Los edificios de bajo consumo energético, también llamados 'casas pasivas', comenzarán a construirse en Europa a finales de 2008, con una total expansión en 2015, en el marco del Plan de Acción y Eficiencia Energética de la Comisión Europea, que pretende reducir en un 20% el consumo energético antes de 2020, informó la Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido (IPUR).
Estas viviendas se caracterizan por su elevado aislamiento, que evita el uso de calefacción y aire acondicionado, dos de los principales cauces de gasto energético, junto a la ventilación y la iluminación. No obstante, la Comisión Europea ha puesto especial énfasis en el ahorro energético en el área de la edificación, por cuanto representa un 40% del consumo energético total.
Además, a través del Plan, la UE ha propuesto una serie de medidas a desarrollar durante los próximos seis años, dirigidas a transformar el mercado energético, y que suponen una ampliación la directiva Energy Performance of Buildings, dispuesta para 2009, por la que se establecen requisitos mínimos tanto en edificios nuevos como en rehabilitación en materia energética.
Actualmente, Europa malgasta el 20% de su potencial energético, y, de seguir así, en el año 2020 el gasto total de energía podría suponer un coste adicional de 100 billones de euros, al margen de los daños medio ambientales que se ocasionarían. Más aún, las previsiones de la UE apuntan a que en la situación actual el consumo de energía aumentará cerca de un 10% en los próximos quince años.
Fuente: Europa Press (26/10/2006)
sábado, 28 de octubre de 2006
B) ¿Qué es la Vivienda Domótica?
Cada día es más normal disponer de una conexión de banda ancha en nuestras casas, y poco a poco nos vamos acostrumbrado a disponer de un mando a distancia para recoger las persionas o controlar la luz en diferentes habitaciones. Tal vez algunos hayáis ido hablar de frigoríficos que cuando detectan que falta algún alimento llaman al supermercado para reponer dicho producto.
Estamos hablando de las viviendas domóticas, es decir, viviendas informatizadas. El objetivo de estas viviendas es asegurar al usuario de la vivienda un aumento del confort, de la seguridad, del ahorro energético y de las facilidades de comunicación.
El personal de infografía del diario El País han editado un generado una interesante animación en formato flash que nos muestra que nos espera en los próximos años en el terreno de la domótica.
Fuente:elpais.es (20/10/06)
Estamos hablando de las viviendas domóticas, es decir, viviendas informatizadas. El objetivo de estas viviendas es asegurar al usuario de la vivienda un aumento del confort, de la seguridad, del ahorro energético y de las facilidades de comunicación.
El personal de infografía del diario El País han editado un generado una interesante animación en formato flash que nos muestra que nos espera en los próximos años en el terreno de la domótica.
Fuente:elpais.es (20/10/06)
:O El 'BOOM' arrastra al alquiler
Si los que viven de alquiler pensaban que estaban a salvo del 'boom' inmobiliario, los datos (por mucho que a veces no reflejen fielmente la realidad) demuestran que se equivocaban. Las rentas en España han subido un 4,3% en el último año, es decir, 1,4 puntos porcentuales por encima del Índice General de Precios al Consumo (IPC), según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
«Naturalmente, si cuesta más comprar una casa, este esfuerzo acaba reflejándose con el tiempo en las rentas», asegura Pedro Gamero, presidente de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa). «La nueva fiscalidad aplicada a la vivienda en alquiler, que ha favorecido que en los últimos 10 meses muchos promotores hayan iniciado proyectos de este tipo, tardará al menos cinco años en tener efectos en el mercado», agrega. Para entonces, el coste del arrendamiento podría moderarse gracias al aumento de oferta.
Mientras, la APCE propone aplicar un IVA del 0% sobre las rentas de alquiler.
Fecha: 20/10/2006 Fuente: Su Vivienda
«Naturalmente, si cuesta más comprar una casa, este esfuerzo acaba reflejándose con el tiempo en las rentas», asegura Pedro Gamero, presidente de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa). «La nueva fiscalidad aplicada a la vivienda en alquiler, que ha favorecido que en los últimos 10 meses muchos promotores hayan iniciado proyectos de este tipo, tardará al menos cinco años en tener efectos en el mercado», agrega. Para entonces, el coste del arrendamiento podría moderarse gracias al aumento de oferta.
Mientras, la APCE propone aplicar un IVA del 0% sobre las rentas de alquiler.
Fecha: 20/10/2006 Fuente: Su Vivienda
:) La nueva ley hipotecaria reducirá los costes de las hipotecas en torno al 40%
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, anunció ayer que la reforma de la Ley Hipotecaria reducirá del 1% al 0,5% la comisión máxima por cancelación anticipada de hipoteca en las firmadas a tipos de interés variable. En las suscritas a tipo fijo, este porcentaje del 0,5% solo podrá aumentarse en el caso de que los tipos de interés en el momento de la cancelación del préstamo estén por encima del tipo al que se contrató la hipoteca.
Vegara indicó que actualmente en las hipotecas firmadas a tipo fijo las entidades financieras tienen ‘libertad de comisiones’, con lo que la reforma viene a romper esta ‘simetría’ y sólo en el caso de que exista un ‘perjuicio’ para la entidad (que los tipos de interés hubieran subido respecto a los niveles a los que la entidad dio el préstamo a tipo fijo), prevalecerá la comisión prevista en el contrato, de lo contrario, se tendrá que rebajar al 0,5%.
Junto con esta reducción de las comisiones, la reforma de la Ley Hipotecaria, que entrará en vigor dentro de un año y que no tendrá carácter retroactivo, contempla una rebaja de los costes notariales y registrales en las cancelaciones, novaciones y subrogaciones de hipotecas, ya que las bonificaciones de que ahora disfrutan se elevarán al 90% en todos los casos (el tomador del préstamo sólo pagará el 10%), frente al 75% actual.
Además, en el caso de los aranceles notariales, los documentos de cuantía que existen en las escrituras y que tienen un coste determinado por un porcentaje de cada 1.000 euros, se sustituyen por ‘documentos sin cuantía’, que suponen una cantidad fija, con un mínimo de 30 euros (ahora son 90 euros), lo que, según Vegara, supondrá una rebaja de los costes notariales para los titulares de hipotecas.
En concreto, indicó que ambas medidas (la reducción de aranceles registrales y notariales) supondrán una rebaja del 40% para los titulares de una hipoteca media (unos 120.000 euros) respecto a la situación actual.
Igualmente, la reforma de la Ley Hipotecaria regulará la figura de la 'hipoteca inversa', que sólo podrá ser suscrita por personas mayores de 65 años o dependientes y que contempla que, aunque se agote la renta que aporta la entidad financiera en función del valor de tasación de la vivienda, el titular de la misma pueda seguir viviendo en su casa.
Al fallecimiento del adquiriente, los herederos tendrán dos posibilidades, o bien que la entidad ejecute la hipoteca, esto es, que los herederos vendan la vivienda, o bien que paguen la deuda que ha generado la hipoteca inversa y recuperen el inmueble. Además, la única garantía que tendrá el banco para recuperar el dinero es la hipoteca de la vivienda, pero nunca podrá ir contra cualquier otro bien de los herederos.
Además de la reducción del coste para los consumidores, Vegara apuntó que la reforma también contempla aumentar la ‘independencia’ de las tasadoras, estableciendo un ‘código de conducta interno’, reforzado en el caso de que la tasadora pertenezca a la propia entidad financiera. ‘Creemos que ahí, el funcionamiento es razonable, pero que hay algunos elementos que pueden mejorar’, añadió.
Vegara, que indicó que esta misma semana se elevará la reforma a información pública y que el Gobierno incorporará las propuestas que considere ‘razonables’ y respondan a la filosofía de la nueva ley, señaló que, tras la norma, se aprobará una Orden Ministerial que habilitará al ministro de Economía para establecer la ‘información mínima’ que deberán dar las entidades financieras a los tomadores de los préstamos hipotecarios.
