En Cádiz capital la Junta lleva más de un año de silencio sobre los pisos vacíos en Astilleros

El Ayuntamiento solicitó a Obras Públicas que investigara a 230 adjudicatarios que no habían ocupado sus viviendas protegidas, tal y como obliga la Ley El concejal de Hacienda asegura que «hay miedo a decir los nombres porque el proceso podría terminar en una liberalización de la vivienda»

Irregularidades en VPO:

No ocupar el piso a los tres meses de adjudicarlo.

No destinar el piso a primera vivienda.

MULTAS

La Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo prevé multas para las sanciones graves y muy graves.

Falta grave: Entre 3.000 y 30.000 euros.

Falta muy grave: Entre 30.000 y 120.000 euros.

Asi esta el asunto

El Ayuntamiento de Cádiz asegura que lleva más de un año requiriendo a la Junta de Andalucía que realice las inspecciones pertinentes para detectar si las viviendas vacías de Astilleros continúan sin ocuparse. Según el concejal de Hacienda, José Blas Fernández (PP), no se ha recibido desde entonces «ni una respuesta por escrito».

Las competencias en materia de vivienda protegida, recordó, son de la Junta de Andalucía. «Y no se trata de construir viviendas y luego olvidarse», señaló. Las inspecciones para detectar fraudes también corresponden a la administración regional.

En cualquier caso, el edil del PP reconoce que el proceso es largo, difícil y además «hay miedo a dar nombres de los que no están ocupando las casas». Esto se debe, asegura, a que la Ley prevé para este tipo de infracciones multas que suponen una menor cuantía que el beneficio que se va a obtener de la casa cuando ésta se libere y pase a renta libre una vez que concluya el proceso sancionador.

En la Ley Regional de Vivienda Protegida se califica como una infracción grave no ocupar la casa adjudicada en el periodo legal establecido (tres meses), pero se considera muy grave «no destinar a domicilio habitual y permanente o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses las viviendas protegidas y, en todo caso, dedicarlas a usos no autorizados o alterar el régimen de uso de las mismas».

También, por cierto, se califica como falta muy grave «la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a la persona que compre o arriende una vivienda protegida en concepto de precio máximo de venta o de alquiler».

Lo que ocurre es que estas sanciones prevén multas que si bien a primera vista son cuantiosas, son en cualquier caso inferiores a los beneficios que podrían sacarse de la venta de las viviendas una vez queden liberadas.

Así, las infracciones graves -no ocupar la vivienda antes de que transcurran tres meses desde la adjudicación- se penalizan con multas entre 3.000 y 30.000 euros. Y las muy graves, con multas de entre 30.000 y 120.000 euros.

Cinco veces su valor

Teniendo en cuenta, por ejemplo, que una vivienda de Astilleros que se compró hace seis años por 60.000 euros ahora puede valer en el mercado libre cinco veces más, o sea, 350.000 euros, la multa 'merece la pena'.

La polémica Ley de Vivienda Protegida, que preveía que el Gobierno regional iba a ejercer el derecho de tanteo y retracto que hasta ahora no había ejercido, no se ha puesto en práctica y las viviendas, en muchas ocasiones, se subarriendan o traspasan por debajo de la Ley.

La asociación de vecinos de Astilleros es consciente de que hay muchos casos de fraude, pero piden que la responsabilidad de la denuncia recaiga sobre la administración pública y no sobre los propios residentes, para evitar situaciones de conflicto, amenazas y disputas en general.

Además, el presidente de la asociación de vecinos, Luis Arenal, asegura que no son más de 200 las viviendas desocupadas, sino cerca de setenta y que a estos propietarios en su día se les requirió la documentación para que justificaran su ausencia de los domicilios.

Entre los vecinos, hay reticencias a la hora de hablar. Muchos saben de buzones donde la propaganda rebosa y cae al suelo y donde nunca hay ropa en los tendederos, pero no se denuncia por miedo al conflicto.

El concejal de Hacienda asegura que este es un asunto «delicado y serio» sobre todo teniendo en cuenta la falta de viviendas -protegidas, pero también libres- que hay en Cádiz.

Recordó que en algunos casos las viviendas protegidas se están convirtiendo en «viviendas de renta libre encubiertas», ya que las ventas se realizan «por debajo de la mesa y en dinero negro».

«Creo que se deberían tomar medidas, porque las viviendas protegidas están construidas con dinero público», manifestó el edil.

Fuente: lavoz.com (16/01/07)