Los vecinos de Zahora se aferran a posibles cambios en el Plan General para no perder sus casas

La asociación vecinal apoya a la dueña de un chalé que deberá tirar y critica que hay agravio comparativo

El caso pionero en la Audiencia Provincial de Cádiz en cuanto a sentencias que incluyen el derribo de una vivienda ilegal como medida sancionadora, fue el de Aurora B.C., propietaria de un chalé en la pedanía barbateña de Zahora que fue denunciado por encontrarse en suelo no urbanizable

El caso pionero en la Audiencia Provincial de Cádiz en cuanto a sentencias que incluyen el derribo de una vivienda ilegal como medida sancionadora, fue el de Aurora B.C., propietaria de un chalé en la pedanía barbateña de Zahora que fue denunciado por encontrarse en suelo no urbanizable. Aunque en primera instancia la propietaria fue absuelta, la Fiscalía recurrió esta decisión de forma que el máximo órgano judicial de la provincia dictó una sentencia que condenaba a la dueña a un año de prisión, más el derribo de su casa.

El chalé en cuestión fue contruido en 1999 sin ningún tipo de licencia por parte del Consistorio barbateño, aunque la propietaria presentó en los juzgados como parte de su defensa un acuerdo firmado en 2000 por el Ayuntamiento, entonces en manos del Partido Popular, y la Asociación de Vecinos Costa de la Luz de Zahora. Dicho convenio posibilitaba en un futuro una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para recalificar los suelos en los que están levantadas las viviendas irregulares de esta zona. Así lo explica el presidente de la asociación vecinal, José Antonio Mármol, que asegura que «el documento recogía la regularización de todas las edificaciones anteriores al año 2000. De forma que se suspenderían los expedientes y sólo se pagaría el 1 % de la multa por no tener la licencia de obra».

Sin embargo, ahora este acuerdo se encuentra en la vía contenciosa-administrativa, ya que la asociación denunció al anterior alcalde, Juan Manuel De Jesús, por el incumplimiento del documento. Actualmente los afectados esperan la resolución judicial y ven en la aprobación definitiva del citado convenio, el acceso directo a la regularización de sus propiedades. En el caso de la propiedad de la condenada, los magistrados no aceptaron ese convenio precisamente por no haberse producido los cambios en él pactados aludiendo que «no tiene ninguna eficacia normativa por sí mismo».

Pero para Mármol, si la sentencia del contencioso-administrativo fuera favorable a los vecinos, la propietaria de la vivienda en litigio podría tener «un instrumento a su favor». Además, considera que el hecho de que haya una sentencia de demolición «es un agravio comparativo» porque la edificación está rodeada de otras construcciones en las mismas circunstancias, que no han sido denunciadas y que podrían ser legalizadas a medio plazo.

En los actuales planes de la Administración local socialista, se pretende ubicar en la pedanía una oficina técnica que posibilite regularizar la mayor parte del núcleo mediante una modificación del PGOU y un cambio de uso en los terrenos.El representante vecinal piensa que el caso de Aurora B.C. «es una injusticia si las demás se van a legalizar».

Fuente: lavozdigital.es (09/10/07)