz.es (10/10/07)
La Fiscalía revisa los casos de demolición de viviendas ilegales para garantizar su ejecución
Desde que la Audiencia comenzara a incluir los derribos en sus sentencias, ya hay 20 órdenes dictadas
Los jueces están concediendo a los dueños condenados un plazo de seis meses para cumplir el fallo
La Fiscalía de Medio Ambiente acaba de recabar todos los expedientes de demolición de viviendas ilegales que hay en curso tras ser sus propietarios condenados por sentencia. El fin de esta labor es constatar en qué estado de tramitación se encuentran para agilizar en la medida de lo posible que esos derribos se ejecuten. Además, el Ministerio Fiscal pretende que el proceso no se dilate en exceso y se pierda la función de concienciación que tienen estos fallos judiciales.
Desde que las secciones de la Audiencia Provincial en Cádiz cambiarán el criterio, en cuanto a la conveniencia de incluir en sus sentencias la obligación de derribar la construcción ilegal y no limitarse a penas mínimas de cárcel que, rara vez, se ejecutan, existen ya 20 órdenes, de las cuales 12 son firme y no cabe recurso alguno por parte de los procesados. La mayoría afecta a viviendas situadas en zonas como Zahora, El Palmar y Chiclana.
Ese giro en la interpretación de las penas que deben ir aparejadas al delito contra la ordenación del territorio, fue asumida, en primer lugar, por las secciones de la capital. El primer fallo que supuso un antes y un después en la lucha contra el urbanismo fuera de control se produjo en el mes de enero. Una vecina de Zahora era condenada a un año de prisión y a la demolición de su vivienda después de que en primera instancia hubiera sido absuelta.
Argumentos inválidos
Los argumentos que hasta entonces habían servido para librar a estos dueños de asumir responsabilidades legales, como el daño ya consumado en el suelo y que hacían innecesario el derribo de lo edificado, fueron rechazados por completo por la Sección Primera de la Audiencia, que abrió de esa forma una vía para demoler unas construcciones, antes de que una revisión de los planeamientos urbanos las legalicen, como va ocurrir con miles de propiedades en Chiclana.
Desde entonces, la Fiscalía ha explotado esta vía para lograr que se incluyan la destrucción de estas propiedades en las condenas. Según confirmaba a este medio el fiscal delegado de Medio Ambiente, Ángel Núñez, tras recabar el estado de ejecución de las doce sentencias firmes que conllevan demoliciones, ha constatado que ningún expediente está paralizado sino en trámite, y en algunos casos existe hasta proyectos de derribo.
La ejecución de estos fallos judiciales requieren de un laborioso proceso, dado que destruir una construcción necesita de una serie de trámites y permisos para hacerlo con las medidas de seguridad pertinentes y con autorización municipal. Por eso, los jueces están concediendo a los propietarios condenados un plazo de seis meses para que lleven a efecto lo que dictan las sentencias.
Durante ese semestre, los procesados tienen que obtener una licencia del ayuntamiento competente y presentar un proyecto de cómo se va a llevar a cabo la demolición. En el caso de que expire el plazo fijado de medio año, y el condenado no haya jecutado el derribo, serán las administraciones locales las que lo realicen de manera subsidiaria. «Aunque, por ahora, todos los expedientes están dentro del plazo dispuesto».
Decenas por semana
Pero las 20 órdenes dictadas –ocho de ellas pendientes de la resolución de los recursos presentados por los dueños para impedir que se confirme la destrucción de sus propiedades– son sólo el principio de una sucesión de decisiones judiciales que tiene muchas probabilidades de concluir con nuevas sentencias que incluyan la demolición. Fuentes oficiales del Ministerio Fiscal han confirmado que se están tramitando denuncias contra propietarios de viviendas ilegales por «decenas y cada semana». Además, hay que sumar algunos fallos en primera instancia que absuelven al propietario, pero que la Fiscalía, en todos los casos, los han recurrido para que sea la Audiencia la que dicte la demolición.
Pese a la nueva postura adoptada por el máximo órgano judicial de la provincia, la unificación de criterios de los magistrados para que todos hicieran uso de su potestad para ordenar un derribo en los casos demostrados de violación de la ordenación vigente, no se alcanzó hasta antes del verano.
