El Ministerio de Economía y Hacienda ha introducido en el nuevo reglamento del IRPF que está elaborando un nuevo concepto de vivienda habitual, considerando como tal, a efectos de determinadas exenciones, aquélla que reúna esta condición en el momento de la venta, como sucedía hasta ahora, o en el año anterior.
De esta manera, el borrador del reglamento del IRPF contempla que para la aplicación de la exención por transmisión de la vivienda habitual para mayores de 65 años o personas en situación de gran dependencia, así como para la exención por reinversión en vivienda habitual, se permite también considerar como vivienda habitual el inmueble vendido un año después de haberlo abandonado.
Actualmente, la Ley del IRPF contempla la exención de la tributación de la plusvalía generada por la venta de la vivienda habitual si, en el plazo de los dos años siguientes, se reinvierte en la adquisición de una nueva vivienda habitual, entendiendo por tal el inmueble habitado por el contribuyente, como mínimo, en los tres últimos años.
Con el cambio introducido en el reglamento, el contribuyente que cambie de casa y posteriormente --siempre dentro del plazo de un año-- decida vender la que era su vivienda habitual, podrá beneficiarse de la exención de la plusvalía generada en la venta si la reinvierte en la adquisición o mejora de su nueva vivienda habitual, aunque la primera vivienda la hubiera abandonado un año antes del momento de la venta.
Hacienda indica que, de esta forma, se permite que el contribuyente pueda dejar de residir efectivamente en dicha vivienda disponiendo de un plazo adicional para su venta sin la pérdida de la correspondiente exención.
También en materia de vivienda, el borrador del reglamento regula la comunicación que tiene que efectuar el inquilino de una vivienda alquilada para que el arrendador pueda practicarse la reducción por arrendamiento de viviendas a jóvenes menores de 35 años introducida en la reforma del IRPF, que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Concretamente, se establece que entre el 1 de enero y el 31 de marzo del ejercicio siguiente al periodo impositivo del arrendamiento, el inquilino deberá presentar una comunicación, en la que además de figurar sus datos personales (nombre, apellidos y domicilio fiscal), también se incluya el número de identificación fiscal del propietario, el número de referencia catastral del inmueble arrendado y una manifestación expresa de tener una edad comprendida entre los 18 y 35 años durante todo el periodo impositivo o parte del mismo.
Igualmente, para que el propietario pueda aplicarse la ventaja fiscal, el inquilino debe manifestar también haber obtenido durante el periodo impositivo anterior unos rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas superiores al indicador público de renta de efectos múltiples, que para este año se sitúa en 500 euros mensuales, requisito indispensable.
Fuente: urbanoticias.com (29/01/07)
lunes, 29 de enero de 2007
El suelo supone ya dos terceras partes del precio final de la vivienda
A pesar de que los precios de la vivienda están experimentando el «aterrizaje suave» tan deseado por todos los involucrados en el sector de vivienda y, particularmente, por los compradores, lo cierto es que el suelo no está contribuyendo en absoluto al menor crecimiento de los precios.
Bien al contrario, si hace quince años, el coste del suelo suponía aproximadamente una tercera parte del precio final de una vivienda -porcentaje que en algunos lugares muy específicos podía llegar a la mitad-, en la actualidad supone ya las dos terceras partes del precio de una casa, según se desprende de un informe del Instituto de Práctica Empresarial (IPE).
El coordinador del estudio, José Antonio Pérez, señala que la tendencia al menor crecimiento del precio del producto final en conjunción con unas subidas en el precio del suelo que no experimentan la misma dinámica está produciendo un estrechamiento de los márgenes de los promotores, que «ya están invirtiendo en terreno en Polonia o Iberoamérica porque las ganancias obtenidas vendiendo 40 casas en España no les dan ya para comprar suelo para otras cuarenta, sino para bastantes menos».
Pero esta dinámica no parece que vaya a concluir a corto plazo. De hecho, la encuesta realizada por el IPE entre más de dos mil ex alumnos que ahora desarrollan su labor en el sector inmobiliario refleja que la opinión mayoritaria es que el precio del suelo va a seguir subiendo este año en mayor proporción que el de la vivienda final. De hecho, suponen que las casas subirán un 7,33% y que el suelo lo hará en un 8,55%.
A pesar de que el porcentaje de los que piensan que el suelo mantendrá su tendencia al alza exactamente igual que hasta ahora ha bajado, lo cierto es que los promotores estiman que los precios del suelo finalista no van a caer a corto plazo.
El 42% de las respuestas indican que los suelos urbanos consolidados seguirán encareciéndose como hasta ahora, y el 49% apunta a una subida más moderada, frente a sólo un 1% que piensan que pueden bajar.
«A medida que se van cumpliendo hitos en la transformación de un suelo, los promotores están dispuestos a pagar más por él», subraya José Antonio Pérez.
Por eso, las previsiones de subidas son mayores para el suelo urbano consolidado y para el urbanizable con plan parcial final aprobado, mientras que para el rústico sin protección los promotores son más proclives a prever subidas más moderadas en los precios.
Pero a estos datos se une una explicación de José Antonio Pérez que permite suponer que será muy complicado poner fin a la subida de los precios del suelo, a pesar de que se vaya a promulgar una nueva Ley para regularlo. «Los presupuestos de los ayuntamientos españoles suman 45.000 millones de euros», sentencia Pérez, que explica que «este es el dinero que necesitan para dar a los vecinos los servicios que demandan y está claro que no lo cubren ni de lejos con las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y los impuestos municipales, por lo que el apartado de suelo va a seguir siendo una herramienta fundamental de financiación de los ayuntamientos».
El momento del comprador
No obstante, en el IPE se señala que «el proceso de estrechamiento de los márgenes de los promotores se va a mantener, porque no pueden trasladar al precio final mayores subidas». De hecho, en determinadas zonas, fundamentalmente en Madrid o Barcelona, ya comienza a existir «stock» de viviendas sin vender.
«Ya no se venden las casas nada más poner la caseta de ventas porque los precios han llegado a un límite en el que ha caído la demanda. En cambio, hay demanda de viviendas de hasta 300.000 euros, y hay poco producto así en el mercado. Por eso, hay lugares en los que ya empieza a ser complicado vender las promociones y ahí los precios no van a subir», indica José Antonio Pérez.
Y dando un paso más, apuesta porque «ha llegado el momento del comprador. Los vendedores tienen ahora que salir a buscar al comprador y éste es la parte fuerte de la negociación. Ya hay promotores regalando cocinas o asumiendo el coste de quitar el gotelé y pintar en liso un piso. Las rebajas, al menos en los pisos nuevos, no han llegado, pero sí un trato más favorable para el comprador, por fin».
Como en todo, la alegría va por barrios y quienes estén pensando en adquirir una segunda residencia en la costa son los que más fácil lo van a tener, según el IPE. «En la costa ha desaparecido la figura del «inversor». Ya nadie compra sobre planos para revender antes de escriturar», asegura Pérez, para quien, no obstante, la demanda extranjera garantiza a medio plazo el éxito de este tipo de oferta «siempre que llegue al mercado lo que se está demandando».
En cambio, de los datos del IPE se deduce que algunas zonas de Castilla-La Mancha cercanas a Madrid o más lejanas pero a las que la mejora de infraestructuras ha acercado a la capital, van a mantener su particular «boom» inmobiliario.
Fuente: ABC (29/01/2007)
Bien al contrario, si hace quince años, el coste del suelo suponía aproximadamente una tercera parte del precio final de una vivienda -porcentaje que en algunos lugares muy específicos podía llegar a la mitad-, en la actualidad supone ya las dos terceras partes del precio de una casa, según se desprende de un informe del Instituto de Práctica Empresarial (IPE).
El coordinador del estudio, José Antonio Pérez, señala que la tendencia al menor crecimiento del precio del producto final en conjunción con unas subidas en el precio del suelo que no experimentan la misma dinámica está produciendo un estrechamiento de los márgenes de los promotores, que «ya están invirtiendo en terreno en Polonia o Iberoamérica porque las ganancias obtenidas vendiendo 40 casas en España no les dan ya para comprar suelo para otras cuarenta, sino para bastantes menos».
Pero esta dinámica no parece que vaya a concluir a corto plazo. De hecho, la encuesta realizada por el IPE entre más de dos mil ex alumnos que ahora desarrollan su labor en el sector inmobiliario refleja que la opinión mayoritaria es que el precio del suelo va a seguir subiendo este año en mayor proporción que el de la vivienda final. De hecho, suponen que las casas subirán un 7,33% y que el suelo lo hará en un 8,55%.
A pesar de que el porcentaje de los que piensan que el suelo mantendrá su tendencia al alza exactamente igual que hasta ahora ha bajado, lo cierto es que los promotores estiman que los precios del suelo finalista no van a caer a corto plazo.
El 42% de las respuestas indican que los suelos urbanos consolidados seguirán encareciéndose como hasta ahora, y el 49% apunta a una subida más moderada, frente a sólo un 1% que piensan que pueden bajar.
«A medida que se van cumpliendo hitos en la transformación de un suelo, los promotores están dispuestos a pagar más por él», subraya José Antonio Pérez.
Por eso, las previsiones de subidas son mayores para el suelo urbano consolidado y para el urbanizable con plan parcial final aprobado, mientras que para el rústico sin protección los promotores son más proclives a prever subidas más moderadas en los precios.
Pero a estos datos se une una explicación de José Antonio Pérez que permite suponer que será muy complicado poner fin a la subida de los precios del suelo, a pesar de que se vaya a promulgar una nueva Ley para regularlo. «Los presupuestos de los ayuntamientos españoles suman 45.000 millones de euros», sentencia Pérez, que explica que «este es el dinero que necesitan para dar a los vecinos los servicios que demandan y está claro que no lo cubren ni de lejos con las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y los impuestos municipales, por lo que el apartado de suelo va a seguir siendo una herramienta fundamental de financiación de los ayuntamientos».
El momento del comprador
No obstante, en el IPE se señala que «el proceso de estrechamiento de los márgenes de los promotores se va a mantener, porque no pueden trasladar al precio final mayores subidas». De hecho, en determinadas zonas, fundamentalmente en Madrid o Barcelona, ya comienza a existir «stock» de viviendas sin vender.
«Ya no se venden las casas nada más poner la caseta de ventas porque los precios han llegado a un límite en el que ha caído la demanda. En cambio, hay demanda de viviendas de hasta 300.000 euros, y hay poco producto así en el mercado. Por eso, hay lugares en los que ya empieza a ser complicado vender las promociones y ahí los precios no van a subir», indica José Antonio Pérez.
Y dando un paso más, apuesta porque «ha llegado el momento del comprador. Los vendedores tienen ahora que salir a buscar al comprador y éste es la parte fuerte de la negociación. Ya hay promotores regalando cocinas o asumiendo el coste de quitar el gotelé y pintar en liso un piso. Las rebajas, al menos en los pisos nuevos, no han llegado, pero sí un trato más favorable para el comprador, por fin».
Como en todo, la alegría va por barrios y quienes estén pensando en adquirir una segunda residencia en la costa son los que más fácil lo van a tener, según el IPE. «En la costa ha desaparecido la figura del «inversor». Ya nadie compra sobre planos para revender antes de escriturar», asegura Pérez, para quien, no obstante, la demanda extranjera garantiza a medio plazo el éxito de este tipo de oferta «siempre que llegue al mercado lo que se está demandando».
En cambio, de los datos del IPE se deduce que algunas zonas de Castilla-La Mancha cercanas a Madrid o más lejanas pero a las que la mejora de infraestructuras ha acercado a la capital, van a mantener su particular «boom» inmobiliario.
