B) Cadiz, a la cabeza de las 3.041 intervenciones en materia de construcciones ilegales realizadas por el Seprona en Andalucia

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha realizado 3.041 intervenciones en materia de construcciones ilegales en Andalucía desde enero de 2005 hasta septiembre de este año, de las que se ha derivado la puesta a disposición judicial de 673 personas.

Según informan en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, y el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Antonio Dichas, el Seprona está trabajando en esta materia 'por los daños medioambientales que provoca construir sin los permisos pertinentes' y no por los posibles delitos urbanísticos que puedan derivar y que son competencia de las autoridades judiciales una vez que se abren las diligencias.

Por provincias, Sevilla fue en la que los agentes detectaron más viviendas ilegales, con 1.400, más parcelaciones ilegales, con 309, y más infracciones penales, con 90. En cuanto a las infracciones administrativas, la mayoría los abrieron en Málaga, con 2.083, mientras que el mayor número de detenidos se registró en Cádiz, con 214 personas puestas a disposición judicial. Por último, la provincia con más municipios afectados por estas irregularidades fue Almería, con 30 localidades.

En cuanto a los datos que hacen referencia a la provincia gaditana, el Seprona ha registrado 211 intervenciones en 21 municipios, detectando 231 urbanizaciones y viviendas en situación irregular, así como 51 parcelaciones ilegales.

De las innumerables actuaciones se desprende, según el Cuerpo Benemérito, que existe un sinfín de anomalías asociadas a las construcciones ilegales: crecimiento irregular y a espaldas de la Ley, degeneración de espacios protegidos y daño al medio ambiente, defraudaciones de luz y agua, estafas, evasión de impuestos, daños colaterales imprevisibles o proliferación de espacios dedicados a residuos incontrolados.

Las construcciones ilegales detectadas no están acogidas a los planes urbanísticos de los ayuntamientos donde se ha intervenido. En algunos casos han sido los propios consistorios los que han pedido la actuación de la Guardia Civil.

Además, los agentes han denunciado a propietarios que toman la luz de líneas en mal estado, con el consiguiente riesgo para la población. Instalaciones desmanteladas por tener cables sueltos, sin garantías de seguridad y propicios para provocar incendios forestales. En cuanto al agua, los parcelistas la extraen de pozos sin autorización y con el consiguiente daño para los acuíferos andaluces.

Estas casas han sido construidas en espacios protegidos. Otras, en terrenos de uso ganadero, forestal, en zonas de servidumbre... Incluso, se ha detectado alguna construcción en terrenos muy próximos al Coto de Doñana. Edificaciones realizadas sin licencia de obra, sin los visados y supervisión del Colegio de Arquitectos, etc. En definitiva, a espaldas de la Ley.

El último caso más significativo se ha detectado en Grazalema, donde la Guardia Civil, en el marco de la operación Pinsapar, pusieron a disposición de la Autoridad Judicial a cinco personas, una de ellas el ex arquitecto municipal de Grazalema, por los delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental y cohecho.

Durante el pasado mes de agosto, efectivos de la Guardia Civil de Cádiz llevaron a cabo un servicio en Medina Sidonia, a fin de atajar las prácticas de parcelaciones ilegales en el núcleo rural de San José de Malcocinado. Como consecuencia de dicho servicio se levantaron un total de 27 actas por supuestas infracciones a las leyes sobre Ordenación del Territorio y sobre Ordenación Urbanística.

El general Antonio Dichas explicó el modo de proceder de los agentes, quienes 'con denuncia o sin ella' levantan acta de la posible irregularidad y realizan un estudio fotográfico, tras lo que se procede al envío de las diligencias a la Fiscalía de Medio Ambiente para que ejecute las actuaciones.

Fuente:urbaniza.com (20/10/06)