Juzgados reticentes
Un pleno de los magistrados de todas las secciones acordó la aplicación de esta medida sancionadora y acabar con la disparidad de criterios que hasta entonces había, sobre todo entre las sentencias dictadas en Algeciras y la capital. La propia Fiscalía reconocía que en la ciudad del Campo de Gibraltar mantenían el viejo criterio, que era no ordenar la demolición, lo que les llevaba a presentar constantes recursos. Pero ese escollo ya salvado, no es el único que había. El fiscal Ángel Núñez explica que hay juzgados de lo Penal que «siguen sin imponer esa pena», sobre todo en el nº 1 de Cádiz; lo que obliga a alargar el proceso judicial, dado que la Fiscalía advierte que siempre presentará recursos.
Nuevas competencias
La revisión que está realizando personalmente Ángel Núñez se produce después de que haya asumido la supervisión de las ejecuciones de los fallos relacionados con sus áreas. En la Fiscalía de Cádiz hay un fiscal que se encarga de vigilar cómo se llevan a efecto las sentencias dictadas. Pero en el caso de Medio Ambiente, Núñez solicitó ser él quien asumiera esa competencia en las materias que él tutela. De esta manera, se garantiza una mejor eficacia en la tramitación procesal y ejecución de las causas de urbanismo y medio ambiente
Fuente: lavozdigital (09/10/07)
Los jueces están concediendo a los dueños condenados un plazo de seis meses para cumplir el fallo
La Fiscalía de Medio Ambiente acaba de recabar todos los expedientes de demolición de viviendas ilegales que hay en curso tras ser sus propietarios condenados por sentencia. El fin de esta labor es constatar en qué estado de tramitación se encuentran para agilizar en la medida de lo posible que esos derribos se ejecuten. Además, el Ministerio Fiscal pretende que el proceso no se dilate en exceso y se pierda la función de concienciación que tienen estos fallos judiciales.
Desde que las secciones de la Audiencia Provincial en Cádiz cambiarán el criterio, en cuanto a la conveniencia de incluir en sus sentencias la obligación de derribar la construcción ilegal y no limitarse a penas mínimas de cárcel que, rara vez, se ejecutan, existen ya 20 órdenes, de las cuales 12 son firme y no cabe recurso alguno por parte de los procesados. La mayoría afecta a viviendas situadas en zonas como Zahora, El Palmar y Chiclana.
Ese giro en la interpretación de las penas que deben ir aparejadas al delito contra la ordenación del territorio, fue asumida, en primer lugar, por las secciones de la capital. El primer fallo que supuso un antes y un después en la lucha contra el urbanismo fuera de control se produjo en el mes de enero. Una vecina de Zahora era condenada a un año de prisión y a la demolición de su vivienda después de que en primera instancia hubiera sido absuelta.
Argumentos inválidos
Los argumentos que hasta entonces habían servido para librar a estos dueños de asumir responsabilidades legales, como el daño ya consumado en el suelo y que hacían innecesario el derribo de lo edificado, fueron rechazados por completo por la Sección Primera de la Audiencia, que abrió de esa forma una vía para demoler unas construcciones, antes de que una revisión de los planeamientos urbanos las legalicen, como va ocurrir con miles de propiedades en Chiclana.
Desde entonces, la Fiscalía ha explotado esta vía para lograr que se incluyan la destrucción de estas propiedades en las condenas. Según confirmaba a este medio el fiscal delegado de Medio Ambiente, Ángel Núñez, tras recabar el estado de ejecución de las doce sentencias firmes que conllevan demoliciones, ha constatado que ningún expediente está paralizado sino en trámite, y en algunos casos existe hasta proyectos de derribo.
La ejecución de estos fallos judiciales requieren de un laborioso proceso, dado que destruir una construcción necesita de una serie de trámites y permisos para hacerlo con las medidas de seguridad pertinentes y con autorización municipal. Por eso, los jueces están concediendo a los propietarios condenados un plazo de seis meses para que lleven a efecto lo que dictan las sentencias.