Fuente: ABC (29/01/2007)
Las familias destinaron el 43,3% de su renta bruta disponible a financiar la compra de vivienda
Supone un incremento de 6,5 puntos respecto a 2005
Las familias españolas destinaron el pasado año el 43,3 por ciento de su renta bruta anual disponible a la adquisición de una vivienda, lo que supone un incremento de 6,5 puntos respecto a 2005, y de 8,3 puntos en comparación con 2004, según datos publicados por el Banco de España.
Este dato constata que las familias españolas tienen que hacer un esfuerzo cada vez mayor para la compra de la vivienda.
El precio de una vivienda libre -nueva y usada- de 93,75 metros cuadrados construidos era a final de año 7,1 veces superior a la renta bruta anual de un hogar medio, el mayor nivel desde que el Banco de España dispone de estadísticas precisas al respecto.
Esta relación aumentó en tres décimas respecto a 2005 y en nueve décimas en comparación con 2004, aunque se mantiene estable desde el segundo trimestre de 2006.
El precio medio de una vivienda libre en España se situó al cierre del año en 1990,5 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 9,1 por ciento respecto a 2005. Este encarecimiento de la vivienda es 3,7 puntos menor al registrado en 2005, y se trata de la menor subida desde el año 2000.
Tendencia a la desaceleración
Esta tendencia de desaceleración se produce después de que el precio de la vivienda registrara incrementos del 11,1 por ciento en 2001, el 17,3 por ciento en 2002, el 18,5 por ciento en 2003, el 17,2 por ciento en 2004, y el 12,8 por ciento en 2005.
En paralelo a esta escalada de precios, las familias españolas han tenido que incrementar en los últimos años la proporción de su renta bruta disponible para la compra de una vivienda, hasta el 43,3 por ciento.
No obstante, al descontar las deducciones de las que se benefician las familias al comprar una vivienda, los españoles destinan el 30,4 por ciento de su renta disponible a la adquisición de un piso, 4,7 puntos más que en 2005, y 5,8 puntos por encima de 2004.
Según la legislación vigente, los contribuyentes pueden desgravarse el 15 por ciento por sus aportaciones anuales, con un límite máximo de 9.015,18 euros.
Para calcular el esfuerzo financiero necesario para comprar una vivienda, el Banco de España recoge el importe de las cuotas que tiene que pagar el hogar medio en el primer año tras la adquisición de una vivienda tipo financiada con un préstamo estándar por el 80 por ciento del valor del piso, y en función del porcentaje de renta anual disponible del hogar.
Fuente: Hoy Inversión (29/01/2007)
Las familias españolas destinaron el pasado año el 43,3 por ciento de su renta bruta anual disponible a la adquisición de una vivienda, lo que supone un incremento de 6,5 puntos respecto a 2005, y de 8,3 puntos en comparación con 2004, según datos publicados por el Banco de España.
Este dato constata que las familias españolas tienen que hacer un esfuerzo cada vez mayor para la compra de la vivienda.
El precio de una vivienda libre -nueva y usada- de 93,75 metros cuadrados construidos era a final de año 7,1 veces superior a la renta bruta anual de un hogar medio, el mayor nivel desde que el Banco de España dispone de estadísticas precisas al respecto.
Esta relación aumentó en tres décimas respecto a 2005 y en nueve décimas en comparación con 2004, aunque se mantiene estable desde el segundo trimestre de 2006.
El precio medio de una vivienda libre en España se situó al cierre del año en 1990,5 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 9,1 por ciento respecto a 2005. Este encarecimiento de la vivienda es 3,7 puntos menor al registrado en 2005, y se trata de la menor subida desde el año 2000.
Tendencia a la desaceleración
Esta tendencia de desaceleración se produce después de que el precio de la vivienda registrara incrementos del 11,1 por ciento en 2001, el 17,3 por ciento en 2002, el 18,5 por ciento en 2003, el 17,2 por ciento en 2004, y el 12,8 por ciento en 2005.
En paralelo a esta escalada de precios, las familias españolas han tenido que incrementar en los últimos años la proporción de su renta bruta disponible para la compra de una vivienda, hasta el 43,3 por ciento.
No obstante, al descontar las deducciones de las que se benefician las familias al comprar una vivienda, los españoles destinan el 30,4 por ciento de su renta disponible a la adquisición de un piso, 4,7 puntos más que en 2005, y 5,8 puntos por encima de 2004.
Según la legislación vigente, los contribuyentes pueden desgravarse el 15 por ciento por sus aportaciones anuales, con un límite máximo de 9.015,18 euros.
Para calcular el esfuerzo financiero necesario para comprar una vivienda, el Banco de España recoge el importe de las cuotas que tiene que pagar el hogar medio en el primer año tras la adquisición de una vivienda tipo financiada con un préstamo estándar por el 80 por ciento del valor del piso, y en función del porcentaje de renta anual disponible del hogar.
Fuente: Hoy Inversión (29/01/2007)
El aumento de los hogares reduce el riesgo de sobreoferta de pisos
El parque inmobiliario español ha crecido de forma espectacular en los últimos años, lo que se ha visto acompañado por un notable incremento de los precios. pero, en contra de lo que afirman algunos estudios inmobiliarios, la sobreoferta existente no afecta al segmento de mercado de primera residencia si no al de casas de vacaciones y las adquiridas con fines especulativos. el crecimiento de nuevos hogares (21,2%) supera al de los inmuebles utilizados como vivienda principal (17,5%)
Fuente: Expansión (26/01/07)
Fuente: Expansión (26/01/07)
jueves, 25 de enero de 2007
Los pisos de Cádiz, los más caros de todas las capitales andaluzas
No es la que más se encareció de enero de 2006 al mismo mes de 2007 pero sí la que tiene ahora los precios más altos. Un nuevo informe inmobiliario, esta vez de la tasadora Tasamadrid, sobre el precio de la vivienda señala que Cádiz es la capital de provincia andaluza más cara, tanto si se analizan los pisos nuevos como los de segunda mano.
Según este informe, Almería ha registrado las mayores subidas, “aunque el precio más alto actualmente por metro cuadrado de Andalucía se paga en Cádiz”, explica. El metro cuadrado de vivienda usada está a 2.566,93 euros, y el de nueva, a 2.901,23, según la tasadora.
Así, un piso de segunda mano costaba en enero de 2006 2.311,97 euros, y desde entonces su precio se ha incrementado un 11,03 por ciento, el mínimo porcentaje registrado en la comunidad autónoma. Almería es la que más ha encarecido sus precios, un 19,20, pero su metro cuadrado cuesta unos 500 euros menos.
La segunda capital más cara en lo que pisos usados se refiere sería Málaga con 2.305,15 euros por metro cuadrado, y Sevilla, con 2.193,57. En el extremo contrario están los 1.782,66 euros de Huelva.
Con respecto a la vivienda de nueva planta, la subida en el último año fue del 12,50 por ciento, mientras que en Córdoba era del 14,25 y en Almería del 13,84 por ciento. Después va la capital gaditana. Es la tercera en incremento, pero la primera en precios, seguida por Sevilla y Málaga, que superan los 2.500 euros por cada metro cuadrado.
Este nuevo informe también aporta datos globales de la provincia. En lo que respecta a vivienda usada, la de Cádiz se encareció el pasado año un 8,66 por ciento, hasta situarse en 1.877,32 euros este mes de enero. No es la más cara de las andaluzas, ya que es Málaga la que encabeza la lista, con 2.477 euros, seguida por Almería, Sevilla, Huelva y Cádiz.
Tasamadrid valora el precio medio del metro cuadrado nuevo en la provincia en 2.053,12 euros, tras subir un 14,06 por ciento. En esto tampoco es la más cara, ya que este dudoso honor lo ostenta Huelva (2.436,58 euros por metro cuadrado) y después están Málaga (2.398,74 euros) y Almería (2.125,78 euros).
La tasadora, que aporta los datos obtenidos de valoraciones (realiza unas trescientas diarias en toda España) indica que la subida es menor que la registrado en años anteriores, lo que “demuestra una tendencia a la corrección en los precios”. Los datos globales obtenidos en este estudio indican una subida del 6,29 por ciento en vivienda nueva y un 9,62 por ciento en usada, mientras que en el año 2005 los pisos subieron una media del 16 por ciento, recuerda Tasamadrid.
Fuente: diariodecadiz.com (24/01/07)
Según este informe, Almería ha registrado las mayores subidas, “aunque el precio más alto actualmente por metro cuadrado de Andalucía se paga en Cádiz”, explica. El metro cuadrado de vivienda usada está a 2.566,93 euros, y el de nueva, a 2.901,23, según la tasadora.
Así, un piso de segunda mano costaba en enero de 2006 2.311,97 euros, y desde entonces su precio se ha incrementado un 11,03 por ciento, el mínimo porcentaje registrado en la comunidad autónoma. Almería es la que más ha encarecido sus precios, un 19,20, pero su metro cuadrado cuesta unos 500 euros menos.
La segunda capital más cara en lo que pisos usados se refiere sería Málaga con 2.305,15 euros por metro cuadrado, y Sevilla, con 2.193,57. En el extremo contrario están los 1.782,66 euros de Huelva.
Con respecto a la vivienda de nueva planta, la subida en el último año fue del 12,50 por ciento, mientras que en Córdoba era del 14,25 y en Almería del 13,84 por ciento. Después va la capital gaditana. Es la tercera en incremento, pero la primera en precios, seguida por Sevilla y Málaga, que superan los 2.500 euros por cada metro cuadrado.
Este nuevo informe también aporta datos globales de la provincia. En lo que respecta a vivienda usada, la de Cádiz se encareció el pasado año un 8,66 por ciento, hasta situarse en 1.877,32 euros este mes de enero. No es la más cara de las andaluzas, ya que es Málaga la que encabeza la lista, con 2.477 euros, seguida por Almería, Sevilla, Huelva y Cádiz.
Tasamadrid valora el precio medio del metro cuadrado nuevo en la provincia en 2.053,12 euros, tras subir un 14,06 por ciento. En esto tampoco es la más cara, ya que este dudoso honor lo ostenta Huelva (2.436,58 euros por metro cuadrado) y después están Málaga (2.398,74 euros) y Almería (2.125,78 euros).
La tasadora, que aporta los datos obtenidos de valoraciones (realiza unas trescientas diarias en toda España) indica que la subida es menor que la registrado en años anteriores, lo que “demuestra una tendencia a la corrección en los precios”. Los datos globales obtenidos en este estudio indican una subida del 6,29 por ciento en vivienda nueva y un 9,62 por ciento en usada, mientras que en el año 2005 los pisos subieron una media del 16 por ciento, recuerda Tasamadrid.
Fuente: diariodecadiz.com (24/01/07)
Más control sobre los agentes inmobiliarios para evitar fraudes
El Ministerio de Vivienda está terminando de elaborar la nueva reglamentación que se aplicará a los agentes de la propiedad inmobiliaria (apis) para dotar de más transparencia al sector y evitar abusos y fraudes. Entre las medidas que se barajan destaca la creación de un registro único y obligatorio en el que deberán estar inscritos todos los profesionales del sector.
En el año 2000 el Gobierno del PP liberalizó mediante decreto la intermediación inmobiliaria, de modo que cualquier profesional pudiera ejercer esta actividad y con ello disminuyeran los precios de la vivienda, que ya entonces empezaban a desbocarse.
Posteriormente, la Ley 10/2003 desarrolló aquel primer decreto, pero no introdujo suficientes controles. 'Lo único que hizo fue desprofesionalizar esta actividad y motivar una situación en la que es más fácil vender una casa que una lechuga, ya que a estos últimos profesionales al menos se les exige el título de manipulador de alimentos', asegura Santiago Baena, presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Así, el equipo de María Antonia Trujillo se hizo eco de las reivindicaciones de este sector y lleva varios meses manteniendo contactos periódicos con todos sus representantes para consensuar las líneas maestras de la nueva normativa.