En este sentido, precisó que, si bien se trata de un tema que aún está en discusión interna, es ‘bien lógico’ que las entidades puedan estar obligadas a hacer simulaciones de las nuevas cuotas que tendrán que pagar los consumidores ante movimientos de los tipos de interés, del tal manera que los ciudadanos tengan una ‘percepción adecuada’ del riesgo que están adquiriendo con la contratación a tipos variables o fijos.
Vegara afirmó que con esta reforma el Gobierno no pretende ‘impulsar’ los préstamos hipotecarios, que están alcanzando cifras récord en los últimos años, sino facilitar los mecanismos a través de los cuales las familias pueden contratar sus hipotecas.
‘Creemos que el funcionamiento del mercado hipotecario español es muy razonable y muy satisfactorio, sin embargo, pensamos que hay aspectos que son mejorables, y esto tiene que ver con la transparencia y la información que se proporciona a los consumidores a la hora de tomar un préstamo y con rebajar algo los costes de las nuevas hipotecas’, reiteró.
Sobre el endeudamiento de las familias, en la mayoría de los casos por la adquisición de viviendas, indicó que no hay una situación ‘unívoca’ en todas ellas, y que en su conjunto, los hogares españoles tienen una riqueza financiera que es más del doble de su nivel de deuda.
‘Esto no quiere decir que no haya familias en las que variaciones relativamente pequeñas de las tasas de interés puedan complicar más su situación económica’, insistió Vegara, tras indicar que, en cualquier caso, los aumentos que prevé el mercado sobre los tipos de interés ‘no parece que vayan a poner en circunstancias extremas al conjunto de las familias ni muchísimo menos’.
Fuente: urbanoticias.com (25/10/06)
Vegara indicó que actualmente en las hipotecas firmadas a tipo fijo las entidades financieras tienen ‘libertad de comisiones’, con lo que la reforma viene a romper esta ‘simetría’ y sólo en el caso de que exista un ‘perjuicio’ para la entidad (que los tipos de interés hubieran subido respecto a los niveles a los que la entidad dio el préstamo a tipo fijo), prevalecerá la comisión prevista en el contrato, de lo contrario, se tendrá que rebajar al 0,5%.
Junto con esta reducción de las comisiones, la reforma de la Ley Hipotecaria, que entrará en vigor dentro de un año y que no tendrá carácter retroactivo, contempla una rebaja de los costes notariales y registrales en las cancelaciones, novaciones y subrogaciones de hipotecas, ya que las bonificaciones de que ahora disfrutan se elevarán al 90% en todos los casos (el tomador del préstamo sólo pagará el 10%), frente al 75% actual.
Además, en el caso de los aranceles notariales, los documentos de cuantía que existen en las escrituras y que tienen un coste determinado por un porcentaje de cada 1.000 euros, se sustituyen por ‘documentos sin cuantía’, que suponen una cantidad fija, con un mínimo de 30 euros (ahora son 90 euros), lo que, según Vegara, supondrá una rebaja de los costes notariales para los titulares de hipotecas.
En concreto, indicó que ambas medidas (la reducción de aranceles registrales y notariales) supondrán una rebaja del 40% para los titulares de una hipoteca media (unos 120.000 euros) respecto a la situación actual.
Igualmente, la reforma de la Ley Hipotecaria regulará la figura de la 'hipoteca inversa', que sólo podrá ser suscrita por personas mayores de 65 años o dependientes y que contempla que, aunque se agote la renta que aporta la entidad financiera en función del valor de tasación de la vivienda, el titular de la misma pueda seguir viviendo en su casa.
Al fallecimiento del adquiriente, los herederos tendrán dos posibilidades, o bien que la entidad ejecute la hipoteca, esto es, que los herederos vendan la vivienda, o bien que paguen la deuda que ha generado la hipoteca inversa y recuperen el inmueble. Además, la única garantía que tendrá el banco para recuperar el dinero es la hipoteca de la vivienda, pero nunca podrá ir contra cualquier otro bien de los herederos.
Además de la reducción del coste para los consumidores, Vegara apuntó que la reforma también contempla aumentar la ‘independencia’ de las tasadoras, estableciendo un ‘código de conducta interno’, reforzado en el caso de que la tasadora pertenezca a la propia entidad financiera. ‘Creemos que ahí, el funcionamiento es razonable, pero que hay algunos elementos que pueden mejorar’, añadió.
Vegara, que indicó que esta misma semana se elevará la reforma a información pública y que el Gobierno incorporará las propuestas que considere ‘razonables’ y respondan a la filosofía de la nueva ley, señaló que, tras la norma, se aprobará una Orden Ministerial que habilitará al ministro de Economía para establecer la ‘información mínima’ que deberán dar las entidades financieras a los tomadores de los préstamos hipotecarios.
En este sentido, precisó que, si bien se trata de un tema que aún está en discusión interna, es ‘bien lógico’ que las entidades puedan estar obligadas a hacer simulaciones de las nuevas cuotas que tendrán que pagar los consumidores ante movimientos de los tipos de interés, del tal manera que los ciudadanos tengan una ‘percepción adecuada’ del riesgo que están adquiriendo con la contratación a tipos variables o fijos.
Vegara afirmó que con esta reforma el Gobierno no pretende ‘impulsar’ los préstamos hipotecarios, que están alcanzando cifras récord en los últimos años, sino facilitar los mecanismos a través de los cuales las familias pueden contratar sus hipotecas.
‘Creemos que el funcionamiento del mercado hipotecario español es muy razonable y muy satisfactorio, sin embargo, pensamos que hay aspectos que son mejorables, y esto tiene que ver con la transparencia y la información que se proporciona a los consumidores a la hora de tomar un préstamo y con rebajar algo los costes de las nuevas hipotecas’, reiteró.
Sobre el endeudamiento de las familias, en la mayoría de los casos por la adquisición de viviendas, indicó que no hay una situación ‘unívoca’ en todas ellas, y que en su conjunto, los hogares españoles tienen una riqueza financiera que es más del doble de su nivel de deuda.
‘Esto no quiere decir que no haya familias en las que variaciones relativamente pequeñas de las tasas de interés puedan complicar más su situación económica’, insistió Vegara, tras indicar que, en cualquier caso, los aumentos que prevé el mercado sobre los tipos de interés ‘no parece que vayan a poner en circunstancias extremas al conjunto de las familias ni muchísimo menos’.
Fuente: urbanoticias.com (25/10/06)
domingo, 22 de octubre de 2006
:( La vivienda de Cádiz es la más cara de Andalucía
En un año ha subido un 9,8%, superando a la media nacional El m2 de vivienda usada se eleva hasta los 2.345,50 euros
Por : Paco Montero
Los pisos en Cádiz son los más caros de Andalucía. Así se desprende de los datos ofrecidos por el Ministerio de Vivienda, que indican que la capital ostenta el dudoso honor de tener el metro cuadrado más caro de vivienda libre en toda la comunidad. En los pisos de hasta dos años de antigüedad el metro alcanza la prohibitiva cifra de 3.331 euros, mientras que los de más de dos años se sitúa en 2.345,50 euros. En Sevilla, por ejemplo, estos mismos precios son 2.870 y 1.977 euros/m² respectivamente, mientras que en Málaga los precios alcanzan los 2.614,70 y 1.947,40 euros/m². El precio medio de la vivienda libre en España está en 1.956,7 euros/m².
El precio de la vivienda sigue su ritmo ascendente de forma imparable y la escasez de suelo en la capital gaditana es el culpable de que se venda el metro cuadrado a precio de oro.
Según los datos del Ministerio de Vivienda correspondientes al tercer trimestre de este año, en los últimos 12 meses la vivienda en general (contando renta libre y VPO) ha subido un 9,8% en la capital gaditana. Esta subida es un 0,1% mayor que el incremento registrado en el territorio nacional, aunque está por debajo del alza de la comunidad andaluza, que alcanza el 10,2%.
Pese a que el Ministerio habla de un proceso de “desaceleración evidente” no se puede decir desde luego que los números en Cádiz sean positivos. De hecho, los pisos con menos de dos años de antigüedad han visto incrementarse su precio en un 17,21% y las de más de dos años, un 13,17% en un año.
