B) Es difícil controlar el fraude en el sector inmobiliario por su ‘importante nivel de opacidad’

El director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Luis Pedroche, reconoció que es ‘difícil’ controlar el fraude en el sector inmobiliario por su ‘importante nivel de opacidad’, si bien señaló que desde Hacienda se están tomando medidas para obtener información desde el mismo momento en que se inicia la gestión urbanística de los inmuebles.

Pedroche, que participó en unas jornadas organizadas por la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios, subrayó que, como las grandes plusvalías no se producen en el momento de entrega de un inmueble, sino en las sucesivas y diferentes trasmisiones del mismo, la Agencia está efectuando ‘un acopio de información’ sobre los más importantes desarrollos urbanísticos.

En este sentido, explicó que la AEAT está pidiendo información a los Ayuntamientos sobre aquellos convenios urbanísticos singulares que hayan podido suscribir, al Colegio de Arquitectos sobre todo los proyectos presentados y visados, y a las Juntas de Compensación.

A través de esa información, señaló Pedroche, se ha logrado diseñar una estrategia integral para efectuar un seguimiento sobre la línea de personas y entidades que están relacionadas con el inmueble, evitando así lo sucedido en el pasado, cuando sólo se obtenían datos aislados.

Según los datos que proporcionó Pedroche, la Agencia Tributaria controla actualmente 103 millones de bienes inmuebles. De todos ellos tiene el historial desde que fueron inscritos en los registros públicos (el de la Propiedad o el del Catastro), lo que permite a la Hacienda Pública realizar un seguimiento de los mismos y de sus trasmisiones.

El control en el sector inmobiliario, donde existen importantes ‘bolsas de fraude’, es precisamente uno de los objetivos de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal que ha puesto en marcha el Gobierno, y que ha venido a reforzar los distintos planes que se están aplicando anualmente con el mismo fin.

Esta norma persigue mejorar el control sobre las trasmisiones de bienes inmuebles, así como de los arrendamientos, estableciendo la obligatoriedad de incluir en las escrituras públicas los medios de pago utilizados en la compra de un inmueble y el NIF de los que intervienen para poder inscribirla en el registro de la propiedad.

Asimismo, y según subrayó Pedroche, a partir del 1 de enero de 2007 todos los nuevos contratos de suministro energético tendrán que consignar la referencia catastral del inmueble, mientras que en los contratos ya suscritos existirá un régimen transitorio de seis meses para que puedan incluir esta información.

En este sentido, Pedroche apuntó que la Agencia Tributaria está trabajando con las compañías suministradoras de energía para facilitarles todas aquellas referencias catastrales que puedan proporcionar. En los casos en los que no están disponibles, se está intentando buscar una solución adecuada.

En las mismas jornadas, que proseguirán mañana, el director general de Tributos, José Manuel de Bunes, también se refirió a los problemas del sector inmobiliario y a los mecanismos previstos en la Ley de Prevención para combatir el fraude en este mercado.

En su opinión, esta ley no impedirá que se den casos como el de Marbella, pero sí contribuirá a dificultar su aparición. Para De Bunes, el problema del fraude inmobiliario reside en que se trata de un mercado con ‘muchas aristas’.

Fuente: urbaniza.com (17/11/06)