Durante ese semestre, los procesados tienen que obtener una licencia del ayuntamiento competente y presentar un proyecto de cómo se va a llevar a cabo la demolición. En el caso de que expire el plazo fijado de medio año, y el condenado no haya jecutado el derribo, serán las administraciones locales las que lo realicen de manera subsidiaria. «Aunque, por ahora, todos los expedientes están dentro del plazo dispuesto».
Decenas por semana
Pero las 20 órdenes dictadas –ocho de ellas pendientes de la resolución de los recursos presentados por los dueños para impedir que se confirme la destrucción de sus propiedades– son sólo el principio de una sucesión de decisiones judiciales que tiene muchas probabilidades de concluir con nuevas sentencias que incluyan la demolición. Fuentes oficiales del Ministerio Fiscal han confirmado que se están tramitando denuncias contra propietarios de viviendas ilegales por «decenas y cada semana». Además, hay que sumar algunos fallos en primera instancia que absuelven al propietario, pero que la Fiscalía, en todos los casos, los han recurrido para que sea la Audiencia la que dicte la demolición.
Pese a la nueva postura adoptada por el máximo órgano judicial de la provincia, la unificación de criterios de los magistrados para que todos hicieran uso de su potestad para ordenar un derribo en los casos demostrados de violación de la ordenación vigente, no se alcanzó hasta antes del verano.
Juzgados reticentes
Un pleno de los magistrados de todas las secciones acordó la aplicación de esta medida sancionadora y acabar con la disparidad de criterios que hasta entonces había, sobre todo entre las sentencias dictadas en Algeciras y la capital. La propia Fiscalía reconocía que en la ciudad del Campo de Gibraltar mantenían el viejo criterio, que era no ordenar la demolición, lo que les llevaba a presentar constantes recursos. Pero ese escollo ya salvado, no es el único que había. El fiscal Ángel Núñez explica que hay juzgados de lo Penal que «siguen sin imponer esa pena», sobre todo en el nº 1 de Cádiz; lo que obliga a alargar el proceso judicial, dado que la Fiscalía advierte que siempre presentará recursos.
Nuevas competencias
La revisión que está realizando personalmente Ángel Núñez se produce después de que haya asumido la supervisión de las ejecuciones de los fallos relacionados con sus áreas. En la Fiscalía de Cádiz hay un fiscal que se encarga de vigilar cómo se llevan a efecto las sentencias dictadas. Pero en el caso de Medio Ambiente, Núñez solicitó ser él quien asumiera esa competencia en las materias que él tutela. De esta manera, se garantiza una mejor eficacia en la tramitación procesal y ejecución de las causas de urbanismo y medio ambiente
Fuente: lavozdigital (09/10/07)
domingo, 7 de octubre de 2007
Don Piso ajusta plantilla - Uno de sus cierres ha sido en la c/Real en San Fernando
Don Piso, una de las empresas líderes del sector de la comercialización inmobiliaria en españa, ha decidido aplicar un "plan de contingencia para recortar costes" explicó el responsable de franquicias de la compañía, emiliano bermúdez.