Tal y como reclaman los apis, una de las medidas más necesarias es la imposición de un registro público para que todos aquellos profesionales que quieran dedicarse a la intermediación inmobiliaria deban inscribirse en él.
A ellos deberá exigírseles también que carezcan de antecedentes penales, así como la suscripción de seguros de responsabilidad civil capaces de responder en situaciones de impago. 'Nosotros además pediremos que la regulación establezca duras sanciones a todas aquellas empresas o autónomos que incumplan estas reglas', añade Baena.
'Sabemos que es poco, pero para nosotros es muy importante. No nos olvidemos de que en la actualidad y, gracias a esa desregulación, existe gente que sólo con un móvil se está dedicando a intermediar en el mercado inmobiliario, cobrando tarifas abusivas y, en algunos casos, llegando a estafar a clientes y a Hacienda', subrayan desde el Consejo General de los Colegios de apis.
La Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) insiste en que 'lo que más hay que regular es el acceso a la profesión, así como facilitar a las compañías medios suficientes que mejoren la formación continua', asegura Javier Martínez de los Santos, gerente de AEGI.
'Nosotros tampoco creemos en la exclusividad porque ya se ha demostrado que es un fracaso y además incentiva el fraude, pero sí pedimos unos controles mínimos que introduzcan más garantías y seguridad a los consumidores', añade Martínez de los Santos.
El calendario previsto para que vea la luz esta nueva reglamentación es el primer trimestre del año, si bien falta aún por decidir qué rango legal tendrá. Los apis reclaman que se regule vía real decreto para que tenga más fuerza. Desde el Ejecutivo se argumenta que no es necesario, puesto que ya existe una norma.
Entretanto, la recientemente aprobada ley catalana de la vivienda dedica un amplio capítulo a la regulación de la intermediación inmobiliaria. Primero define como agentes inmobiliarios 'a todas aquellas personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma habitual y retribuida dentro del territorio de Cataluña a la prestación de servicios de mediación, asesoramiento y gestión en las transacciones inmobiliarias. Entendiendo éstas como las operaciones de compraventa, alquiler, permuta o cesión de bienes inmuebles'.
La nueva ley establece para estos profesionales la obligatoriedad de estar inscritos en un registro público, así como de disponer de un local abierto al público. Además, se les impone la necesidad de tener vigente 'un seguro de garantía que responda por las cantidades económicas que los agentes reciban en el ejercicio de su actividad'. El importe de esta póliza vendrá determinado en función del número de establecimientos que tenga cada agencia.
La nueva norma catalana es bastante exhaustiva a la hora de establecer límites a la intermediación. Impone como obligación a los apis que en las ofertas que publiciten en sus agencias exista siempre una nota del propietario de la casa en la que conste que autoriza la labor del intermediador, la retribución que éste percibirá por su actuación (que nunca podrá ser de comprador y vendedor a la vez, salvo que éstos lo pacten) y todos los datos identificativos de la finca, entre otros. Se pretende con ello dar mayor transparencia al sector y evitar el cobro de honorarios abusivos, tal y como venía ocurriendo ahora.
Las agencias hablan de crisis y auguran la reordenación del sector
De las más de 900.000 transacciones inmobiliarias registradas en 2005 (último ejercicio cerrado disponible), el 62,6%, es decir unas 565.000, correspondió a vivienda usada. Estas cifras reflejan la importancia que tiene este mercado y a la vez explican la proliferación de agencias de la propiedad a la que ha asistido el sector en los últimos años.
Ahora, la desaceleración de precios y, sobre todo, de ventas está propiciando una profunda reordenación. 'Con los ritmos actuales, las medianas y sobre todo las pequeñas agencias sólo tienen dos opciones: cerrar o huir hacia adelante integrándose en una red más grande', explica el director de Expansión de Look & Find, José Manuel Lorenzo. Las grandes intermediarias se resisten a hablar de crisis y prefieren denominarla ralentización, aunque admiten que han detectado cambios en las actitudes de compradores y vendedores. 'La demanda se ha vuelto mucho más exigente y realiza más visitas. En la oferta detectamos menos pisos', aclara José González, director de Franquicias del Grupo Tecnocasa.
Sí hablan abiertamente de crisis responsables de Era Inmobiliaria, Concasa y Best House, aunque todos matizan que el problema radica en la financiación, no en un parón de la demanda. 'Sigue habiendo gente dispuesta a comprar, el problema es que con los precios y tipos actuales se trata de demanda insolvente', enfatiza Didier Dupont, administrador de Best House.
'Los bancos están endureciendo las condiciones de sus préstamos y como los compradores vienen cada vez más justos tras la subida de tipos las operaciones no se firman con la alegría del pasado', afirma Alfonso Gordon, director de Operaciones de Era Inmobiliaria. Esta reducción del negocio será inasumible por muchas agencias de las que existen en España (hay más de 60.000 empresas y 113.300 ocupados), por lo que todas las fuentes consultadas están de acuerdo en pronosticar una inminente concentración. 'Lo normal es que acabemos siendo unas 10 grandes redes nacionales como ya ocurre en otros países', recuerda Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria.
'Además de fusionarnos, el futuro es compartir las bases de datos y crear una red de redes', añade Oliver Ariza, coordinador de Concasa. Para afrontar plazos de venta de 12 meses y descuentos en los precios iniciales de casi el 20% las empresas se depuran y ofrecen un servicio cada vez más profesional, asevera Federico Segoviano, director general de Coldwell Banker.
Incompatibilidades
El presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Santiago Baena, es partidario de que se elabore un régimen de incompatibilidades para que ningún cargo público relacionado con el urbanismo ejerza como apis.
Fuente: Cinco Días (22/01/2007)
En el año 2000 el Gobierno del PP liberalizó mediante decreto la intermediación inmobiliaria, de modo que cualquier profesional pudiera ejercer esta actividad y con ello disminuyeran los precios de la vivienda, que ya entonces empezaban a desbocarse.
Posteriormente, la Ley 10/2003 desarrolló aquel primer decreto, pero no introdujo suficientes controles. 'Lo único que hizo fue desprofesionalizar esta actividad y motivar una situación en la que es más fácil vender una casa que una lechuga, ya que a estos últimos profesionales al menos se les exige el título de manipulador de alimentos', asegura Santiago Baena, presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Así, el equipo de María Antonia Trujillo se hizo eco de las reivindicaciones de este sector y lleva varios meses manteniendo contactos periódicos con todos sus representantes para consensuar las líneas maestras de la nueva normativa.
Tal y como reclaman los apis, una de las medidas más necesarias es la imposición de un registro público para que todos aquellos profesionales que quieran dedicarse a la intermediación inmobiliaria deban inscribirse en él.
A ellos deberá exigírseles también que carezcan de antecedentes penales, así como la suscripción de seguros de responsabilidad civil capaces de responder en situaciones de impago. 'Nosotros además pediremos que la regulación establezca duras sanciones a todas aquellas empresas o autónomos que incumplan estas reglas', añade Baena.
'Sabemos que es poco, pero para nosotros es muy importante. No nos olvidemos de que en la actualidad y, gracias a esa desregulación, existe gente que sólo con un móvil se está dedicando a intermediar en el mercado inmobiliario, cobrando tarifas abusivas y, en algunos casos, llegando a estafar a clientes y a Hacienda', subrayan desde el Consejo General de los Colegios de apis.
La Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) insiste en que 'lo que más hay que regular es el acceso a la profesión, así como facilitar a las compañías medios suficientes que mejoren la formación continua', asegura Javier Martínez de los Santos, gerente de AEGI.
'Nosotros tampoco creemos en la exclusividad porque ya se ha demostrado que es un fracaso y además incentiva el fraude, pero sí pedimos unos controles mínimos que introduzcan más garantías y seguridad a los consumidores', añade Martínez de los Santos.
El calendario previsto para que vea la luz esta nueva reglamentación es el primer trimestre del año, si bien falta aún por decidir qué rango legal tendrá. Los apis reclaman que se regule vía real decreto para que tenga más fuerza. Desde el Ejecutivo se argumenta que no es necesario, puesto que ya existe una norma.
Entretanto, la recientemente aprobada ley catalana de la vivienda dedica un amplio capítulo a la regulación de la intermediación inmobiliaria. Primero define como agentes inmobiliarios 'a todas aquellas personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma habitual y retribuida dentro del territorio de Cataluña a la prestación de servicios de mediación, asesoramiento y gestión en las transacciones inmobiliarias. Entendiendo éstas como las operaciones de compraventa, alquiler, permuta o cesión de bienes inmuebles'.
La nueva ley establece para estos profesionales la obligatoriedad de estar inscritos en un registro público, así como de disponer de un local abierto al público. Además, se les impone la necesidad de tener vigente 'un seguro de garantía que responda por las cantidades económicas que los agentes reciban en el ejercicio de su actividad'. El importe de esta póliza vendrá determinado en función del número de establecimientos que tenga cada agencia.
La nueva norma catalana es bastante exhaustiva a la hora de establecer límites a la intermediación. Impone como obligación a los apis que en las ofertas que publiciten en sus agencias exista siempre una nota del propietario de la casa en la que conste que autoriza la labor del intermediador, la retribución que éste percibirá por su actuación (que nunca podrá ser de comprador y vendedor a la vez, salvo que éstos lo pacten) y todos los datos identificativos de la finca, entre otros. Se pretende con ello dar mayor transparencia al sector y evitar el cobro de honorarios abusivos, tal y como venía ocurriendo ahora.
Las agencias hablan de crisis y auguran la reordenación del sector
De las más de 900.000 transacciones inmobiliarias registradas en 2005 (último ejercicio cerrado disponible), el 62,6%, es decir unas 565.000, correspondió a vivienda usada. Estas cifras reflejan la importancia que tiene este mercado y a la vez explican la proliferación de agencias de la propiedad a la que ha asistido el sector en los últimos años.
Ahora, la desaceleración de precios y, sobre todo, de ventas está propiciando una profunda reordenación. 'Con los ritmos actuales, las medianas y sobre todo las pequeñas agencias sólo tienen dos opciones: cerrar o huir hacia adelante integrándose en una red más grande', explica el director de Expansión de Look & Find, José Manuel Lorenzo. Las grandes intermediarias se resisten a hablar de crisis y prefieren denominarla ralentización, aunque admiten que han detectado cambios en las actitudes de compradores y vendedores. 'La demanda se ha vuelto mucho más exigente y realiza más visitas. En la oferta detectamos menos pisos', aclara José González, director de Franquicias del Grupo Tecnocasa.
Sí hablan abiertamente de crisis responsables de Era Inmobiliaria, Concasa y Best House, aunque todos matizan que el problema radica en la financiación, no en un parón de la demanda. 'Sigue habiendo gente dispuesta a comprar, el problema es que con los precios y tipos actuales se trata de demanda insolvente', enfatiza Didier Dupont, administrador de Best House.
'Los bancos están endureciendo las condiciones de sus préstamos y como los compradores vienen cada vez más justos tras la subida de tipos las operaciones no se firman con la alegría del pasado', afirma Alfonso Gordon, director de Operaciones de Era Inmobiliaria. Esta reducción del negocio será inasumible por muchas agencias de las que existen en España (hay más de 60.000 empresas y 113.300 ocupados), por lo que todas las fuentes consultadas están de acuerdo en pronosticar una inminente concentración. 'Lo normal es que acabemos siendo unas 10 grandes redes nacionales como ya ocurre en otros países', recuerda Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria.