Las ciudades con mayores precios son San Sebastián (4.076 euros/ m²), Madrid (3.717 euros/ m²), Majadahonda (3.500 euros/ m²) y Barcelona (3.482 euros/ m²).
Por primera vez en cinco años el precio general de la vivienda crece por debajo de los dos dígitos en España.
En los últimos 12 meses el incremento del índice general de precios fue del 9,7% frente al 10,6 % del trimestre anterior, con una disminución de 0,9 puntos. El precio de la vivienda libre se incrementó el 9,8%, siendo el menor incremento desde el segundo trimestre del año 2001. En cuanto al número de transacciones efectuadas el pasado año, el Ministerio de Vivienda afirma que de cada 10 viviendas que se compran seis son usadas y cuatro son nuevas.
En 2005 el parque de viviendas ascendía en España a 23.209.842 viviendas, de las que se estiman como viviendas principales 15.884.170 viviendas y como viviendas no principales 7.325.672. El incremento del parque el año pasado fue de 586.874 viviendas. Por el régimen de tenencia, respecto de las viviendas principales, en 2005 existían 12.992.650 viviendas en propiedad, 1.879.559 viviendas en alquiler, 398.107 en cesión y 613.854 en otras formas de tenencia. Estas cifras indican que durante 2004 y 2005 se han incorporado al régimen de alquiler 130.437 viviendas.
Fuente:vivacadiz.es
Por : Paco Montero
Los pisos en Cádiz son los más caros de Andalucía. Así se desprende de los datos ofrecidos por el Ministerio de Vivienda, que indican que la capital ostenta el dudoso honor de tener el metro cuadrado más caro de vivienda libre en toda la comunidad. En los pisos de hasta dos años de antigüedad el metro alcanza la prohibitiva cifra de 3.331 euros, mientras que los de más de dos años se sitúa en 2.345,50 euros. En Sevilla, por ejemplo, estos mismos precios son 2.870 y 1.977 euros/m² respectivamente, mientras que en Málaga los precios alcanzan los 2.614,70 y 1.947,40 euros/m². El precio medio de la vivienda libre en España está en 1.956,7 euros/m².
El precio de la vivienda sigue su ritmo ascendente de forma imparable y la escasez de suelo en la capital gaditana es el culpable de que se venda el metro cuadrado a precio de oro.
Según los datos del Ministerio de Vivienda correspondientes al tercer trimestre de este año, en los últimos 12 meses la vivienda en general (contando renta libre y VPO) ha subido un 9,8% en la capital gaditana. Esta subida es un 0,1% mayor que el incremento registrado en el territorio nacional, aunque está por debajo del alza de la comunidad andaluza, que alcanza el 10,2%.
Pese a que el Ministerio habla de un proceso de “desaceleración evidente” no se puede decir desde luego que los números en Cádiz sean positivos. De hecho, los pisos con menos de dos años de antigüedad han visto incrementarse su precio en un 17,21% y las de más de dos años, un 13,17% en un año.
Las ciudades con mayores precios son San Sebastián (4.076 euros/ m²), Madrid (3.717 euros/ m²), Majadahonda (3.500 euros/ m²) y Barcelona (3.482 euros/ m²).
Por primera vez en cinco años el precio general de la vivienda crece por debajo de los dos dígitos en España.
En los últimos 12 meses el incremento del índice general de precios fue del 9,7% frente al 10,6 % del trimestre anterior, con una disminución de 0,9 puntos. El precio de la vivienda libre se incrementó el 9,8%, siendo el menor incremento desde el segundo trimestre del año 2001. En cuanto al número de transacciones efectuadas el pasado año, el Ministerio de Vivienda afirma que de cada 10 viviendas que se compran seis son usadas y cuatro son nuevas.
En 2005 el parque de viviendas ascendía en España a 23.209.842 viviendas, de las que se estiman como viviendas principales 15.884.170 viviendas y como viviendas no principales 7.325.672. El incremento del parque el año pasado fue de 586.874 viviendas. Por el régimen de tenencia, respecto de las viviendas principales, en 2005 existían 12.992.650 viviendas en propiedad, 1.879.559 viviendas en alquiler, 398.107 en cesión y 613.854 en otras formas de tenencia. Estas cifras indican que durante 2004 y 2005 se han incorporado al régimen de alquiler 130.437 viviendas.
Fuente:vivacadiz.es
:O Al menos el 9% del parque inmobiliario es inversión puramente especulativa
La oferta de vivienda usada es muy amplia y resulta muy difícil de cuantificar. Pero se puede augurar un incremento de la citada variable en el corto plazo, derivado de las progresivas entregas de viviendas que se vayan realizando una vez que se consigan los certificados de fin de obra.
De hecho, existe una brecha entre los visados de nueva planta y la finalización de los inmuebles que cada año ronda los 200.000 pisos.
Según revela un estudio elaborado por la empresa de análisis inmobiliario RR de Acuña y Asociados al que tuvo acceso EXPANSIÓN, en esta oferta, el parque de viviendas especulativas –adquiridas con el único objetivo de venderlas después a un precio mayor al de compra– alcanza al menos el 9% del total nacional. Especialmente en las regiones costeras, las más afectadas, además de algunas zonas metropolitanas.
Hasta hace unos meses, cuando el mercado bursátil no pasaba por sus mejores tiempos y su rendimiento no alcanzaba ni los dos dígitos, frente al 15% actual, recurrir al mercado inmobiliario era la fórmula para lograr una inversión refugio.
De hecho, muchos de los compradores ni siquiera llegaban a hipotecar el valor del inmueble, pagando solamente la entrada, adquiriendo el piso o chalet sobre plano y vendiéndolo a un precio superior en cuestión de meses. Pero ahora, la dilatación de los plazos de venta como consecuencia del exceso de oferta, acompañado por un cierto enfriamiento de la demanda –derivada de la subida de los tipos de interés y del alto endeudamiento de las familias– ya no hace tan atractiva esta forma de ganar dinero.
El número de viviendas vacías estimadas en la actualidad es de 1.128.900 en las ciudades y de 638.770 en las provincias costeras, que representan respectivamente el 12% y el 19% del parque inmobiliario nacional.
Si se comparan estos porcentajes de pisos desocupados con las existentes en 1991 y 2001, los datos de la consultora inmobiliaria señalan que no ha existido una variación significativa en las casas vacías metropolitanas. Pero, en cambio, en las zonas de sol y playa, el volumen de viviendas desocupadas ha registrado un notable aumento en la citada década.
A medida que se va produciendo una contracción de la demanda, la tasa de crecimiento de los precios previsiblemente remitirá –los últimos datos del Ministerio de Vivienda así lo avalan –, lo que, según los expertos, desanimará a los compradores especulativos y acrecentará el problema de la sobreoferta.
Y es que existe un fuerte desajuste entre oferta y demanda, tanto en las áreas metropolitanas como en las zonas de costa. La brecha se ha producido principalmente por el lado de la oferta, dado el fuerte ritmo de la edificación de viviendas en los últimos años, lo que se hace especialmente relevante en aquellos segmentos de mercado con elevada presencia de casas cuyo destino no es la primera residencia.
Huida de inversión extranjera
En las provincias que dependen del turismo de sol y playa existe el problema añadido de la progresiva huida de los inversores extranjeros en inmuebles, debido al dinamismo de los precios de los pisos en comparación con los salarios de la Unión Europea. El mercado alemán, uno de los prioritarios para España, está viviendo un periodo de ajuste económico que lastra la confianza inversora y obliga a mirar de puertas para adentro, muchas veces deshaciendo posiciones en el mercado de vivienda español.
Pero si se observan las cifras de oferta costera, el mantenimiento de las mismas en tasas altas no refleja la fuga del capital foráneo. Esto se produce porque los compradores españoles han recogido el testigo, comprando inmuebles en zonas próximas al mar sin pensar en venderlos a corto plazo.
