Fiscalía pide penas de cárcel por falsificar documentos de casas ilegales

Se trata de dos procedimientos contra profesionales de la construcción que hicieron uso de certificados falsos para legalizar viviendas levantadas en Chiclana fuera de la ley

Mª Ángeles G. U. (promotora de Novo Chiclana SL): El fiscal pide para ella cuatro años y medio de cárcel por un delito de falsedad y otro contra la ordenación del territorio.José O. G. (constructor): Dos años por su supuesta autoría en delito contra la ordenación del territorio.Francisco Carlos T. S. (arquitecto técnico): Cuatro años entre las dos causas por dos delitos de falsedad documental.Manuel H. G. (promotor de Construcciones Pilema SL): Dos años y medio por falsificación de documento oficial.Diego G. G. (ingeniero técnico industrial): Dos años y medio por falsificación de documento oficial.Francisco Jesús F. R. (promotor): Nueve años y medio por un delito continuado de estafa y otro de falsedad.Manuel M. B. (promotor): Tres años y cuatro meses por delito contra la ordenación del territorio, falsedad documental y desobediencia.Damián G. T. (promotor): El fiscal pide la misma pena que para Manuel M. B. por los mismos delitos.

El uso de certificados y documentos falsificados para inscribir en el Registro de la Propiedad viviendas ilegales y darle así la apariencia suficiente para comercializar con ellas, sin levantar sospechas en los futuros compradores, es una práctica consolidada y extendida en el municipio de Chiclana. Así lo ha vuelto a poner de manifiesto la Fiscalía de Cádiz, que divulgó ayer sendos escritos de acusación en dos causas diferentes por delitos contra la ordenación del territorio.

Ambos casos presentan el mismo modus operandi que la operación Obra Nueva y además comparten a uno de los acusados, Francisco Carlos T. S., un arquitecto técnico que supuestamente certificó la antigüedad de unas viviendas que en realidad no existían. Por eso, el Ministerio Público pide para él cuatro años en total en los dos procedimientos.En una de las dos causas, la Fiscalía dirige su acusación contra seis personas, todas ellas relacionadas con el sector de la construcción. Se trata de tres promotores, un arquitecto técnico, un ingeniero técnico industrial y un constructor. En el escrito del fiscal, éste relata como en diciembre de 2002 la propietaria de un «terreno baldío, sin edificación ni vallado alguno» y situado en el Camino de los Viñedos, dentro del Pago Melilla, en Chiclana, lo vendió a la empresa Construcciones Pilema SL, cuyo representante Manuel H. G. aparece como uno de los seis acusados.

En julio del año siguiente, este promotor realizó una escritura pública de obra nueva, división horizontal y compraventa que serviría de base para vender este terreno a otra empresa del ramo, Novo Chiclana SL El Ministerio Público asegura que Manuel H. G. se puso de acuerdo con la representante de la firma compradora, María de los Ángeles G. U., para que el arquitecto técnico Francisco Carlos T. S. les certificara una serie de características que presentaba la propiedad y que no eran ciertas: que se trataba de una parcela de 1.300 metros cuadrados, cuando en realidad tenía 1.900 metros cuadrados; o que había una construcción con cinco años de antigüedad destinada a vivienda y que procedían a hacer una división horizontal del inmueble que daban como resultado dos departamentos. Además, prosigue el fiscal, con el terreno que sobraba ejecutaron otra escritura en la que uno de los acusados, Francisco F. G. (promotor también de profesión), compraba lo que se supone que era un simple trozo de tierra.

El engaño

Con la documentación falsificada en su poder, la acusada María de los Ángeles G. U. comenzó la construcción de tres viviendas en la parcela con la ayuda del constructor imputado, José O. G. Estos trabajos carecían de licencia municipal al hacerse sobre suelo no urbanizable. Y fueron descubiertos por los inspectores de la Gerencia de Urbanismo de Chiclana, que ordenó la paralización y precinto de las obras en octubre de 2003 (la propietaria de la finca tenía ya consigo una escritura en la que se decía que en esa parcela había un inmueble con una división horizontal en dos departamentos). Pero como es habitual en este tipo de procedimientos administrativos, los responsables de la construcción violaron la orden municipal y prosiguieron con la edificación.La misma certificación ficticia se hizo para construir en el terreno restante, que en su día fue escriturado como un simple trozo de tierra. En este caso, un ingeniero técnico industrial, Diego G. G., quien también está acusado en esta causa, acreditó que había una casa de una sola planta que había sido levantada en 1997 ó 1998, cuando la vivienda que en realidad existía era una de las tres que acababan de construirse. De esta manera, el promotor propietario del suelo Francisco Jesús F. R. obtuvo la escritura de obra nueva.

Las víctimas
En este caso hay víctimas: tres parejas que compraron a la empresa Novo Chiclana SL las tres viviendas aparentemente legales, con una antigüedad que eludía las infracciones urbanísticas y que hicieron a los compradores picar en el azuelo. Entregaron entre 80.000 y 95.000 euros en abril de 2004 por unas casas fuera de la ley.Ahora el fiscal no sólo pide penas de cárcel para los seis imputados sino también indemnizaciones para los compradores, que recibirán, en caso de ser atendida por el tribunal la petición del fiscal, el dinero que invirtieron más los intereses legales.

Desobediencia

En el segundo procedimiento cuyo escrito de acusación del Ministerio Fiscal fue también difundido ayer, el arquitecto técnico Francisco Carlos T. S. aparece nuevamente imputado por haber falsificado supuestamente un certificado que acreditaba una antigüedad de ocho años de una vivienda que no existía. En realidad, en esa misma parcela habían sido levantadas dos unifamiliares, cuya construcción se inició en 2004. Un año antes los otros dos acusados en este procedimiento, Manuel M. B. y Damián G. T. habían firmado una escritura ante notario en la que se hacía constar que en su terreno había una vivienda de 190 metros cuadrados, que databa de 1995. Para ello presentaron el certificado falso del arquitecto técnico que avalaba en apariencia la legalidad del trámite.Estos inmuebles ilegales se encuentran también en el Pago Melilla de Chiclana, pero en el Camino de los Alvaritos. Y al igual que en la otra causa, los promotores y constructores de los chalés hicieron caso omiso a la orden de paralización de las obras, que se emitió en mayo de 2004, cuando la Gerencia de Urbanismo detectó las edificaciones en una parcela calificada como suelo no urbanizable protegido de interés agrícola.Por ello, el fiscal solicita penas que oscilan del año y medio a los tres años y cuatro meses para los tres acusados.

Fuente: lavozdigital.es (10/08/07)