'Además de fusionarnos, el futuro es compartir las bases de datos y crear una red de redes', añade Oliver Ariza, coordinador de Concasa. Para afrontar plazos de venta de 12 meses y descuentos en los precios iniciales de casi el 20% las empresas se depuran y ofrecen un servicio cada vez más profesional, asevera Federico Segoviano, director general de Coldwell Banker.
Incompatibilidades
El presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Santiago Baena, es partidario de que se elabore un régimen de incompatibilidades para que ningún cargo público relacionado con el urbanismo ejerza como apis.
Fuente: Cinco Días (22/01/2007)
miércoles, 24 de enero de 2007
Internet desplazará a los medios tradicionales de promoción inmobiliaria
El tiempo que se tarda en vender actualmente una vivienda en España es de unos 5 meses, dos más que el que se empleaba antes del verano, lo que supone un incremento de alrededor del 66% en el tiempo estimado.
El director de comunicación de la web Idealista.com, Fernando Encinar, reconoció que, ante esta situación motivada por la desaceleración del mercado de la vivienda, las agencias inmobiliarias se encuentran ante ‘un punto de inflexión’.
En su opinión, las agencias se van a ver obligadas a modificar su modo de trabajo hacia una cada vez mayor ‘profesionalización’. Sin embargo, esta circunstancia, lejos de suponer una futura crisis del sector, hará que las agencias sean ‘más necesarias que nunca’. ‘Corre una época de rebajas, pero los vendedores particulares no son conscientes de este cambio’, advirtió.
Por ello, las agencias tendrán que empezar a desarrollar un ‘papel educador del vendedor’ para conseguir que su oferta se adapte a la demanda, recomendando en ocasiones rebajar los precios de venta planteados por los propietarios antes de la comercialización de sus inmuebles, o, como explicó, ‘poníendoles los pies en el suelo’.
En este contexto, la agencia deberá desarrollar unos servicios dotados de mayor profesionalidad para orientar a los vendedores hacia una mejor comercialización de las viviendas, ya que, como señala Encinar, ‘está desapareciendo el comprador inversor’, pero sigue prevaleciendo el que destinará la vivienda para su uso personal, que se muestra habitualmente más exigente ante la oferta.
Aquellas agencias que cuentan con más experiencia se adaptarán más fácilmente al cambio de ciclo, dado su mayor conocimiento del sector, mientras que aquellas que comenzaron su actividad ‘al calor del boom inmobiliario’, previsiblemente, ‘lo van a pasar mal’.
Por otro lado, Encinar indicó que el cambio en el servicio que las agencias inmobiliarias ofrecerán a sus clientes les llevará a plantear un ‘menú a la carta’.
En este sentido, explicó que las agencias inmobiliarias ya no cobrarán un cuota fija por todos los servicios que ofrecen, sino que dispondrán de tarifas diferenciadas en función las necesidades de los clientes.
Así, los compradores podrán decidir si quieren que la agencia les ayude a encontrar financiación para su compra o se haga cargo de los trámites necesarios. Asimismo, el vendedor tendrá la posibilidad de elegir, por ejemplo, entre que la agencia sólo publique un anuncio de la vivienda en venta o además se encargue de enseñar el inmueble a los posibles compradores. Todas estas opciones serán facturadas con tarifas adaptadas a las distintas variantes.
Otro de los elementos que hará cambiar la forma de trabajar de las agencias será el uso de Internet, que, según Encinar, desplazará a los medios tradicionales de promoción, de forma que ‘en los próximos años será la herramienta más utilizada’.
‘Mayor sofisticación tecnológica, más herramientas de medición y menús de servicios’ son algunas de las claves que Encinar precisa a la hora de perfilar el futuro de las agencias inmobiliarias.
Fuente:urbanoticias (23/01/07)
El director de comunicación de la web Idealista.com, Fernando Encinar, reconoció que, ante esta situación motivada por la desaceleración del mercado de la vivienda, las agencias inmobiliarias se encuentran ante ‘un punto de inflexión’.
En su opinión, las agencias se van a ver obligadas a modificar su modo de trabajo hacia una cada vez mayor ‘profesionalización’. Sin embargo, esta circunstancia, lejos de suponer una futura crisis del sector, hará que las agencias sean ‘más necesarias que nunca’. ‘Corre una época de rebajas, pero los vendedores particulares no son conscientes de este cambio’, advirtió.
Por ello, las agencias tendrán que empezar a desarrollar un ‘papel educador del vendedor’ para conseguir que su oferta se adapte a la demanda, recomendando en ocasiones rebajar los precios de venta planteados por los propietarios antes de la comercialización de sus inmuebles, o, como explicó, ‘poníendoles los pies en el suelo’.
En este contexto, la agencia deberá desarrollar unos servicios dotados de mayor profesionalidad para orientar a los vendedores hacia una mejor comercialización de las viviendas, ya que, como señala Encinar, ‘está desapareciendo el comprador inversor’, pero sigue prevaleciendo el que destinará la vivienda para su uso personal, que se muestra habitualmente más exigente ante la oferta.
Aquellas agencias que cuentan con más experiencia se adaptarán más fácilmente al cambio de ciclo, dado su mayor conocimiento del sector, mientras que aquellas que comenzaron su actividad ‘al calor del boom inmobiliario’, previsiblemente, ‘lo van a pasar mal’.
Por otro lado, Encinar indicó que el cambio en el servicio que las agencias inmobiliarias ofrecerán a sus clientes les llevará a plantear un ‘menú a la carta’.
En este sentido, explicó que las agencias inmobiliarias ya no cobrarán un cuota fija por todos los servicios que ofrecen, sino que dispondrán de tarifas diferenciadas en función las necesidades de los clientes.
Así, los compradores podrán decidir si quieren que la agencia les ayude a encontrar financiación para su compra o se haga cargo de los trámites necesarios. Asimismo, el vendedor tendrá la posibilidad de elegir, por ejemplo, entre que la agencia sólo publique un anuncio de la vivienda en venta o además se encargue de enseñar el inmueble a los posibles compradores. Todas estas opciones serán facturadas con tarifas adaptadas a las distintas variantes.
Otro de los elementos que hará cambiar la forma de trabajar de las agencias será el uso de Internet, que, según Encinar, desplazará a los medios tradicionales de promoción, de forma que ‘en los próximos años será la herramienta más utilizada’.
‘Mayor sofisticación tecnológica, más herramientas de medición y menús de servicios’ son algunas de las claves que Encinar precisa a la hora de perfilar el futuro de las agencias inmobiliarias.
Fuente:urbanoticias (23/01/07)
sábado, 20 de enero de 2007
Etiquetas del blog
Nueva utilidad del Blog inmobiliario de Cádiz:
Etiquetas en las contribuciones.
Desde este mes de enero los colaboradores del blog pueden etiquetar los contenidos de sus colaboraciones, esto permitirá una vez publicado en el blog que cualquier usuario pueda ver la relación de colaboraciones, de forma cronologica, de esa misma etiqueta. Una colaboración puede tener más de una etiqueta.
Simplemente hay que hacer clic en el tema de la etiqueta correspondiente a cada colaboración.
Aqui mismo podeís ver como la etiqueta es "Notas del blog", es decir al clicar nos saldrá toda la relación de notas del blog.
Etiquetas en las contribuciones.
Desde este mes de enero los colaboradores del blog pueden etiquetar los contenidos de sus colaboraciones, esto permitirá una vez publicado en el blog que cualquier usuario pueda ver la relación de colaboraciones, de forma cronologica, de esa misma etiqueta. Una colaboración puede tener más de una etiqueta.
Simplemente hay que hacer clic en el tema de la etiqueta correspondiente a cada colaboración.
Aqui mismo podeís ver como la etiqueta es "Notas del blog", es decir al clicar nos saldrá toda la relación de notas del blog.
Aproveché que no estaban, cambiamos la cerradura y blindamos el piso para que no pudieran volver a entrar
El presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Lluís Miquel Pahissa, echó de uno de sus pisos hace unas semanas a unos ocupantes que se instalaron de forma ilegal, sin acudir a la policía ni a la Justicia, y ha recomendado a los dueños que se encuentren en esa situación que hagan lo mismo.
'Aproveché que no estaban, avisé a un cerrajero, cambiamos la cerradura y con los albañiles blindamos el interior del piso para que no pudieran volver a entrar', ha explicado que es propietario de una finca de vecinos situada en la calle Urgell de Barcelona.
Pahissa conoce personalmente a Carles Veiret, el propietario que ayer denunció la ocupación ilegal de su vivienda, porque es el propietario de la finca colindante al número 72 de la calle Urgell, en cuyo principal primera están instalados cuatro chilenos que, pese a estar imputados por ocupación ilegal y usurpación de agua y luz, siguen viviendo en el piso.
El presidente de la Asociación de Propietarios ha explicado que hace un mes y medio, durante la rehabilitación de su finca, situada en el número 70 de la calle Urgell, un día los albañiles se dieron cuenta de que alguien se había instalado en el piso principal primera y que había cambiado la cerradura.
En vez de avisar a la policía, Pahissa optó por esperar a que los ocupantes no estuvieran dentro de la vivienda, avisó a un cerrajero y con su equipo de albañiles blindó el piso por dentro para que no pudieran volver a entrar.
'A nivel legal, nosotros nos ventilamos las cosas porque en este país no se puede llamar a nadie', ha señalado Pahissa, partidario de arreglar estas situaciones sin avisar a los Mossos d'Esquadra 'porque tienes que demostrar que eres el propietario, como si en este país no pagásemos IBI o no hubiese un registro de la propiedad'.
Pahissa ha denunciado también que en la finca que están rehabilitando ha habido gente viviendo en la escalera y en la terraza superior y no descarta que los ocupantes ilegales de la vivienda de Vairet sean los mismos que él desocupó de su piso hace un mes y medio.
Fuente: urbanoticias.com (19/01/07)
'Aproveché que no estaban, avisé a un cerrajero, cambiamos la cerradura y con los albañiles blindamos el interior del piso para que no pudieran volver a entrar', ha explicado que es propietario de una finca de vecinos situada en la calle Urgell de Barcelona.
Pahissa conoce personalmente a Carles Veiret, el propietario que ayer denunció la ocupación ilegal de su vivienda, porque es el propietario de la finca colindante al número 72 de la calle Urgell, en cuyo principal primera están instalados cuatro chilenos que, pese a estar imputados por ocupación ilegal y usurpación de agua y luz, siguen viviendo en el piso.
El presidente de la Asociación de Propietarios ha explicado que hace un mes y medio, durante la rehabilitación de su finca, situada en el número 70 de la calle Urgell, un día los albañiles se dieron cuenta de que alguien se había instalado en el piso principal primera y que había cambiado la cerradura.
En vez de avisar a la policía, Pahissa optó por esperar a que los ocupantes no estuvieran dentro de la vivienda, avisó a un cerrajero y con su equipo de albañiles blindó el piso por dentro para que no pudieran volver a entrar.
'A nivel legal, nosotros nos ventilamos las cosas porque en este país no se puede llamar a nadie', ha señalado Pahissa, partidario de arreglar estas situaciones sin avisar a los Mossos d'Esquadra 'porque tienes que demostrar que eres el propietario, como si en este país no pagásemos IBI o no hubiese un registro de la propiedad'.
Pahissa ha denunciado también que en la finca que están rehabilitando ha habido gente viviendo en la escalera y en la terraza superior y no descarta que los ocupantes ilegales de la vivienda de Vairet sean los mismos que él desocupó de su piso hace un mes y medio.