Por ello, esta oferta no ha sido incluida entre los cálculos de la capa especulativa, aunque podría convertirse en un problema para el mercado si se produce una caída del empleo, lo que obligaría a vender los citados inmuebles.
Fuente: Expansión (20/10/2006)
De hecho, existe una brecha entre los visados de nueva planta y la finalización de los inmuebles que cada año ronda los 200.000 pisos.
Según revela un estudio elaborado por la empresa de análisis inmobiliario RR de Acuña y Asociados al que tuvo acceso EXPANSIÓN, en esta oferta, el parque de viviendas especulativas –adquiridas con el único objetivo de venderlas después a un precio mayor al de compra– alcanza al menos el 9% del total nacional. Especialmente en las regiones costeras, las más afectadas, además de algunas zonas metropolitanas.
Hasta hace unos meses, cuando el mercado bursátil no pasaba por sus mejores tiempos y su rendimiento no alcanzaba ni los dos dígitos, frente al 15% actual, recurrir al mercado inmobiliario era la fórmula para lograr una inversión refugio.
De hecho, muchos de los compradores ni siquiera llegaban a hipotecar el valor del inmueble, pagando solamente la entrada, adquiriendo el piso o chalet sobre plano y vendiéndolo a un precio superior en cuestión de meses. Pero ahora, la dilatación de los plazos de venta como consecuencia del exceso de oferta, acompañado por un cierto enfriamiento de la demanda –derivada de la subida de los tipos de interés y del alto endeudamiento de las familias– ya no hace tan atractiva esta forma de ganar dinero.
El número de viviendas vacías estimadas en la actualidad es de 1.128.900 en las ciudades y de 638.770 en las provincias costeras, que representan respectivamente el 12% y el 19% del parque inmobiliario nacional.
Si se comparan estos porcentajes de pisos desocupados con las existentes en 1991 y 2001, los datos de la consultora inmobiliaria señalan que no ha existido una variación significativa en las casas vacías metropolitanas. Pero, en cambio, en las zonas de sol y playa, el volumen de viviendas desocupadas ha registrado un notable aumento en la citada década.
A medida que se va produciendo una contracción de la demanda, la tasa de crecimiento de los precios previsiblemente remitirá –los últimos datos del Ministerio de Vivienda así lo avalan –, lo que, según los expertos, desanimará a los compradores especulativos y acrecentará el problema de la sobreoferta.
Y es que existe un fuerte desajuste entre oferta y demanda, tanto en las áreas metropolitanas como en las zonas de costa. La brecha se ha producido principalmente por el lado de la oferta, dado el fuerte ritmo de la edificación de viviendas en los últimos años, lo que se hace especialmente relevante en aquellos segmentos de mercado con elevada presencia de casas cuyo destino no es la primera residencia.
Huida de inversión extranjera
En las provincias que dependen del turismo de sol y playa existe el problema añadido de la progresiva huida de los inversores extranjeros en inmuebles, debido al dinamismo de los precios de los pisos en comparación con los salarios de la Unión Europea. El mercado alemán, uno de los prioritarios para España, está viviendo un periodo de ajuste económico que lastra la confianza inversora y obliga a mirar de puertas para adentro, muchas veces deshaciendo posiciones en el mercado de vivienda español.
Pero si se observan las cifras de oferta costera, el mantenimiento de las mismas en tasas altas no refleja la fuga del capital foráneo. Esto se produce porque los compradores españoles han recogido el testigo, comprando inmuebles en zonas próximas al mar sin pensar en venderlos a corto plazo.
Por ello, esta oferta no ha sido incluida entre los cálculos de la capa especulativa, aunque podría convertirse en un problema para el mercado si se produce una caída del empleo, lo que obligaría a vender los citados inmuebles.
Fuente: Expansión (20/10/2006)
B) Cadiz, a la cabeza de las 3.041 intervenciones en materia de construcciones ilegales realizadas por el Seprona en Andalucia
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha realizado 3.041 intervenciones en materia de construcciones ilegales en Andalucía desde enero de 2005 hasta septiembre de este año, de las que se ha derivado la puesta a disposición judicial de 673 personas.
Según informan en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, y el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Antonio Dichas, el Seprona está trabajando en esta materia 'por los daños medioambientales que provoca construir sin los permisos pertinentes' y no por los posibles delitos urbanísticos que puedan derivar y que son competencia de las autoridades judiciales una vez que se abren las diligencias.
Por provincias, Sevilla fue en la que los agentes detectaron más viviendas ilegales, con 1.400, más parcelaciones ilegales, con 309, y más infracciones penales, con 90. En cuanto a las infracciones administrativas, la mayoría los abrieron en Málaga, con 2.083, mientras que el mayor número de detenidos se registró en Cádiz, con 214 personas puestas a disposición judicial. Por último, la provincia con más municipios afectados por estas irregularidades fue Almería, con 30 localidades.
En cuanto a los datos que hacen referencia a la provincia gaditana, el Seprona ha registrado 211 intervenciones en 21 municipios, detectando 231 urbanizaciones y viviendas en situación irregular, así como 51 parcelaciones ilegales.
De las innumerables actuaciones se desprende, según el Cuerpo Benemérito, que existe un sinfín de anomalías asociadas a las construcciones ilegales: crecimiento irregular y a espaldas de la Ley, degeneración de espacios protegidos y daño al medio ambiente, defraudaciones de luz y agua, estafas, evasión de impuestos, daños colaterales imprevisibles o proliferación de espacios dedicados a residuos incontrolados.
Las construcciones ilegales detectadas no están acogidas a los planes urbanísticos de los ayuntamientos donde se ha intervenido. En algunos casos han sido los propios consistorios los que han pedido la actuación de la Guardia Civil.
Además, los agentes han denunciado a propietarios que toman la luz de líneas en mal estado, con el consiguiente riesgo para la población. Instalaciones desmanteladas por tener cables sueltos, sin garantías de seguridad y propicios para provocar incendios forestales. En cuanto al agua, los parcelistas la extraen de pozos sin autorización y con el consiguiente daño para los acuíferos andaluces.
Estas casas han sido construidas en espacios protegidos. Otras, en terrenos de uso ganadero, forestal, en zonas de servidumbre... Incluso, se ha detectado alguna construcción en terrenos muy próximos al Coto de Doñana. Edificaciones realizadas sin licencia de obra, sin los visados y supervisión del Colegio de Arquitectos, etc. En definitiva, a espaldas de la Ley.
El último caso más significativo se ha detectado en Grazalema, donde la Guardia Civil, en el marco de la operación Pinsapar, pusieron a disposición de la Autoridad Judicial a cinco personas, una de ellas el ex arquitecto municipal de Grazalema, por los delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental y cohecho.
Durante el pasado mes de agosto, efectivos de la Guardia Civil de Cádiz llevaron a cabo un servicio en Medina Sidonia, a fin de atajar las prácticas de parcelaciones ilegales en el núcleo rural de San José de Malcocinado. Como consecuencia de dicho servicio se levantaron un total de 27 actas por supuestas infracciones a las leyes sobre Ordenación del Territorio y sobre Ordenación Urbanística.
El general Antonio Dichas explicó el modo de proceder de los agentes, quienes 'con denuncia o sin ella' levantan acta de la posible irregularidad y realizan un estudio fotográfico, tras lo que se procede al envío de las diligencias a la Fiscalía de Medio Ambiente para que ejecute las actuaciones.
Fuente:urbaniza.com (20/10/06)
lunes, 16 de octubre de 2006
:( El propietario de una vivienda tarda más de 18 meses en lograr el desahucio de un inquilino en casos de impago
El propietario de una vivienda tarda de media 18 meses y cinco días en lograr el desahucio de un inquilino en casos de impago, y suele reclamar unos 3.998,48 euros, cantidad que resulta de imposible cobro en la mayoría de los casos, según un estudio del despacho de abogados Alboreca.
Según el estudio, que ha tenido en cuenta alrededor de 10.000 sentencias de desahucio acumuladas hasta septiembre en el Registro de Arrendatarios Morosos Sentenciados (Reamse), gestionado por la firma, el plazo medio que tarda un propietario en presentar una demanda de este tipo es de 8 meses y 5 días.
