Condenados por estafa el promotor y el constructor de 80 viviendas en Rota

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado por un delito de estafa al promotor y al constructor de 80 viviendas en la zona de Costa Ballena, en Rota. La sentencia impone una pena de dos años de prisión al primero y de 18 meses al segundo. También los condena a abonar una indemnización que suma 1.147.243 euros a setenta perjudicados. Una parte, 607.027 euros, debe pagarla el promotor, A.S.; el resto, ambos solidariamente.

La resolución de la Sección Cuarta, de la que ha sido ponente la magistrada Inmaculada Montesinos, incluye multas de nueve meses con cuota diaria de 20 euros a los dos condenados (5.400 euros). Además, el pago de las costas de la acusación particular, ejercida por los perjudicados, a quienes ha representado el abogado Francisco José Mauriño.

La sentencia absuelve a otros tres procesados para quienes el fiscal solicitó penas de tres años de prisión.

La construcción de las viviendas, adosadas y pareadas, fue planeada en 1998 por A.S. "animado por el propósito de obtener un beneficio ilícito", afirma el apartado de hechos probados de la resolución. Agrega que tras constituir una comunidad de propietarios, Residencial Tartessos, antes de que comenzasen las obras ya obtuvo varios miles de euros ilícitamente maquinando con la compra de los terrenos en los que iba a ser edificada la promoción.

A.S., en calidad de representante de la sociedad gestora de la comunidad de propietarios, encomendó luego la construcción de las viviendas a una empresa con escasa solvencia, representada por el otro condenado, M.Z., explica la sentencia. Lo hizo, señala, manteniendo a los comuneros ajenos a los auténticos costes y subsiguientes pagos que se efectuaban.

La resolución indica que el promotor y el constructor se concertaron para incrementar injustificadamente el coste de las obras, de modo que a los comuneros les supuso un incremento de un 30,77% en el precio de cada vivienda. A los perjudicados no les quedó más remedio que aceptar "ante la situación de total indefensión en la que se encontraban".

La resolución detalla otras operaciones mediante las que, afirma, A.S. logró incrementar de forma fraudulenta la diferencia entre el presupuesto aprobado inicialmente por la junta de comuneros y el último presupuesto.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz no es firme. Contra ella cabe la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo.

Fuente: diariodecadiz.com (04/07/07)