Fuente: urbanoticias.com (19/01/07)
El PGOU de Cádiz no estará aprobado antes de 2008
La aprobación del avance del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, se vuelve a retrasar. Aunque el Ayuntamiento ya anunciaba a mediados del pasado año que este documento estaba casi terminado, la última fecha anunciada por la alcaldesa para su presentación, finales de este mes de enero, difícilmente podrá ser cumplida ya que los técnicos de Urbanismo están incluyendo los datos definitivos tras cerrarse los acuerdos sobre el nuevo hospital en Puntales y sobre la operación plaza de Sevilla.
Con todo ello, se espera ahora que el documento se pueda concluir a lo largo del mes de enero para su aprobación provisional por parte del pleno de la Corporación. No obstante, el Ayuntamiento ya está publicitando mediante vallas instaladas en distintos puntos de la ciudad y folletos que se han buzoneado por todos los edificios de la capital, los proyectos fundamentales de esta actuación.
Cubierto este paso municipal, el documento deberá pasar por un proceso de presentación de alegaciones ciudadanas y, después, de análisis por parte de la Consejería de Obras Públicas de la Junta, que tiene la potestad para su aprobación definitivo.
Considera el teniente de alcalde de Urbanismo, José Loaiza, que “resulta imposible fijar una fecha para la entrada en vigor del nuevo documento” ya que junto a los trámites burocráticos que debe pasar el Ayuntamiento, cuyo gobierno ha anunciado en repetidas ocasiones que pretende mantener un contacto permanente con los colectivos ciudadanos para hacer más participativo el nuevo planeamiento, se asume que la Junta puede tardar meses en estudiar, matizar y aprobar el documento, citando localidades de la provincia donde han pasado incluso varios años con sus respectivos planes estancados en la aprobación inicial.
La tramitación se mete de esta forma de lleno en un año electoral e impedirá contar con el nuevo PGOU al equipo de gobierno que surja de los comicios, que presumiblemente volverá a ser el Partido Popular. El visto bueno al documento podría retrasarse hasta el 2008 por lo que se mantendría el actual plan prorrogado pero sin incluir, lógicamente, las operaciones novedosas que Urbanismo va a plantear en el diseño de la ciudad.
Esta circunstancia no va a suponer que se paralice el desarrollo urbano de la ciudad. Además de los aspectos, mínimos, que aún quedan por cumplir del nuevo PGOU, el Ayuntamiento ha ido planteando en las últimas semanas una serie de modificaciones al actual documento que se irán concretando en las próximas semanas sin mayor impedimentos legales y burocráticos: la reordenación de la plaza de Sevilla y el nuevo hospital en Puntales, dos obras de por sí con suficiente calado como para que no haya que tener un parón de obras en la ciudad en los próximos dos años.
En el caso del nuevo centro médico y su incidencia en el futuro diseño del solar ocupado hoy por el Puerta del Mar en la Avenida, la modificación del PGOU se inició, con carácter urgente, a finales del pasado año, evitando de esa forma traspasar el plazo del 20 de enero próximo tras el cual, según la Ley de Ordenamiento Urbanístico, no hubiera sido posible hacer una nueva modificación.
Junto a estas dos operaciones el Ayuntamiento tiene en su ‘debe’ el inicio de numerosas obras, especialmente en el casco antiguo, cuyas tramitaciones ya se han iniciado en la mayor parte. En este caso se encuentran los aparcamientos subterráneos en la avenida del Puerto y en las inmediaciones de Comes, además del anunciado en Santa Bárbara que incluye la remodelación de este recinto. También se está pendiente del inicio de las obras del Museo del Carnaval mientras se adelantan las del Teatro de Títeres y el Centro de Arte Contemporáneo. En Puerta Tierra se ejecutan ya las obras del paseo marítimo entre la barriada de La Paz y Puntales, hasta llegar a Astilleros.
Fuente: diariodecadiz.es (20/01/07)
Con todo ello, se espera ahora que el documento se pueda concluir a lo largo del mes de enero para su aprobación provisional por parte del pleno de la Corporación. No obstante, el Ayuntamiento ya está publicitando mediante vallas instaladas en distintos puntos de la ciudad y folletos que se han buzoneado por todos los edificios de la capital, los proyectos fundamentales de esta actuación.
Cubierto este paso municipal, el documento deberá pasar por un proceso de presentación de alegaciones ciudadanas y, después, de análisis por parte de la Consejería de Obras Públicas de la Junta, que tiene la potestad para su aprobación definitivo.
Considera el teniente de alcalde de Urbanismo, José Loaiza, que “resulta imposible fijar una fecha para la entrada en vigor del nuevo documento” ya que junto a los trámites burocráticos que debe pasar el Ayuntamiento, cuyo gobierno ha anunciado en repetidas ocasiones que pretende mantener un contacto permanente con los colectivos ciudadanos para hacer más participativo el nuevo planeamiento, se asume que la Junta puede tardar meses en estudiar, matizar y aprobar el documento, citando localidades de la provincia donde han pasado incluso varios años con sus respectivos planes estancados en la aprobación inicial.
La tramitación se mete de esta forma de lleno en un año electoral e impedirá contar con el nuevo PGOU al equipo de gobierno que surja de los comicios, que presumiblemente volverá a ser el Partido Popular. El visto bueno al documento podría retrasarse hasta el 2008 por lo que se mantendría el actual plan prorrogado pero sin incluir, lógicamente, las operaciones novedosas que Urbanismo va a plantear en el diseño de la ciudad.
Esta circunstancia no va a suponer que se paralice el desarrollo urbano de la ciudad. Además de los aspectos, mínimos, que aún quedan por cumplir del nuevo PGOU, el Ayuntamiento ha ido planteando en las últimas semanas una serie de modificaciones al actual documento que se irán concretando en las próximas semanas sin mayor impedimentos legales y burocráticos: la reordenación de la plaza de Sevilla y el nuevo hospital en Puntales, dos obras de por sí con suficiente calado como para que no haya que tener un parón de obras en la ciudad en los próximos dos años.
En el caso del nuevo centro médico y su incidencia en el futuro diseño del solar ocupado hoy por el Puerta del Mar en la Avenida, la modificación del PGOU se inició, con carácter urgente, a finales del pasado año, evitando de esa forma traspasar el plazo del 20 de enero próximo tras el cual, según la Ley de Ordenamiento Urbanístico, no hubiera sido posible hacer una nueva modificación.
Junto a estas dos operaciones el Ayuntamiento tiene en su ‘debe’ el inicio de numerosas obras, especialmente en el casco antiguo, cuyas tramitaciones ya se han iniciado en la mayor parte. En este caso se encuentran los aparcamientos subterráneos en la avenida del Puerto y en las inmediaciones de Comes, además del anunciado en Santa Bárbara que incluye la remodelación de este recinto. También se está pendiente del inicio de las obras del Museo del Carnaval mientras se adelantan las del Teatro de Títeres y el Centro de Arte Contemporáneo. En Puerta Tierra se ejecutan ya las obras del paseo marítimo entre la barriada de La Paz y Puntales, hasta llegar a Astilleros.
Fuente: diariodecadiz.es (20/01/07)
En Cádiz capital la Junta lleva más de un año de silencio sobre los pisos vacíos en Astilleros
El Ayuntamiento solicitó a Obras Públicas que investigara a 230 adjudicatarios que no habían ocupado sus viviendas protegidas, tal y como obliga la Ley El concejal de Hacienda asegura que «hay miedo a decir los nombres porque el proceso podría terminar en una liberalización de la vivienda»
Irregularidades en VPO:
No ocupar el piso a los tres meses de adjudicarlo.
No destinar el piso a primera vivienda.
MULTAS
La Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo prevé multas para las sanciones graves y muy graves.
Falta grave: Entre 3.000 y 30.000 euros.
Falta muy grave: Entre 30.000 y 120.000 euros.
Asi esta el asunto
El Ayuntamiento de Cádiz asegura que lleva más de un año requiriendo a la Junta de Andalucía que realice las inspecciones pertinentes para detectar si las viviendas vacías de Astilleros continúan sin ocuparse. Según el concejal de Hacienda, José Blas Fernández (PP), no se ha recibido desde entonces «ni una respuesta por escrito».
Las competencias en materia de vivienda protegida, recordó, son de la Junta de Andalucía. «Y no se trata de construir viviendas y luego olvidarse», señaló. Las inspecciones para detectar fraudes también corresponden a la administración regional.
En cualquier caso, el edil del PP reconoce que el proceso es largo, difícil y además «hay miedo a dar nombres de los que no están ocupando las casas». Esto se debe, asegura, a que la Ley prevé para este tipo de infracciones multas que suponen una menor cuantía que el beneficio que se va a obtener de la casa cuando ésta se libere y pase a renta libre una vez que concluya el proceso sancionador.
En la Ley Regional de Vivienda Protegida se califica como una infracción grave no ocupar la casa adjudicada en el periodo legal establecido (tres meses), pero se considera muy grave «no destinar a domicilio habitual y permanente o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses las viviendas protegidas y, en todo caso, dedicarlas a usos no autorizados o alterar el régimen de uso de las mismas».
También, por cierto, se califica como falta muy grave «la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a la persona que compre o arriende una vivienda protegida en concepto de precio máximo de venta o de alquiler».
Lo que ocurre es que estas sanciones prevén multas que si bien a primera vista son cuantiosas, son en cualquier caso inferiores a los beneficios que podrían sacarse de la venta de las viviendas una vez queden liberadas.
Así, las infracciones graves -no ocupar la vivienda antes de que transcurran tres meses desde la adjudicación- se penalizan con multas entre 3.000 y 30.000 euros. Y las muy graves, con multas de entre 30.000 y 120.000 euros.
Cinco veces su valor
Teniendo en cuenta, por ejemplo, que una vivienda de Astilleros que se compró hace seis años por 60.000 euros ahora puede valer en el mercado libre cinco veces más, o sea, 350.000 euros, la multa 'merece la pena'.
La polémica Ley de Vivienda Protegida, que preveía que el Gobierno regional iba a ejercer el derecho de tanteo y retracto que hasta ahora no había ejercido, no se ha puesto en práctica y las viviendas, en muchas ocasiones, se subarriendan o traspasan por debajo de la Ley.
La asociación de vecinos de Astilleros es consciente de que hay muchos casos de fraude, pero piden que la responsabilidad de la denuncia recaiga sobre la administración pública y no sobre los propios residentes, para evitar situaciones de conflicto, amenazas y disputas en general.
Además, el presidente de la asociación de vecinos, Luis Arenal, asegura que no son más de 200 las viviendas desocupadas, sino cerca de setenta y que a estos propietarios en su día se les requirió la documentación para que justificaran su ausencia de los domicilios.
Entre los vecinos, hay reticencias a la hora de hablar. Muchos saben de buzones donde la propaganda rebosa y cae al suelo y donde nunca hay ropa en los tendederos, pero no se denuncia por miedo al conflicto.
El concejal de Hacienda asegura que este es un asunto «delicado y serio» sobre todo teniendo en cuenta la falta de viviendas -protegidas, pero también libres- que hay en Cádiz.
Recordó que en algunos casos las viviendas protegidas se están convirtiendo en «viviendas de renta libre encubiertas», ya que las ventas se realizan «por debajo de la mesa y en dinero negro».
«Creo que se deberían tomar medidas, porque las viviendas protegidas están construidas con dinero público», manifestó el edil.
Fuente: lavoz.com (16/01/07)
Irregularidades en VPO:
No ocupar el piso a los tres meses de adjudicarlo.
No destinar el piso a primera vivienda.
MULTAS
La Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo prevé multas para las sanciones graves y muy graves.
Falta grave: Entre 3.000 y 30.000 euros.
Falta muy grave: Entre 30.000 y 120.000 euros.