La principal razón para la prolongación de este plazo, según Alboreca, es que el propietario suele ser reacio a acudir a los tribunales mientras sus posibilidades económicas no se ven perjudicadas por la situación de impago.
En este sentido, el estudio precisa que el importe de la renta no influye en el tiempo de reacción del arrendador, no así el conocimiento o no por su parte de este tipo de procedimientos. Así, una actuación rápida por parte del propietario suele dar lugar a una resolución de los problemas con el demandado sin la necesidad de llegar a un desahucio.
Por otro lado, el plazo medio desde la fecha de presentación de una demanda hasta la sentencia en primera instancia es de 6 meses y 14 días, mientras que entre dicha sentencia y el inicio del procedimiento de desahucio del arrendatario moroso suelen pasar 3 meses y 16 días.
El informe de Alboreca apunta que en la costa turística española, especialmente en las Islas Baleares y la Costa Brava, los casos de desahucio se están multiplicando de forma ‘espectacular’ debido a la ocupación de viviendas en alquiler por parte de población extranjera no comunitaria, quienes ‘saben que pueden arrendar una vivienda, vivir en ella sin pagar y volverse a su países o seguir en España en otra vivienda, sin ninguna consecuencia negativa’.
Por otra parte, Alboreca destaca como una de las principales causas de retraso en los procesos de desahucio se encuentra en la dificultad, ‘por no decir la imposibilidad’, de realizar las notificaciones preceptivas al arrendatario moroso. Así, el estudio afirma que mediante la no recepción de la citación judicial, el inquilino puede llegar a retrasar años un desahucio.
Esta y otras circunstancias, como la saturación de los juzgados, podrían solventarse, según la firma de abogados, mediante la creación de juzgados de apoyo o la dotación de validez para las notificaciones intentadas en el propio domicilio arrendado, si el inquilino no ha facilitado otro domicilio para citaciones, como se permite en otros procedimientos.
Fuente: urbaniza.com (16/10/06)
Según el estudio, que ha tenido en cuenta alrededor de 10.000 sentencias de desahucio acumuladas hasta septiembre en el Registro de Arrendatarios Morosos Sentenciados (Reamse), gestionado por la firma, el plazo medio que tarda un propietario en presentar una demanda de este tipo es de 8 meses y 5 días.
La principal razón para la prolongación de este plazo, según Alboreca, es que el propietario suele ser reacio a acudir a los tribunales mientras sus posibilidades económicas no se ven perjudicadas por la situación de impago.
En este sentido, el estudio precisa que el importe de la renta no influye en el tiempo de reacción del arrendador, no así el conocimiento o no por su parte de este tipo de procedimientos. Así, una actuación rápida por parte del propietario suele dar lugar a una resolución de los problemas con el demandado sin la necesidad de llegar a un desahucio.
Por otro lado, el plazo medio desde la fecha de presentación de una demanda hasta la sentencia en primera instancia es de 6 meses y 14 días, mientras que entre dicha sentencia y el inicio del procedimiento de desahucio del arrendatario moroso suelen pasar 3 meses y 16 días.
El informe de Alboreca apunta que en la costa turística española, especialmente en las Islas Baleares y la Costa Brava, los casos de desahucio se están multiplicando de forma ‘espectacular’ debido a la ocupación de viviendas en alquiler por parte de población extranjera no comunitaria, quienes ‘saben que pueden arrendar una vivienda, vivir en ella sin pagar y volverse a su países o seguir en España en otra vivienda, sin ninguna consecuencia negativa’.
Por otra parte, Alboreca destaca como una de las principales causas de retraso en los procesos de desahucio se encuentra en la dificultad, ‘por no decir la imposibilidad’, de realizar las notificaciones preceptivas al arrendatario moroso. Así, el estudio afirma que mediante la no recepción de la citación judicial, el inquilino puede llegar a retrasar años un desahucio.
Esta y otras circunstancias, como la saturación de los juzgados, podrían solventarse, según la firma de abogados, mediante la creación de juzgados de apoyo o la dotación de validez para las notificaciones intentadas en el propio domicilio arrendado, si el inquilino no ha facilitado otro domicilio para citaciones, como se permite en otros procedimientos.
Fuente: urbaniza.com (16/10/06)
:( La sociedad del alquiler pierde más de cinco millones por gestionar apenas 2.000 contratos en un año
la sociedad pública de alquiler (spa) ha terminado su primer año de vida con un total de 2.000 contratos cerrados. una cantidad de la que está muy satisfecho su presidente, javier rodríguez mañas, ya que la sociedad ha cumplido "en un 200%" con el objetivo que le ha sido encomendado". sin embargo, las inversiones efectuadas para poner en marcha la agencia y los gastos asociados a la gestión se elevan a 5,1 millones de euros. las previsiones de la spa son llegar a intermediar 5.000 viviendas el próximo año
Fuente: el mundo (10 oct 06)
Fuente: el mundo (10 oct 06)
:) Bornos se apunta al tirón de los complejos con campo de golf
El Ayuntamiento firmará este lunes un convenio para construir unas instalaciones similares a las proyectadas en otras localidades serranas
La Sierra de Cádiz se ha convertido de la noche a la mañana en una gigantesca tarta de posibilidades para los inversores que promueven la creación de complejos turísticos acondicionados con campos de golf.
Son ya más de media docena los municipios que, de una u otra manera, se han apuntado a esta tendencia ensalzada por muchos, que asientan el porvenir y el crecimiento económico de sus pueblos en estos campos, y denostada por otros –sobre todo los colectivos conservacionistas– que ven con preocupación la posibilidad de que detrás de estos proyectos esté la mano de la especulación urbanística.
Los proyectos más avanzados son hasta ahora los de Prado del Rey, Espera y, por supuesto, Arcos, cuyo campo está operativo y recibe a golfistas desde hace algún tiempo mientras se levanta el complejo de casas y villas de lujo.
Tampoco el Ayuntamiento de Bornos quiere perder el carro y tiene sobre la mesa ya una proposición en firme para la construcción de un complejo de campo de golf en su término municipal. La propuesta la materializará este próximo lunes, día 16, con la rúbrica de un convenio urbanístico con la firma Armoniza, la empresa promotora de esta iniciativa y patrocinadora, por ejemplo, del equipo del Cádiz Club de Fútbol.
Golf Resort Bornos ha sido el nombre escogido para este ambicioso proyecto que ocupará una extensión aproximada de 300 hectáreas de terrenos en el término municipal. La idea es levantar un complejo con campo de golf de primera categoría, con 18 hoyos, en la zona del Cerro de la Horca, un espacio ubicado a unos 500 metros del núcleo urbano. Toda esta extensión se ha adquirido a través de una operación de compra y venta a unos 20 propietarios, que se dedican hasta ahora al cultivo del secano. La inversión prevista para esta actuación se sitúa entre los 300 millones y los 360 millones de euros (entre 50.000 y 60.000 millones de las antiguas pesetas). Dicen que el agua necesaria para su funcionamiento vendrá de las residuales de la futura estación depuradora tras pasar por un proceso de reciclaje.
Hay una particularidad en el proyecto de Bornos con relación a otras iniciativas serranas de estas características. Y es que los promotores no han definido ni las dimensiones del complejo ni el número de villas y posibles hoteles que irá adosado al campo de golf. Aseguran, eso sí, que será de baja densidad y respetuoso con el medio ambiente.
En este sentido, el alcalde de la localidad, Fernando García Navarro (PP), señala que lo pondrán en manos de la Junta de Andalucía para que arbitre las medidas oportunas para evitar posibles polémicas relacionadas con la presión urbanística. Será pues la Administración autonómica, que es la que tiene que dar las debidas autorizaciones en materia urbanística y ambiental, la que tendrá la última palabra sobre el número de casas que se incluyan.