El ajuste ha supuesto el cierre de 26 oficinas de su red comercial, recorte de plantilla y un descenso de la inversión publicitaria. bermúdez considera que la demanda de pisos ha caído un 75% y el gran culpable de este descenso son los bancos y cajas que "ya no dan hipotecas al 100% del valor más los costes de la compra y ahora sólo dan hipotecas por el 80% del valor del inmueble". este cambio de tendencia "ha echado del mercado a muchos inmigrantes que necesitan casa", explicó
Fuente: el economista, sábado 29 sep 07
El ajuste ha supuesto el cierre de 26 oficinas de su red comercial, recorte de plantilla y un descenso de la inversión publicitaria. bermúdez considera que la demanda de pisos ha caído un 75% y el gran culpable de este descenso son los bancos y cajas que "ya no dan hipotecas al 100% del valor más los costes de la compra y ahora sólo dan hipotecas por el 80% del valor del inmueble". este cambio de tendencia "ha echado del mercado a muchos inmigrantes que necesitan casa", explicó
Fuente: el economista, sábado 29 sep 07
El suelo baja de las nubes
Las grandes empresas están vendiendo suelo para tener liquidez, hacer frente al endeudamiento y mejorar resultados. pero mientras aumenta la oferta, la demanda se retrae porque hay incertidumbres para elegir: la situación post electoral de muchos ayuntamientos, la crisis financiera mundial y el alicaído mercado residencial. el profesor gonzalo bernardos apunta que la reducción del ritmo de comercialización de viviendas les impedirá obtener liquidez para invertir en solares. también añade que "para los especuladores aumenta el riesgo y se reduce la plusvalía. la tendencia alcista dará paso a la bajista"
Fuente: el país, viernes 5 oct 07
Fuente: el país, viernes 5 oct 07
El mercado de la vivienda está al inicio de un nuevo ciclo parecido al de 1990
El mercado de la vivienda se encuentra al inicio de un nuevo ciclo, que será muy parecido al que se produjo entre los años 1990 y 1994, cuando comenzó la llamada ‘guerra de las hipotecas’ con el endurecimiento de las condiciones financieras
Según aseguró ayer el decano presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad de España, Eugenio Rodríguez, durante la inauguración del 'Simposium Registral sobre presentación telemática' en Palma de Mallorca.
Eugenio Rodríguez quiso también referirse al mercado del alquiler, que pretende reactivar el Gobierno en el tramo final de la legislatura, y recalcó que el problema en este segmento ‘no es la demanda, sino la oferta’. En este sentido, se alineó con las tesis del Ejecutivo y defendió la necesidad de sacar más viviendas al mercado de alquiler español.
Los dos grandes problemas existentes en torno a la oferta de viviendas en alquiler vienen dados por el miedo de los propietarios a casos de impago de rentas y al deterioro de los inmuebles, por lo que apostó por acelerar los procesos de desahucio y crear un sistema de seguros de reparación
Fuente: urbanoticias.com (05/10/07)
Un informe constata el parón inmobiliario
Según el informe trimestral sobre la evolución del mercado inmobiliario elaborado por la consultora inmobiliaria Salvago, la capital gaditana aumentó los precios un 1,40 por ciento, tras la bajada del 1,91 registrada en el trimestre anterior. De esta forma, una vivienda tipo de 92,3 metros cuadrados alcanzaría un precio de 244.460 euros y una repercusión de 2.648 euros por cada metro cuadrado construido y de 3.239 por cada metro útil. El segundo trimestre del año anterior acabó con el precio del metro construido en 2.612 euros.
Pese a la contención -el informe habla de "ralentización del mercado"- el aumento de precios en un año se mantiene en un 16,90 por ciento, el más alto de las capitales de provincia andaluzas, ya que en septiembre del año pasado el precio del metro cuadrado construido era de 2.265 euros.
Salvago recuerda que el de Cádiz es un caso peculiar ya que, "como es conocido, tiene una escasa oferta de viviendas por tener casi todo el suelo municipal urbanizado".
Del resto de localidades de la Bahía, destaca San Fernando por liderar las bajadas en el último trimestre de todas las ciudades de la provincia estudiadas. Así, la población vecina ha visto reducirse sus precios en un 5,04 por ciento durante el último trimestre, algo que no ha evitado que el balance de los últimos doce meses sea positivo y muy elevado (un 21,81 por ciento). El precio del metro cuadrado sería ahora de 2.314 euros. En El Puerto, los precios se redujeron un 2,95 por ciento durante el trimestre y durante los últimos doce meses apenas aumentaron, tan sólo un 0,56 por ciento. El precio del metro cuadrado construido sería de 2.686 euros. Por su lado, en Puerto Real se ha detectado un 0,95 por ciento de bajada en el último trimestre y un 13,43 de aumento en el periodo de un año. El precio se sitúa en 2.578 euros por metro construido.
Fuente: diariodecadiz.es (03/10/07)
Pese a la contención -el informe habla de "ralentización del mercado"- el aumento de precios en un año se mantiene en un 16,90 por ciento, el más alto de las capitales de provincia andaluzas, ya que en septiembre del año pasado el precio del metro cuadrado construido era de 2.265 euros.