Asi esta el asunto
El Ayuntamiento de Cádiz asegura que lleva más de un año requiriendo a la Junta de Andalucía que realice las inspecciones pertinentes para detectar si las viviendas vacías de Astilleros continúan sin ocuparse. Según el concejal de Hacienda, José Blas Fernández (PP), no se ha recibido desde entonces «ni una respuesta por escrito».
Las competencias en materia de vivienda protegida, recordó, son de la Junta de Andalucía. «Y no se trata de construir viviendas y luego olvidarse», señaló. Las inspecciones para detectar fraudes también corresponden a la administración regional.
En cualquier caso, el edil del PP reconoce que el proceso es largo, difícil y además «hay miedo a dar nombres de los que no están ocupando las casas». Esto se debe, asegura, a que la Ley prevé para este tipo de infracciones multas que suponen una menor cuantía que el beneficio que se va a obtener de la casa cuando ésta se libere y pase a renta libre una vez que concluya el proceso sancionador.
En la Ley Regional de Vivienda Protegida se califica como una infracción grave no ocupar la casa adjudicada en el periodo legal establecido (tres meses), pero se considera muy grave «no destinar a domicilio habitual y permanente o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses las viviendas protegidas y, en todo caso, dedicarlas a usos no autorizados o alterar el régimen de uso de las mismas».
También, por cierto, se califica como falta muy grave «la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a la persona que compre o arriende una vivienda protegida en concepto de precio máximo de venta o de alquiler».
Lo que ocurre es que estas sanciones prevén multas que si bien a primera vista son cuantiosas, son en cualquier caso inferiores a los beneficios que podrían sacarse de la venta de las viviendas una vez queden liberadas.
Así, las infracciones graves -no ocupar la vivienda antes de que transcurran tres meses desde la adjudicación- se penalizan con multas entre 3.000 y 30.000 euros. Y las muy graves, con multas de entre 30.000 y 120.000 euros.
Cinco veces su valor
Teniendo en cuenta, por ejemplo, que una vivienda de Astilleros que se compró hace seis años por 60.000 euros ahora puede valer en el mercado libre cinco veces más, o sea, 350.000 euros, la multa 'merece la pena'.
La polémica Ley de Vivienda Protegida, que preveía que el Gobierno regional iba a ejercer el derecho de tanteo y retracto que hasta ahora no había ejercido, no se ha puesto en práctica y las viviendas, en muchas ocasiones, se subarriendan o traspasan por debajo de la Ley.
La asociación de vecinos de Astilleros es consciente de que hay muchos casos de fraude, pero piden que la responsabilidad de la denuncia recaiga sobre la administración pública y no sobre los propios residentes, para evitar situaciones de conflicto, amenazas y disputas en general.
Además, el presidente de la asociación de vecinos, Luis Arenal, asegura que no son más de 200 las viviendas desocupadas, sino cerca de setenta y que a estos propietarios en su día se les requirió la documentación para que justificaran su ausencia de los domicilios.
Entre los vecinos, hay reticencias a la hora de hablar. Muchos saben de buzones donde la propaganda rebosa y cae al suelo y donde nunca hay ropa en los tendederos, pero no se denuncia por miedo al conflicto.
El concejal de Hacienda asegura que este es un asunto «delicado y serio» sobre todo teniendo en cuenta la falta de viviendas -protegidas, pero también libres- que hay en Cádiz.
Recordó que en algunos casos las viviendas protegidas se están convirtiendo en «viviendas de renta libre encubiertas», ya que las ventas se realizan «por debajo de la mesa y en dinero negro».
«Creo que se deberían tomar medidas, porque las viviendas protegidas están construidas con dinero público», manifestó el edil.
Fuente: lavoz.com (16/01/07)
El alquiler de vivienda subió un 4,5% en el año 2006
Los precios del alquiler de vivienda aumentaron un 4,5% en 2006, lo que supone casi dos puntos por encima del índice general del IPC, que se situó en el 2,7%. Estas cifras ponen de manifiesto que la renta disponible de los españoles no se ve únicamente mermada por el aumento de los precios de compra de las viviendas, sino que los que optan por el alquiler también tienen que hacer un esfuerzo cada vez mayor para hacer frente a dicho pago. A pesar del continuo encarecimiento de los precios del alquiler, el Ministerio de Vivienda sigue teniendo entre sus principales objetivos el fomento de este mercado como alternativa a la compra.
Para ello, el Ejecutivo aplicará a partir de este año, aprovechando la entrada en vigor del nuevo IRPF, una exención total en este impuesto de las rentas inmobiliarias procedentes de alquileres a jóvenes menores de 35 años, con el objetivo de incrementar la oferta de pisos de alquiler. El Ministerio incrementará en un 167% las ayudas destinadas a inquilinos para este año, hasta las 16.000, y a propietarios, hasta un total de 2.800.
Fuente: La Razón (15/01/2007)
Para ello, el Ejecutivo aplicará a partir de este año, aprovechando la entrada en vigor del nuevo IRPF, una exención total en este impuesto de las rentas inmobiliarias procedentes de alquileres a jóvenes menores de 35 años, con el objetivo de incrementar la oferta de pisos de alquiler. El Ministerio incrementará en un 167% las ayudas destinadas a inquilinos para este año, hasta las 16.000, y a propietarios, hasta un total de 2.800.
Fuente: La Razón (15/01/2007)
Hacienda estudia aplicar un recargo de hasta el 50% sobre el IBI para las viviendas desocupadas
El Ministerio de Economía y Hacienda está estudiando el desarrollo del reglamento necesario para poder aplicar un recargo de hasta el 50% sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), contemplado en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en el caso de las viviendas que se encuentren desocupadas, según informaron fuentes ministeriales.
Este desarrollo de la ley aprobada por el PP en 2002 pasa por definir qué es una vivienda vacía para poder discriminar sobre qué viviendas se aplicará la medida.
Así, la norma establece que 'tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del impuesto'.
Desde Hacienda se apunta que por el momento se está estudiando el desarrollo de esta regulación, que quedó pendiente tras la salida de los 'populares' del Gobierno.
Asimismo, fuentes ministeriales afirmaron que el gabinete dirigido por el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ha buscado referencias de normas similares en la legislación de otros países, europeos y no europeos, si bien no ha encontrado una regulación similar en ninguna de ellas.
Desde la inclusión en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de este posible recargo, muchos ayuntamientos, entre ellos los de Madrid y Barcelona, se han mostrado favorables a la adopción de esta medida, si bien su aplicación se ha visto frenada por las dificultades derivadas de la falta de una definición concreta de lo que es una vivienda vacía.
IU-ICV solicitó en septiembre de 2005 en el Congreso una modificación de la vigente ley para permitir a los ayuntamientos aumentar el gravamen del IBI para favorecer el alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.
La propuesta contemplaba una recargo de entre el 50% y el 150% de la cuota líquida del impuesto en función del número de ejercicios fiscales que la vivienda quede sometida a dicho recargo. Esta iniciativa fue rechazada por el Congreso, entre otros grupos por el PSOE, que la desestimó por discrepancias sobre lo que se podría entender como 'vivienda desocupada y de carácter permanente'.
Con todo, ERC y PSOE llegaron a un principio de acuerdo para que la Ley de Suelo, actualmente en trámite parlamentario, incluyese esta medida fiscal para garantizar la función social de la vivienda. Si bien, fuentes del PSOE precisaron que esta inclusión no se llegó a materializar ya que la Ley de Suelo no es el marco correspondiente a este recargo, que tiene que estar contemplado en una norma fiscal.
Por otro lado, el 4,6% de los municipios que han acordado en sus respectivos plenos aplicar el recargo en el IBI a la espera del desarrollo reglamentario preceptivo, se encuentran en Cataluña, y suman 84 de los 184 registrados en todas España, según cifras correspondientes al año 2006 del Catastro. Otros 37 (20,1%) se encuentran en Andalucía y 13 (7%) en Extremadura.
Los 50 municipios restantes se reparten entre Valencia (12), Castilla-La Mancha (9), Madrid (6), Islas Baleares (5), Asturias (4), Extremadura (4), Castilla y León (3), Canarias (2), Cantabria (2), y Murcia, La Rioja y Melilla, con un sólo municipio cada una.
Paralelamente, las comunidades autónomas se han propuesto movilizar el parque de viviendas desocupadas introduciendo medidas en sus planes de vivienda, como en el caso de Cataluña con el polémico proyecto de ley aprobado por el Gobierno autonómico por el que se podrían expropiar temporalmente viviendas deshabitadas.
El último caso ha tenido lugar en el País Vasco, donde se está estudiando incorporar al anteproyecto de Ley de Vivienda de la Comunidad una medida por la que los propietarios de viviendas que permanezcan vacías tendrán que pagar un canon de 9 euros al día, que será de 12 a partir del segundo año de desocupación.
Fuente: urbanoticias.com (15/01/07)
lunes, 15 de enero de 2007
Cádiz cuenta con los pisos más pequeños de la provincia
El precio medio de la vivienda en la provincia de Cádiz creció en el último trimestre del pasado año un 4,8 por ciento. Así lo refleja el último informe emitido por la Consultora Inmobiliaria Salvago, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2006.
En dicho análisis, refleja que las previsiones del Ministerio de Vivienda estimaba un crecimiento anual del 9,8 por ciento, con lo que, según Salvago, en Cádiz se frenó el precio de la vivienda casi en un 50 por ciento sobre las previsiones del Gobierno.
En el conjunto de la provincia de Cádiz, el precio medio de una vivienda que Salvago fija en 113,8 metros cuadrados construidos fue a fecha del mes de diciembre de 280.741 euros, lo que supone una repercusión de 2.466 euros el metro cuadrado construido.
En la capital gaditana, Salvago refleja que “la escasa oferta de suelo hace que los precios aumenten con mayor rapidez que en la provincia. Sin embargo, la oferta de Cádiz capital apenas supera los 240.000 euros por vivienda media, con superficies de 94,9 metros cuadrados construidos, las más pequeñas de toda la oferta provincial, salvo los núcleos turísticos de Chiclana y Chipiona”.
Con respecto al litoral costero, los municipios turísticos o de segunda residencia como El Puerto, Tarifa o Barbate (Zahara de los Atunes) mantienen una oferta de viviendas cuyo precio medio varia entre 400.000 y 470.000 euros. Su repercusión media por unidad de metro es cercana a los 3.000 euros el metro cuadrado, similar a Chiclana y Chipiona, “aunque en estos municipios al tener un tamaño menor, el precio del conjunto de las viviendas oscila sobre los 200.000 euros”, indica Salvago.La consultora refleja además que municipios más residenciales como San Fernando, Puerto Real en la costa o Jerez en el interior “tienen una oferta de viviendas cuyos precios oscilan entre los 264.000 y los 300.000 euros”.
En este sentido, indica que Jerez “mantiene la oferta de viviendas más amplia de la provincia y se configura junto a la costa como el eje más dinámico”. Según los datos aportados por Salvago, la mayor variación de precios con respecto a su último informe trimestral (de agosto a octubre de 2006) se produce en la ciudad de Sanlúcar, con un aumento del 11,94 por ciento, ya que pasó de 2.127 euros el metro cuadrado construido a los 2.381 en el mes de diciembre. Muy cerca se sitúa la ciudad de Chipiona donde el aumento fue del 11,51 por ciento, pasando de 2.696 euros el metro cuadrado a los 3.007 euros. Por contra, la ciudad que mayor descenso experimentó en los precios fue, según Salvago, Zahara de los Atunes. Si en el anterior informe trimestral era la segunda ciudad más cara de la provincia, con 3.420 euros el metro cuadrado, en diciembre se redujo un 13,07 por ciento, situándose el metro construido en 2.973 euros.