García Navarro hace una defensa de este proyecto para un pueblo de unos 8.000 habitantes, del que dice no tener "otras alternativas" económicas teniendo en cuenta la situación actual del medio agrícola. "Nunca hemos tenido una inversión pública. Las administraciones nunca han apostado por Bornos como lo han hecho con Arcos y la promoción de un polígono industrial o Villamartín, con los Llanos y el hospital", recuerda. Al respecto afirma que la localidad bornense reúne las condiciones idóneas para el nacimiento de este proyecto, que vendría a sumarse "como un elemento más" al desarrollo local. El regidor habla de planificación para desarrollar una oferta turística con un engranaje que va desde el golf hasta los deportes náuticos, aprovechando el potencial de su lago, que se traduciría, en definitiva, en la creación de nuevos puestos de trabajo.
De momento, el Ayuntamiento y los promotores están a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo, de la Delegación Provincial de Obras Públicas, del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana. El inicio de las obras también estaría a expensas de la revisión del propio plan.
La promotora Armoniza está inmersa también en otros proyectos de creación de campo de golf. Es el caso de los municipios de Espera, en la Sierra, y de Medina Sidonia, en la comarca de La Janda.
Fuente: diariodecadiz.com (16/10/06)
:) San Fernando: desarrollo de suelo industrial
Fadricas II será realidad en 2008
Una vez elaborado el pliego de condiciones, todo está listo para abrir el plazo de licitación y se estima que las obras den inicio en febrero
Con la aprobación definitiva del pliego de condiciones de la actuación, las obras de construcción del nuevo parque empresarial Fadricas II están listas para adjudicarse. De momento el consejo de administración de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) dio el último paso el pasado lunes, el visto bueno a dicho pliego de condiciones, con lo que se pasa automáticamente al período de licitación pública.
Las gestiones previas a la referida licitación se han prolongado durante más de tres años. Con todo, aún resta la publicación de un decreto de Alcaldía acerca del proyecto de reparcelación, cuya tramitación se ha llevado paralelamente al de urbanización. Pero se trata de un mero paso administrativo sin más. De modo que ya se ha anunciado que se estará en disposición de abordar las obras del nuevo polígono industrial en el próximo mes de febrero.
De ser así, Fadricas II podrá empezar a funcionar como muy tarde a mediados de 2008 ya que el plazo de ejecución de los trabajos es de aproximadamente un año.
A partir de ahora se abre un plazo de 52 días para la recepción de propuestas por parte de las empresas interesadas en la iniciativa. A lo largo de la segunda quincena de diciembre y primera de enero se realizará la apertura de plicas, es decir, los técnicos de Urbanismo estudiarán los distintos proyectos hasta que se decanten por uno de ellos, el más viable técnica y financieramente. Contando con que la adjudicación sea a principios de año, no hay razón para pensar que el comienzo de las labores se retrase más allá de febrero.
En el proyecto de urbanización que ya cuenta con todos los beneplácitos se incluyen las infraestructuras urbanísticas pertinentes para dotar a los terrenos comprendidos entre Fadricas y el puente de la Casería, desarrollando las determinaciones previstas en el Plan Parcial de Ordenación del Sector V Fadricas II en cuanto a obras de viabilidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, aparcamientos, viales, alumbrado público y jardines, entre otros elementos.
La parcela objeto de esta actuación, de forma rectangular, tiene una superficie de 171.346,44 metros cuadrados. El presupuesto total asciende a 6.981.279,17 euros en concreto. Y es que se edificarán 250 naves y más de 700 plazas para el estacionamiento de vehículos. 17.554,64 metros cuadrados se destinarán, asimismo, a zonas verdes, localizándose principalmente en el tramo existente entre la vía del tren y la carretera de acceso al polígono. 9.311,13 será el área reservada a viario.
El polígono industrial Fadricas II contará con una avenida de cuatro carriles entre la rotonda próxima al callejón del Pino y los antiguos polvorines, que tendrán conexión con los nuevos enlaces a la CA-33 (antigua carretera Nacional-IV). También se contemplará un vial para su conexión con Fadricas I. Ambas zonas industriales quedarán separadas únicamente por una zona de aparcamiento. El proyecto de urbanización incluye también la conexión de la zona con la futura Ronda Norte, que recoge el Plan General de Ordenación (PGOU) y que unirá el complejo Bahía Sur con Tres Caminos por la trasera de Fadricas II.
Ayer el alcalde, Manuel María de Bernardo, y el concejal de Urbanismo, Fernando Rodríguez, mostraron su satisfacción por el inminente inicio de estas obras: "Se están dando los pasos adecuados para que el proyecto de urbanización se ponga en marcha cuanto antes porque esta actuación constituye una obsesión del equipo de gobierno andalucista", manifestó.
Fuente: diariodecadiz.com (16/10/06)
Una vez elaborado el pliego de condiciones, todo está listo para abrir el plazo de licitación y se estima que las obras den inicio en febrero
Con la aprobación definitiva del pliego de condiciones de la actuación, las obras de construcción del nuevo parque empresarial Fadricas II están listas para adjudicarse. De momento el consejo de administración de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) dio el último paso el pasado lunes, el visto bueno a dicho pliego de condiciones, con lo que se pasa automáticamente al período de licitación pública.
Las gestiones previas a la referida licitación se han prolongado durante más de tres años. Con todo, aún resta la publicación de un decreto de Alcaldía acerca del proyecto de reparcelación, cuya tramitación se ha llevado paralelamente al de urbanización. Pero se trata de un mero paso administrativo sin más. De modo que ya se ha anunciado que se estará en disposición de abordar las obras del nuevo polígono industrial en el próximo mes de febrero.
De ser así, Fadricas II podrá empezar a funcionar como muy tarde a mediados de 2008 ya que el plazo de ejecución de los trabajos es de aproximadamente un año.
A partir de ahora se abre un plazo de 52 días para la recepción de propuestas por parte de las empresas interesadas en la iniciativa. A lo largo de la segunda quincena de diciembre y primera de enero se realizará la apertura de plicas, es decir, los técnicos de Urbanismo estudiarán los distintos proyectos hasta que se decanten por uno de ellos, el más viable técnica y financieramente. Contando con que la adjudicación sea a principios de año, no hay razón para pensar que el comienzo de las labores se retrase más allá de febrero.
En el proyecto de urbanización que ya cuenta con todos los beneplácitos se incluyen las infraestructuras urbanísticas pertinentes para dotar a los terrenos comprendidos entre Fadricas y el puente de la Casería, desarrollando las determinaciones previstas en el Plan Parcial de Ordenación del Sector V Fadricas II en cuanto a obras de viabilidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, aparcamientos, viales, alumbrado público y jardines, entre otros elementos.
La parcela objeto de esta actuación, de forma rectangular, tiene una superficie de 171.346,44 metros cuadrados. El presupuesto total asciende a 6.981.279,17 euros en concreto. Y es que se edificarán 250 naves y más de 700 plazas para el estacionamiento de vehículos. 17.554,64 metros cuadrados se destinarán, asimismo, a zonas verdes, localizándose principalmente en el tramo existente entre la vía del tren y la carretera de acceso al polígono. 9.311,13 será el área reservada a viario.
El polígono industrial Fadricas II contará con una avenida de cuatro carriles entre la rotonda próxima al callejón del Pino y los antiguos polvorines, que tendrán conexión con los nuevos enlaces a la CA-33 (antigua carretera Nacional-IV). También se contemplará un vial para su conexión con Fadricas I. Ambas zonas industriales quedarán separadas únicamente por una zona de aparcamiento. El proyecto de urbanización incluye también la conexión de la zona con la futura Ronda Norte, que recoge el Plan General de Ordenación (PGOU) y que unirá el complejo Bahía Sur con Tres Caminos por la trasera de Fadricas II.
Ayer el alcalde, Manuel María de Bernardo, y el concejal de Urbanismo, Fernando Rodríguez, mostraron su satisfacción por el inminente inicio de estas obras: "Se están dando los pasos adecuados para que el proyecto de urbanización se ponga en marcha cuanto antes porque esta actuación constituye una obsesión del equipo de gobierno andalucista", manifestó.
