La Fiscalía revisa los casos de demolición de viviendas ilegales para garantizar su ejecución

Desde que la Audiencia comenzara a incluir los derribos en sus sentencias, ya hay 20 órdenes dictadas

Los jueces están concediendo a los dueños condenados un plazo de seis meses para cumplir el fallo

La Fiscalía de Medio Ambiente acaba de recabar todos los expedientes de demolición de viviendas ilegales que hay en curso tras ser sus propietarios condenados por sentencia. El fin de esta labor es constatar en qué estado de tramitación se encuentran para agilizar en la medida de lo posible que esos derribos se ejecuten. Además, el Ministerio Fiscal pretende que el proceso no se dilate en exceso y se pierda la función de concienciación que tienen estos fallos judiciales.
Desde que las secciones de la Audiencia Provincial en Cádiz cambiarán el criterio, en cuanto a la conveniencia de incluir en sus sentencias la obligación de derribar la construcción ilegal y no limitarse a penas mínimas de cárcel que, rara vez, se ejecutan, existen ya 20 órdenes, de las cuales 12 son firme y no cabe recurso alguno por parte de los procesados. La mayoría afecta a viviendas situadas en zonas como Zahora, El Palmar y Chiclana.

Ese giro en la interpretación de las penas que deben ir aparejadas al delito contra la ordenación del territorio, fue asumida, en primer lugar, por las secciones de la capital. El primer fallo que supuso un antes y un después en la lucha contra el urbanismo fuera de control se produjo en el mes de enero. Una vecina de Zahora era condenada a un año de prisión y a la demolición de su vivienda después de que en primera instancia hubiera sido absuelta.

Argumentos inválidos

Los argumentos que hasta entonces habían servido para librar a estos dueños de asumir responsabilidades legales, como el daño ya consumado en el suelo y que hacían innecesario el derribo de lo edificado, fueron rechazados por completo por la Sección Primera de la Audiencia, que abrió de esa forma una vía para demoler unas construcciones, antes de que una revisión de los planeamientos urbanos las legalicen, como va ocurrir con miles de propiedades en Chiclana.
Desde entonces, la Fiscalía ha explotado esta vía para lograr que se incluyan la destrucción de estas propiedades en las condenas. Según confirmaba a este medio el fiscal delegado de Medio Ambiente, Ángel Núñez, tras recabar el estado de ejecución de las doce sentencias firmes que conllevan demoliciones, ha constatado que ningún expediente está paralizado sino en trámite, y en algunos casos existe hasta proyectos de derribo.

La ejecución de estos fallos judiciales requieren de un laborioso proceso, dado que destruir una construcción necesita de una serie de trámites y permisos para hacerlo con las medidas de seguridad pertinentes y con autorización municipal. Por eso, los jueces están concediendo a los propietarios condenados un plazo de seis meses para que lleven a efecto lo que dictan las sentencias.

Durante ese semestre, los procesados tienen que obtener una licencia del ayuntamiento competente y presentar un proyecto de cómo se va a llevar a cabo la demolición. En el caso de que expire el plazo fijado de medio año, y el condenado no haya jecutado el derribo, serán las administraciones locales las que lo realicen de manera subsidiaria. «Aunque, por ahora, todos los expedientes están dentro del plazo dispuesto».

Decenas por semana

Pero las 20 órdenes dictadas –ocho de ellas pendientes de la resolución de los recursos presentados por los dueños para impedir que se confirme la destrucción de sus propiedades– son sólo el principio de una sucesión de decisiones judiciales que tiene muchas probabilidades de concluir con nuevas sentencias que incluyan la demolición. Fuentes oficiales del Ministerio Fiscal han confirmado que se están tramitando denuncias contra propietarios de viviendas ilegales por «decenas y cada semana». Además, hay que sumar algunos fallos en primera instancia que absuelven al propietario, pero que la Fiscalía, en todos los casos, los han recurrido para que sea la Audiencia la que dicte la demolición.

Pese a la nueva postura adoptada por el máximo órgano judicial de la provincia, la unificación de criterios de los magistrados para que todos hicieran uso de su potestad para ordenar un derribo en los casos demostrados de violación de la ordenación vigente, no se alcanzó hasta antes del verano.

Juzgados reticentes

Un pleno de los magistrados de todas las secciones acordó la aplicación de esta medida sancionadora y acabar con la disparidad de criterios que hasta entonces había, sobre todo entre las sentencias dictadas en Algeciras y la capital. La propia Fiscalía reconocía que en la ciudad del Campo de Gibraltar mantenían el viejo criterio, que era no ordenar la demolición, lo que les llevaba a presentar constantes recursos. Pero ese escollo ya salvado, no es el único que había. El fiscal Ángel Núñez explica que hay juzgados de lo Penal que «siguen sin imponer esa pena», sobre todo en el nº 1 de Cádiz; lo que obliga a alargar el proceso judicial, dado que la Fiscalía advierte que siempre presentará recursos.

Nuevas competencias

La revisión que está realizando personalmente Ángel Núñez se produce después de que haya asumido la supervisión de las ejecuciones de los fallos relacionados con sus áreas. En la Fiscalía de Cádiz hay un fiscal que se encarga de vigilar cómo se llevan a efecto las sentencias dictadas. Pero en el caso de Medio Ambiente, Núñez solicitó ser él quien asumiera esa competencia en las materias que él tutela. De esta manera, se garantiza una mejor eficacia en la tramitación procesal y ejecución de las causas de urbanismo y medio ambiente

Fuente: lavozdigital (09/10/07)