Según este informe, la ciudad donde más caro resultó en diciembre el metro cuadrado construido siguió siendo Tarifa, con 3.479 euros y un precio medio para una vivienda de 119,4 metros construidos de 415.376 euros. Sin embargo, a pesar del brusco descenso en los precios, en Zahara de los Atunes, por una vivienda de 158,1 metros construidos (la más extensa), el coste es de 470.087 euros, casi el doble de la media en la costa.
Fuente: www.diariodecadiz.es
domingo, 14 de enero de 2007
El Euribor cierra el 2006 en el 3,921%
Si el 2005 supuso el año de inflexión respecto a la tendencia a la baja que había presentado el Euribor hasta entonces, el 2006 ha confirmado la nueva tendencia alcista.
De esta forma ya son 15 los meses consecutivos en que este índice lleva subiendo, situándose en Diciembre de 2006 en el 3,921%. Es decir, una subida interanual del 1,138 puntos.
Evolución del euribor en los últimos doce meses
¿Qué es el Euribor? - Definición
Euribor es el acrónimo de "Europe Interbank Offered Rate", es decir, tipo europeo de oferta interbancaria. Se trata del tipo de interés aplicado a las operaciones entre bancos de toda Europa; esto significa que es el porcentaje que paga como tasa un banco cuando otro le deja dinero. El índice Euribor se calcula partiendo de los precios de oferta de los préstamos que se hacen entre sí los 64 principales bancos europeos.
El valor Euribor determina el tipo de interés variable que fijan los bancos para conceder una hipoteca.
De esta forma ya son 15 los meses consecutivos en que este índice lleva subiendo, situándose en Diciembre de 2006 en el 3,921%. Es decir, una subida interanual del 1,138 puntos.
Evolución del euribor en los últimos doce meses
¿Qué es el Euribor? - Definición
Euribor es el acrónimo de "Europe Interbank Offered Rate", es decir, tipo europeo de oferta interbancaria. Se trata del tipo de interés aplicado a las operaciones entre bancos de toda Europa; esto significa que es el porcentaje que paga como tasa un banco cuando otro le deja dinero. El índice Euribor se calcula partiendo de los precios de oferta de los préstamos que se hacen entre sí los 64 principales bancos europeos.
El valor Euribor determina el tipo de interés variable que fijan los bancos para conceder una hipoteca.
El exceso de oferta y la nueva normativa sobre suelo frenan la proliferación de inmobiliarias
El cambio de tendencia que está experimentando el mercado de la vivienda en españa está ya cobrándose sus primeras víctimas en el sector inmobiliario.
La mayor parte de las pequeñas y medianas empresas que se dedican a vender pisos ven como aumentan las dificultades de comercialización por la sobreoferta al mismo tiempo que se endurecen las condiciones de financiación de sus préstamos por la pérdida de valor de su materia prima: el suelo.
La decisión del ministerio de vivienda de eliminar el sistema de valoración del suelo en función de las expectativas de revalorización del mismo ha generado una revolución en el sector inmobiliario.
Las pymes que venden pisos temen que las entidades financieras aumenten el interés de los préstamos solicitados para la adquisición de los terrenos, con el correspondiente aumento de los costes empresariales. la "corrección del mercado español hará desaparecer la mitad de las agencias inmobiliarias", vaticina javier sierra, presidente de re/max
Fuente: Expansión (10/01/07)
La Ley contra el Fraude Fiscal pone trabas a los pequeños especuladores inmobiliarios
El especulador inmobiliario lo tiene un poco más difícil a la hora de realizar sus tratos, al menos en cuanto en la declaración de las ganancias a Hacienda.
La nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre, exige que los compradores demuestren ante notario cómo han pagado los bienes inmuebles que están a punto de escriturar. Esta norma afecta sobre todo a las promotoras de viviendas, por lo que muchas de ellas ya añadieron una cláusula en sus contratos en la que exigen al comprador que no vuelva a vender hasta que no haya escriturado. De esta forma se pone punto y final a la extendida práctica de dar el pase a una vivienda y se termina con los pequeños especuladores inmobiliarios.
El notario Joaquín Mateo trata de ilustrar con un ejemplo uno de los casos que más dudas presenta a la hora de formalizar las escrituras de compraventa de un inmueble, sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, el pasado 1 de diciembre. 'Una promotora vende un piso a un particular (A), que a su vez lo transfiere a otro (B). La inmobiliaria vende a (A) en 100.000 euros y deja por cobrar 80.000. (A) da el pase a (B) a cambio de una cantidad y a través de la realización de un contrato privado, de manera que recibe lo ya satisfecho más 10.000 euros de beneficio. Por su parte, (B) se compromete a pagar a la promotora los 80.000 euros, a la vez que se subroga a la hipoteca'. Ésta es la técnica conocida como 'dar el pase' o 'dar el guante', acepción utilizada en la ciudad de Cádiz, y que ha supuesto pingües beneficios para los inversores inmobiliarios.
La dificultad está en que habitualmente el sujeto (A), el que compró sobre plano y pretende vender antes de la entrega de llaves, no quiere aparecer para evitar los cuantiosos impuestos. Y ahora la promotora está obligada a reflejar al primer comprador. Ahí llegan los problemas.
Con la nueva ley es imposible que el comprador desaparezca, porque la promotora tiene que identificar los pagos que cobra. De no ser así, ésta podría ser colaboradora del fraude y tener incidencias penales. De esta forma, la norma dificulta los pases. Por todo esto, se prevé que sean las propias empresas promotoras las que analicen sus ventas, para evitar que se les acuse de fraude fiscal y enfrentarse al fisco.
La ilegalidad que se comete cuando se realizan estas operaciones, o pases, radica en que éstas tienen que elevarse a público y tributar al 7 por ciento, además de incluirlo como ganancia patrimonial en la declaración de la renta, en torno al 20 por ciento o el 30 por ciento, con lo que se reduce sustancialmente el margen de ganancia para este tipo de inversores.
El delegado del Colegio de Notarios en Cádiz, Federico Linares, se ha mostrado un tanto crítico con esta nueva norma, ya que, en su opinión 'no va a la fuente del problema, de donde procede el dinero negro, y que es contra lo que pretende luchar esta ley'.
Por su parte, los fedatarios públicos advierten de que una primera consecuencia de la norma será la reducción del mercado de inversores. Marcial Bellido, director del Instituto de Práctica Empresarial (IPE) y experto en el mercado inmobiliario, constata que la norma ayudará a que las operaciones sean más transparentes y a reducir el fraude fiscal. Sin embargo, rompe una lanza en favor de los inversores. 'Compran cuando todavía no hay nada hecho y otros no lo hacen, se anticipan y luego venden a alguien que lo ve ya construido. También ocurre en la bolsa, no se debe ir contra el especulador'. Pero, al tiempo, reconoce que estas prácticas ayudan a inflacionar el sector, al crear 'un stock de vivienda que no tiene uso'.
Los propios notarios reconocen importantes dificultades para controlar los pactos entre particulares para ocultar dinero. Basta con que ambas partes estipulen un precio de escritura y el resto se entregue en negro, con el fin de reducir los impuestos. Llegado este punto, varios notarios consultados cuestionan el motivo por el que se defrauda este dinero. Y es que 'la carga impositiva es muy alta y a veces una cantidad pequeña de impuestos es la diferencia entre poder comprar una vivienda y no poder', señaló el notario Joaquín Mateo. Por ello, reclama que las ganancias derivadas del mayor control del fraude sirvan para reducir los impuestos de rentas bajas.
Hasta que llegue ese momento, el propio sector financiero confirma que, quizá por esa dificultad para controlar los acuerdos monetarios entre compradores y vendedores de bienes inmuebles, la aplicación de la nueva normativa estatal no se está dejando notar demasiado, por ahora, en las operaciones hipotecarias.
Así ocurre en Jerez, la ciudad que registra el ritmo constructor más destacado de toda la provincia. De hecho, según el último informe del Consejo Económico y Social (CES), Jerez absorbe el 46 por ciento de los contratos del sector construcción en la Bahía de Cádiz.
Teniendo en cuenta estas cifras, el número de hipotecas firmadas desde diciembre pasado se mantienen estable, sin cambios respecto respecto al periodo anterior a la entrada en vigor de la Ley de Fraude Fiscal. Según fuentes del sector financiero, los férreos requisitos impuestos por esta normativa no está disuadiendo demasiado a los inversores y, en principio, lo único que ha cambiado es que las partes actuantes, compradores y vendedores, están incluyendo en las escrituras de las propiedades a transferir cantidades que, antes, se habrían entregado como dinero negro.
Otras fuentes bancarias indican que, de todas formas, está claro que todavía se siguen pagando viviendas y demás bienes inmuebles -especialmente de nueva construcción, muy numerosos en Jerez respecto al resto de la provincia- con dinero B y sin declarar a Hacienda. Insisten estas fuentes en que 'a efectos reales, se está notando muy poco la nueva ley, la gente sigue pidiendo créditos para adquirir una vivienda sin que esta normativa suponga un freno', aunque advierten que aún es pronto y los cambios 'se acabarán notando con el tiempo'.
Fuente: Terra Actualidad - VMT (10/01/07)
Sevilla fue la capital andaluza donde más se encareció la vivienda, un 15,4% más. Y Cádiz es la segunda capital andaluza más cara.
La capital hispalense registró la mayor subida del precio de la vivienda de Andalucía, con un 15,4 por ciento de incremento, de forma que el costo del metro cuadrado pasa de 2.118 a 2.445 euros desde diciembre de 2005 hasta diciembre de 2006, según informó hoy Sociedad de Tasación (ST).
Según el estudio de ST, recogido por Europa Press, el precio de la vivienda en Sevilla durante 2006 superó la media de la comunidad autónoma, cifrada en un 11, 8 por ciento de incremento respecto a 2005, que se sitúa a su vez dos puntos por encima de la media nacional -9,8 por ciento-.
Por zonas, en el centro de la capital se concentran las viviendas más caras, con un precio máximo de 5.801 euros el metro cuadrado, mientras que en el distrito Triana-Los Remedios alcanzan los 5.620 euros y, en la zona de Sevilla Sur y Bellavista, 5.410 euros.
En cuanto a los precios mínimos, se ubican en las zonas de Sevilla Este, Cerro del Águila, Amate y Parque Alcosa -1.424 euros-, seguidas de Macarena, Pino Montano y San Jerónimo -1.696 euros-.
Los precios se disparan en varios municipios
En la provincia, Morón de la Frontera y Utrera experimentaron durante 2006 los mayores incrementos en el precio de la vivienda, con subidas del 28,1 y el 24,4 por ciento, respectivamente.
Del mismo modo, municipios como Écija -1.213 euros-- y Alcalá de Guadaíra -1.755 euros- registraron subidas superiores al 22 por ciento, que en el caso de la localidad astigitana alcanzaron el 22,8 por ciento.
Dos Hermanas -1.681 euros- y Mairena del Aljarafe -1.617 euros-- son los dos municipios de entre 25.000 y 50.000 habitantes que alcanzan los mayores precios medios, aunque las subidas están en todos los casos por encima de la media de la capital.
Cádiz, la segunda capital andaluza más cara
En toda Andalucía, el precio medio pasó de los 1.916 euros por metro cuadrado construido registrado en diciembre de 2005 a los 2.142 euros en diciembre de 2006, lo que equivale a 214.200 euros para una vivienda de tipo medio de 100 metros cuadrados.
Junto a Sevilla, Cádiz fue otra de las capitales de provincia que registró una mayor subida en el precio de la vivienda nueva en 2006 en la comunidad autónoma, con un 13,4 por ciento, seguida de Granada -11,8 por ciento- y Málaga -9,9 por ciento-.
Las ciudades que experimentaron menores incrementos fueron Jaén, con un 6, 4 por ciento, Huelva, con un 8,2 por ciento, y Almería y Córdoba, con un 9,8 por ciento.