Fuente: diariodecadiz.com (16/10/06)
B) Coordinación contra las infracciones urbanísticas
El Gobierno autonómico está creando un nuevo cuerpo de inspectores con competencias en la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Sobre todo se encargará de tramitar denuncias y de coordinarse con administraciones y otras entidades para impulsar el control de los delitos urbanísticos.
Este fue uno de los asuntos que se trataron ayer durante la celebración del Encuentro Justicia-Empresa, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Cámara Oficial de Comercio de Cádiz. Durante la celebración de una mesa redonda, José Antonio Ortiz, director general de Inspección Urbanística de la Consejería de Obras Públicas de la Junta, explicó las competencias que tendrá el futuro grupo especial de inspectores. Entre ellos habrá arquitectos, abogados o geógrafos que se convertirán en agentes de la autoridad tras pasar una oposición de 300 temas. De forma excepcional, la primera convocatoria pública se hará a través de un concurso de méritos, ya que no da tiempo a convocar oposiciones.
La labor de coordinación ya está empezando a tener resultados. La Dirección de Inspección, de quien dependerá este grupo, se ha reunido con representantes del Catastro para que conozcan al cuerpo y participen de forma directa y definitiva en la lucha contra las viviendas ilegales y la corrupción urbanística.
Este encuentro ha servido para solicitar ortofotografías —conjunto de imágenes aéreas corregidas digitalmente para que se puedan realizar mediciones exactas— de la comunidad autónoma cada dos años. De esta forma, los inspectores tendrán una imagen real cada poco tiempo de las nuevas edificaciones que se están ejecutando a lo largo y ancho de Andalucía.
Aparte del Catastro, Ortiz explicó que los ayuntamientos y otras administraciones también deberán formar parte de esa mesa de coordinación. Incluso lo harán con empresas como las compañías eléctricas. Y es que hasta ellas son fundamentales para evitar las ilegalidades o al menos para hacer cumplir las sentencias. El director general de Inspección Urbanística contó que hace unos meses fue la primera vez que la compañía Eléctrica cortó la luz de una obra en ejecución para cumplir con una sentencia firme que declaraba ilegal esa edificación. Nunca se había hecho antes, como recordó Ortiz. Por eso insistió en la importancia de la coordinación para evitar este tipo de actos delictivos.
Eduardo Baena, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, intervino también en la mesa redonda y concretó las actuaciones de los jueces en materia urbanística. El encuentro, dirigido por el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, continuará hoy en el hotel Tryp Caleta.
Fuente:diariodecadiz.com (16/10/06)
Este fue uno de los asuntos que se trataron ayer durante la celebración del Encuentro Justicia-Empresa, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Cámara Oficial de Comercio de Cádiz. Durante la celebración de una mesa redonda, José Antonio Ortiz, director general de Inspección Urbanística de la Consejería de Obras Públicas de la Junta, explicó las competencias que tendrá el futuro grupo especial de inspectores. Entre ellos habrá arquitectos, abogados o geógrafos que se convertirán en agentes de la autoridad tras pasar una oposición de 300 temas. De forma excepcional, la primera convocatoria pública se hará a través de un concurso de méritos, ya que no da tiempo a convocar oposiciones.
La labor de coordinación ya está empezando a tener resultados. La Dirección de Inspección, de quien dependerá este grupo, se ha reunido con representantes del Catastro para que conozcan al cuerpo y participen de forma directa y definitiva en la lucha contra las viviendas ilegales y la corrupción urbanística.
Este encuentro ha servido para solicitar ortofotografías —conjunto de imágenes aéreas corregidas digitalmente para que se puedan realizar mediciones exactas— de la comunidad autónoma cada dos años. De esta forma, los inspectores tendrán una imagen real cada poco tiempo de las nuevas edificaciones que se están ejecutando a lo largo y ancho de Andalucía.
Aparte del Catastro, Ortiz explicó que los ayuntamientos y otras administraciones también deberán formar parte de esa mesa de coordinación. Incluso lo harán con empresas como las compañías eléctricas. Y es que hasta ellas son fundamentales para evitar las ilegalidades o al menos para hacer cumplir las sentencias. El director general de Inspección Urbanística contó que hace unos meses fue la primera vez que la compañía Eléctrica cortó la luz de una obra en ejecución para cumplir con una sentencia firme que declaraba ilegal esa edificación. Nunca se había hecho antes, como recordó Ortiz. Por eso insistió en la importancia de la coordinación para evitar este tipo de actos delictivos.
Eduardo Baena, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, intervino también en la mesa redonda y concretó las actuaciones de los jueces en materia urbanística. El encuentro, dirigido por el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, continuará hoy en el hotel Tryp Caleta.
Fuente:diariodecadiz.com (16/10/06)
B) Código técnico de la edificación: Ahorrro energético y seguridad contra incendios
El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones, para que el sector de la construcción -según el Ministerio de la Vivienda- "se adapte a la estrategia de sostenibilidad económica, energética y medioambiental que garantizará la existencia de unos edificios más seguros, más habitables, más sostenibles y de mayor calidad.”
Tras su entrada en vigor, España se sitúa entre las naciones más innovadoras en materia de edificación, cumpliendo las directivas europeas sobre calidad y eficiencia energética, y fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico tanto en los procedimientos de edificación como en los materiales de la construcción, ya que con este Código se regulan las exigencias básicas para seguridad estructural, para seguridad en caso de incendio, para seguridad de utilización, para higiene, salud y protección del medio ambiente y para ahorro de energía.
Con respecto a la seguridad en los incendios: En el documento se establecen medidas para impedir la propagación de un incendio, tanto interior como exterior al edificio; se facilita la evacuación de ocupantes del edificio en condiciones de seguridad; se prevé la instalación de sistemas de detección, control y extinción; se mejora la intervención de los bomberos y se regula la resistencia al fuego de la estructura. Además, se establecen las condiciones de reacción y resistencia al fuego que deben cumplir los elementos constructivos.
Por otro lado, con el nuevo Código se potencia la construcción de edificios más sostenibles y eficientes energéticamente. El CTE tiene también como objetivo conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo su consumo energético y utilizando para ello fuentes de energía renovable. Así la normativa establece la obligación de incorporar criterios de eficiencia energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o en aquellos que se vayan a rehabilitar. El Documento Básico que lo regula contiene cuatro exigencias energéticas básicas: limitación de la demanda energética, donde se establecen los valores límite para los cerramientos de los edificios (fachadas, vidrios, cubiertas, etc.); eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, donde se fijan por primera vez en la normativa española, unos requisitos a cumplir por estas instalaciones sobretodo para edificios del sector terciario; la exigencia relativa a la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria obliga a que la producción de agua caliente sanitaria se realice con un aporte obligatorio de energía solar térmica que variará entre un 30% y un 70% en función del volumen diario previsto de agua caliente demandado; y la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, que establece que en los nuevos edificios del sector terciario de una determinada superficie (en el caso de las oficinas, por ejemplo, por encima de 4.000 m², una parte de las necesidades eléctricas sean cubiertas por energía solar generada por una instalación fotovoltaica). Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la implantación de las exigencias energéticas introducidas en el nuevo CTE supondrá, para cada edificio un ahorro de un 30-40% y una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40-55%.
Esperanza Gómez Valenzuela
Peralta Abogados (Peralta Abogados en un despacho de consutoría jurídica con presencia en Almería, Jaén y Granada. El derecho inmobiliario es su especialización).
Fuente: urbanoticias.com (09/10/06)
Tras su entrada en vigor, España se sitúa entre las naciones más innovadoras en materia de edificación, cumpliendo las directivas europeas sobre calidad y eficiencia energética, y fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico tanto en los procedimientos de edificación como en los materiales de la construcción, ya que con este Código se regulan las exigencias básicas para seguridad estructural, para seguridad en caso de incendio, para seguridad de utilización, para higiene, salud y protección del medio ambiente y para ahorro de energía.