Salvago recuerda que el de Cádiz es un caso peculiar ya que, "como es conocido, tiene una escasa oferta de viviendas por tener casi todo el suelo municipal urbanizado".
Del resto de localidades de la Bahía, destaca San Fernando por liderar las bajadas en el último trimestre de todas las ciudades de la provincia estudiadas. Así, la población vecina ha visto reducirse sus precios en un 5,04 por ciento durante el último trimestre, algo que no ha evitado que el balance de los últimos doce meses sea positivo y muy elevado (un 21,81 por ciento). El precio del metro cuadrado sería ahora de 2.314 euros. En El Puerto, los precios se redujeron un 2,95 por ciento durante el trimestre y durante los últimos doce meses apenas aumentaron, tan sólo un 0,56 por ciento. El precio del metro cuadrado construido sería de 2.686 euros. Por su lado, en Puerto Real se ha detectado un 0,95 por ciento de bajada en el último trimestre y un 13,43 de aumento en el periodo de un año. El precio se sitúa en 2.578 euros por metro construido.
Fuente: diariodecadiz.es (03/10/07)
Los juzgados de alquiler no solucionarán el problema de los desahucios
El secretario general de la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, Mario Navarro, valoró de forma positiva la medida aprobada hoy por el Consejo de Ministros para la creación de 10 juzgados especiales para agilizar los desahucios, pero indicó que no son suficientes para eliminar el problema de ‘los largos plazos’ que deben esperar los afectados para una sentencia firme.
‘Esta medida es muy voluntariosa y desde aquí la apoyamos, pero esos juzgados van a ser insuficientes porque el problema no está en la Ley de Arrendamientos, sino en la de Enjuiciamiento Civil; y no va a ser suficiente puesto la intervención de un abogado y un procurador va a alargar los plazos y va a suponer un coste que seguirá girando en torno a los 1500 euros’.
Mario Navarro afirmó que ‘la solución positiva’ pasa por conseguir un desahucio rápido, y recordó que esto se obtiene a través de la Corte de Arbitraje.
Sobre la situación actual del mercado del alquiler en España, desde la Corte de Arbitraje señalaron que ‘el 'boom' inmobiliario se ha acabado y la gente joven no va a tirar hacia la hipoteca, sino que va a demandar vivienda de alquiler’.
Si no se soluciona ‘el auténtico problema del propietario, que es la seguridad jurídica’, esto puede ocasionar que, debido a la gran demanda existente, ‘haya una subida de precios de los pisos en alquiler’. ‘Hay que incentivar en la misma proporción la oferta de vivienda de alquiler y la demanda’, concluyó
Fuente: urbanoticias.com (03/10/07)
El Gobierno aprueba la creación de los 10 primeros juzgados destinados a agilizar los desahucios
Para el desalojo de los morosos 'sistemáticos y profesionales'.
El Ejecutivo aún no ha determinado en qué provincias se ubicarán, según anunció la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Así, entre las medidas destinadas a garantizar una mayor seguridad a los propietarios, Carmen Chacón presentó una propuesta para reformar "lo antes posible" la legislación procesal. De esta forma, se pretende la utilización de juicios rápidos para la reclamación de deudas, así como la reducción de dos meses a quince días el plazo disponible por el inquilino para pagar la deuda desde el requerimiento del pago. Además, esta reforma persigue que la incomparecencia del inquilino equivalga a la aceptación del desahucio y no retrase el proceso.
Por el lado de la demanda, Carmen Chacón señaló que el Gobierno ha aprobado la tramitación del real decreto relativo a las ayudas directas de 210 euros para jóvenes de entre 22 y 30 años. Asimismo, confirmó la inclusión de las deducciones por alquiler en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008.
No obstante, matizó que los jóvenes que quieran acceder a las ayudas directas deberán acreditar 6 meses de actividad laboral previa a la solicitud o la previsión de otros seis meses después de la misma, e hizo hincapié en que estas ayudas serán incompatibles con las recogidas en el Plan Nacional en vigor.
Fuente: urbaniza.com (01/10/07)
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