Además, las dos capitales de provincia más caras durante 2006 fueron Sevilla, con 2.445 euros por metro cuadrado construido, y Cádiz, con 2.260 euros; mientras que Jaén y Huelva fueron las más baratas, con un precio medio de 1.667 y 1.779 euros, respectivamente.
Por su parte, Granada cerró el ejercicio con un precio de 2.125 euros por metro cuadrado construido; Málaga, con 2.112 euros; Almería, con 1.965; y Córdoba, con 1.927.
Fuente: abc.es (02/01/07)
Según el estudio de ST, recogido por Europa Press, el precio de la vivienda en Sevilla durante 2006 superó la media de la comunidad autónoma, cifrada en un 11, 8 por ciento de incremento respecto a 2005, que se sitúa a su vez dos puntos por encima de la media nacional -9,8 por ciento-.
Por zonas, en el centro de la capital se concentran las viviendas más caras, con un precio máximo de 5.801 euros el metro cuadrado, mientras que en el distrito Triana-Los Remedios alcanzan los 5.620 euros y, en la zona de Sevilla Sur y Bellavista, 5.410 euros.
En cuanto a los precios mínimos, se ubican en las zonas de Sevilla Este, Cerro del Águila, Amate y Parque Alcosa -1.424 euros-, seguidas de Macarena, Pino Montano y San Jerónimo -1.696 euros-.
Los precios se disparan en varios municipios
En la provincia, Morón de la Frontera y Utrera experimentaron durante 2006 los mayores incrementos en el precio de la vivienda, con subidas del 28,1 y el 24,4 por ciento, respectivamente.
Del mismo modo, municipios como Écija -1.213 euros-- y Alcalá de Guadaíra -1.755 euros- registraron subidas superiores al 22 por ciento, que en el caso de la localidad astigitana alcanzaron el 22,8 por ciento.
Dos Hermanas -1.681 euros- y Mairena del Aljarafe -1.617 euros-- son los dos municipios de entre 25.000 y 50.000 habitantes que alcanzan los mayores precios medios, aunque las subidas están en todos los casos por encima de la media de la capital.
Cádiz, la segunda capital andaluza más cara
En toda Andalucía, el precio medio pasó de los 1.916 euros por metro cuadrado construido registrado en diciembre de 2005 a los 2.142 euros en diciembre de 2006, lo que equivale a 214.200 euros para una vivienda de tipo medio de 100 metros cuadrados.
Junto a Sevilla, Cádiz fue otra de las capitales de provincia que registró una mayor subida en el precio de la vivienda nueva en 2006 en la comunidad autónoma, con un 13,4 por ciento, seguida de Granada -11,8 por ciento- y Málaga -9,9 por ciento-.
Las ciudades que experimentaron menores incrementos fueron Jaén, con un 6, 4 por ciento, Huelva, con un 8,2 por ciento, y Almería y Córdoba, con un 9,8 por ciento.
Además, las dos capitales de provincia más caras durante 2006 fueron Sevilla, con 2.445 euros por metro cuadrado construido, y Cádiz, con 2.260 euros; mientras que Jaén y Huelva fueron las más baratas, con un precio medio de 1.667 y 1.779 euros, respectivamente.
Por su parte, Granada cerró el ejercicio con un precio de 2.125 euros por metro cuadrado construido; Málaga, con 2.112 euros; Almería, con 1.965; y Córdoba, con 1.927.
Fuente: abc.es (02/01/07)
El incremento de precios en la vivienda en 2007 se mantendrá entre el 8% y el 10%, según APEI
Los expertos inmobiliarios mantienen que ello se debe a que la desaceleración no se ha trasladado todavía a los precios del suelo
Debido a que la desaceleración que comenzó a experimentar el precio de la vivienda desde el segundo trimestre de 2006 no se ha trasladado aún a los costes del suelo, el incremento de precios a lo largo de 2007 se mantendrá entre el 8% y el 10%, según afirmó hoy Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España (APEI).
El presidente de la asociación señaló que los promotores "han comprado caro y los presupuestos de construcción siguen siendo altos", por lo que de momento se frenará una mayor ralentización de los precios de la vivienda. Además, los solares siguen teniendo una demanda "muy importante", lo que mantiene el alza de sus precios, añadió.
A pesar de la reciente subida del precio de referencia de la vivienda protegida en un 4,7%, actualmente es "imposible" construir este tipo de vivienda en el sector privado porque no existe suelo a precio de VPO, apuntó Martínez. El incremento establecido "no supone una cantidad importante", más aún si se tiene en cuenta que con la entrada en vigor a partir de marzo de todos los documentos básicos del Código Técnico de Edificación (CTE) pendientes se darán aumentos superiores en los costes de construcción, explicó el presidente de APEI.
La oferta de viviendas existente en la actualidad "es difícil de parar", aseguró Martínez, que consideró improbable que a lo largo de 2007 se dé una completa adecuación de ésta con una demanda que presenta signos de ralentización desde el segundo semestre del 2006. No hay factores que incidan "tan directamente" sobre la oferta como sobre la demanda, con lo que su ralentización será mucho más progresiva, indicó la citada fuente. Por lo que se refiere a la demanda, el presidente de los expertos inmobiliarios confirmó una ralentización que se está reflejando en unos plazos cada vez más amplios de venta de las viviendas, tanto nuevas como de segunda mano.
La ralentización de la demanda ya se ha hecho patente en el caso de la población extranjera que tradicionalmente compraba viviendas en el litoral español, según opinó Martínez, que consideró que el extranjero es actualmente "más vendedor que comprador".
Fuente: Consumer Eroski (04/01/2007)
Debido a que la desaceleración que comenzó a experimentar el precio de la vivienda desde el segundo trimestre de 2006 no se ha trasladado aún a los costes del suelo, el incremento de precios a lo largo de 2007 se mantendrá entre el 8% y el 10%, según afirmó hoy Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España (APEI).
El presidente de la asociación señaló que los promotores "han comprado caro y los presupuestos de construcción siguen siendo altos", por lo que de momento se frenará una mayor ralentización de los precios de la vivienda. Además, los solares siguen teniendo una demanda "muy importante", lo que mantiene el alza de sus precios, añadió.
A pesar de la reciente subida del precio de referencia de la vivienda protegida en un 4,7%, actualmente es "imposible" construir este tipo de vivienda en el sector privado porque no existe suelo a precio de VPO, apuntó Martínez. El incremento establecido "no supone una cantidad importante", más aún si se tiene en cuenta que con la entrada en vigor a partir de marzo de todos los documentos básicos del Código Técnico de Edificación (CTE) pendientes se darán aumentos superiores en los costes de construcción, explicó el presidente de APEI.
La oferta de viviendas existente en la actualidad "es difícil de parar", aseguró Martínez, que consideró improbable que a lo largo de 2007 se dé una completa adecuación de ésta con una demanda que presenta signos de ralentización desde el segundo semestre del 2006. No hay factores que incidan "tan directamente" sobre la oferta como sobre la demanda, con lo que su ralentización será mucho más progresiva, indicó la citada fuente. Por lo que se refiere a la demanda, el presidente de los expertos inmobiliarios confirmó una ralentización que se está reflejando en unos plazos cada vez más amplios de venta de las viviendas, tanto nuevas como de segunda mano.
La ralentización de la demanda ya se ha hecho patente en el caso de la población extranjera que tradicionalmente compraba viviendas en el litoral español, según opinó Martínez, que consideró que el extranjero es actualmente "más vendedor que comprador".
Fuente: Consumer Eroski (04/01/2007)
El Catastro calculará el precio real de cada vivienda
El objetivo es localizar posibles infracciones. Se declara la guerra contra el fraude inmobiliario.
Este programa, que ya se ha iniciado y tiene previsto durar hasta 2008, pretende que la Administración cuente con datos actualizados que reflejen, lo más fielmente posible, el precio real que se está pagando por los pisos en el mercado libre.
La iniciativa está bastante adelantada en Madrid y La Coruña, y en fase inicial en Sevilla y poblaciones de Castilla-La Mancha.
Para realizar el cálculo, Hacienda cuenta con un programa informático desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid. La base de cálculo son las escrituras públicas firmadas por cada contribuyente, que son sometidas a un proceso de revisión.
Desde Hacienda se entiende que el 85% de los valores reflejados en las escrituras están desfasados, por lo que toman como referencia el 15% restante que ha sido comparado con otras variables como valores de tasación privados y escrituras de inmuebles cercanos.
Tras obtener el precio que Hacienda considera "objetivo" para un bloque de viviendas, se procede a cotejar el valor declarado de cada inmueble con los de referencia.
Paralelamente, el Catastro también está recopilando datos de las ofertas inmobiliarias que se publican en los diarios y en Internet para compararlos con el precio de escritura.
Si bien el nuevo cálculo no afectará en el pago del IBI (impuesto de bienes inmuebles), sí que afectará a otros impuestos como el de transmisiones patrimoniales, de competencia autonómica, o en el IRPF.
Fuente: Cinco Días (02/01/07)
El precio básico del Plan Vivienda se incrementa un 4,7%, hasta los 728 euros
El Consejo de Ministros acordó incrementar un 4,7% la cuantía del precio básico del Plan Vivienda, que sirve de referencia a las comunidades autónomas para establecer los precios máximos de VPO de nueva construcción, al fijarlo en 728 euros por metro cuadrado de superficie útil frente a los 695,19 euros vigentes.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla también tomarán dicho precio como referencia para determinar los precios máximos de venta de las viviendas usadas acogidas al Plan y los presupuestos máximos de las obras de rehabilitación protegida, de acuerdo con este nuevo baremo.
A efectos de las Islas Canarias, y debido a su condición de insularidad ultra periférica en el ámbito de la UE, la cuantía aplicable del precio básico será un 10% superior a la establecida como precio básico con carácter general.
Fuente: urbanoticias.com (02/01/07)
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla también tomarán dicho precio como referencia para determinar los precios máximos de venta de las viviendas usadas acogidas al Plan y los presupuestos máximos de las obras de rehabilitación protegida, de acuerdo con este nuevo baremo.
A efectos de las Islas Canarias, y debido a su condición de insularidad ultra periférica en el ámbito de la UE, la cuantía aplicable del precio básico será un 10% superior a la establecida como precio básico con carácter general.
Fuente: urbanoticias.com (02/01/07)
El valor medio de la vivienda se situó en 219.000 euros en 2006
El precio del metro cuadrado se elevó hasta los 1.785 euros
El valor medio de la vivienda se sitúo el año pasado en 219.000 euros, lo que supone un incremento medio del 13,3% con respecto al año anterior, según datos del Banco de España. El valor del metro cuadrado se elevó hasta los 1.785 euros y el tamaño medio de las viviendas tasadas fue de 123 metros cuadrados.Las 59 sociedades de tasación existentes en nuestro país realizaron más de 1,8 millones de tasaciones de bienes en 2006 por un valor de 747.000 millones de euros, cifra que representó un 30% de incremento respecto a 2004.Asimismo, la tasación de viviendas representó el 78,8% del número total y el 42% del importe de todas las valoraciones efectuadas. Es decir, unos 314.000 millones de euros, con un crecimiento del 25,9%, cifra similar a la de 2004.La distribución de las tasaciones por autonomías puso de manifiesto el peso de Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, que acumularon conjuntamente el 65,8% de las tasaciones.
Fuente: Consumer Eroski (31/12/2006)
Nos hemos migrado a la nueva versión de Blogger
Durante el periódo navideño nos hemos migrado a la nueva versión de blogger para dar más agilidad a nuestro blog.
Nuestros colaboradores vuelven a estar operativos.
Nuestros colaboradores vuelven a estar operativos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