Con respecto a la seguridad en los incendios: En el documento se establecen medidas para impedir la propagación de un incendio, tanto interior como exterior al edificio; se facilita la evacuación de ocupantes del edificio en condiciones de seguridad; se prevé la instalación de sistemas de detección, control y extinción; se mejora la intervención de los bomberos y se regula la resistencia al fuego de la estructura. Además, se establecen las condiciones de reacción y resistencia al fuego que deben cumplir los elementos constructivos.
Por otro lado, con el nuevo Código se potencia la construcción de edificios más sostenibles y eficientes energéticamente. El CTE tiene también como objetivo conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo su consumo energético y utilizando para ello fuentes de energía renovable. Así la normativa establece la obligación de incorporar criterios de eficiencia energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o en aquellos que se vayan a rehabilitar. El Documento Básico que lo regula contiene cuatro exigencias energéticas básicas: limitación de la demanda energética, donde se establecen los valores límite para los cerramientos de los edificios (fachadas, vidrios, cubiertas, etc.); eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, donde se fijan por primera vez en la normativa española, unos requisitos a cumplir por estas instalaciones sobretodo para edificios del sector terciario; la exigencia relativa a la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria obliga a que la producción de agua caliente sanitaria se realice con un aporte obligatorio de energía solar térmica que variará entre un 30% y un 70% en función del volumen diario previsto de agua caliente demandado; y la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, que establece que en los nuevos edificios del sector terciario de una determinada superficie (en el caso de las oficinas, por ejemplo, por encima de 4.000 m², una parte de las necesidades eléctricas sean cubiertas por energía solar generada por una instalación fotovoltaica). Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la implantación de las exigencias energéticas introducidas en el nuevo CTE supondrá, para cada edificio un ahorro de un 30-40% y una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40-55%.
Esperanza Gómez Valenzuela
Peralta Abogados (Peralta Abogados en un despacho de consutoría jurídica con presencia en Almería, Jaén y Granada. El derecho inmobiliario es su especialización).
Fuente: urbanoticias.com (09/10/06)
:O Los precios en El Puerto se han duplicado en seis años
En la actualidad, el precio medio del metro cuadrado construido en El Puerto alcanza los 3.000 euros, según agencias inmobiliarias del municipio.
Pero esta cifra se dispara si hablamos de la zona más cara. Esta es, junto a Valdelagrana, la Costa Oeste: Vistahermosa, Las Redes, El Águila, Fuentebravía, El Ancla, y El Manantial. Concretamente, si hablásemos de una milla de oro, ésta se encontraría en la primera línea de mar que recorre Vistahermosa o Las Redes. Allí, el precio del metro cuadrado construido dobla la media y se sitúa en torno a los 6.000 euros. Un chalé mediano en esa zona supera con creces los cien millones de pesetas.
Hace tan solo seis años el precio medio del metro cuadrado construido estaba en los 1.200 euros, aproximadamente. Es decir, una vivienda en El Puerto cuesta ahora más del doble que hace seis años.
Fuente: La Voz Digital (08/10/06)
Pero esta cifra se dispara si hablamos de la zona más cara. Esta es, junto a Valdelagrana, la Costa Oeste: Vistahermosa, Las Redes, El Águila, Fuentebravía, El Ancla, y El Manantial. Concretamente, si hablásemos de una milla de oro, ésta se encontraría en la primera línea de mar que recorre Vistahermosa o Las Redes. Allí, el precio del metro cuadrado construido dobla la media y se sitúa en torno a los 6.000 euros. Un chalé mediano en esa zona supera con creces los cien millones de pesetas.
Hace tan solo seis años el precio medio del metro cuadrado construido estaba en los 1.200 euros, aproximadamente. Es decir, una vivienda en El Puerto cuesta ahora más del doble que hace seis años.
Fuente: La Voz Digital (08/10/06)
:O San Fernando: Camposoto, Soto del Real y Villa Maruja, las más caras
Los profesionales del sector inmobiliario coinciden en señalar las zonas de Camposoto, Soto del Real y Villa Maruja como las áreas urbanas más valoradas por los compradores. El precio del metro cuadrado de suelo en dichas barriadas suele oscilar entre los 2.100 y los 2.400 euros.
Las agencias también advierten acerca del encarecimiento del precio medio del metro cuadrado de suelo en la ciudad, ya que si actualmente adquirir un metro cuadrado cuesta una cifra media que oscila entre los 1.600 y os 1.800 euros, hace tan sólo cinco años la misma extensión podía ser adquirida por una cantidad que variaba entre los 800 y los 900 euros, Prácticamente la mitad del coste actual.
Las inmobiliarias isleñas consideran que en los últimos años se han revalorizado los terrenos, por lo que no hay zona en San Fernando que no haya crecido durante la última década.
Fuente: La Voz Digital (08/10/06)
Las agencias también advierten acerca del encarecimiento del precio medio del metro cuadrado de suelo en la ciudad, ya que si actualmente adquirir un metro cuadrado cuesta una cifra media que oscila entre los 1.600 y os 1.800 euros, hace tan sólo cinco años la misma extensión podía ser adquirida por una cantidad que variaba entre los 800 y los 900 euros, Prácticamente la mitad del coste actual.
Las inmobiliarias isleñas consideran que en los últimos años se han revalorizado los terrenos, por lo que no hay zona en San Fernando que no haya crecido durante la última década.
Fuente: La Voz Digital (08/10/06)
sábado, 7 de octubre de 2006
:O El Bosque - Finca el Imperio - ¿Posible campo de golf?
Sólo se ha presentado una empresa a la subasta
Finalmente, tan sólo una empresa ha concurrido a la subasta convocada por el Ayuntamiento de El Bosque para la venta de la antigua finca ganadera El Imperio, según adelantaron desde Ecologistas en Acción y confirmó a este diario el regidor de la localidad serrana, Antonio Ramírez (PSOE).
Desde el colectivo conservacionista, se ha realizado una triunfalista valoración del escaso éxito de la subasta, al señalar que gracias a sus críticas "ha fracasado la maniobra de Ayuntamiento y Diputación" para permitir una macro urbanización y un campo de golf a las puertas del Parque Natural. Una maniobra que, abundaron, "estaba muy bien planificada, cediendo Diputación al Ayuntamiento la finca a bajo precio, para privatizarla con el compromiso de recalificarla".
El alcalde de El Bosque, por su parte, reiteró la legalidad del procedimiento seguido y admitió que le ha sorprendido mucho que sólo una empresa haya concurrido a la subasta, "con el buen negocio que decían que era". La semana próxima se abrirá la única plica y se decidirá si se acepta o se declara desierta la subasta.
Fuente: diariodecadiz.com (07/10/06)
Finalmente, tan sólo una empresa ha concurrido a la subasta convocada por el Ayuntamiento de El Bosque para la venta de la antigua finca ganadera El Imperio, según adelantaron desde Ecologistas en Acción y confirmó a este diario el regidor de la localidad serrana, Antonio Ramírez (PSOE).
Desde el colectivo conservacionista, se ha realizado una triunfalista valoración del escaso éxito de la subasta, al señalar que gracias a sus críticas "ha fracasado la maniobra de Ayuntamiento y Diputación" para permitir una macro urbanización y un campo de golf a las puertas del Parque Natural. Una maniobra que, abundaron, "estaba muy bien planificada, cediendo Diputación al Ayuntamiento la finca a bajo precio, para privatizarla con el compromiso de recalificarla".
El alcalde de El Bosque, por su parte, reiteró la legalidad del procedimiento seguido y admitió que le ha sorprendido mucho que sólo una empresa haya concurrido a la subasta, "con el buen negocio que decían que era". La semana próxima se abrirá la única plica y se decidirá si se acepta o se declara desierta la subasta.
Fuente: diariodecadiz.com (07/10/06)
martes, 3 de octubre de 2006
B) El Euribor culmina un año de subidas y se sitúa en septiembre en el 3,715%
Las cuotas de las hipotecas seguirán encareciéndose, ya que el Euribor, el indicador más utilizado para fijar el tipo de interés de estos préstamos, subió en septiembre por duodécimo mes consecutivo hasta el 3,715%, el nivel más alto marcado desde julio de 2002.
Según los datos provisionales del mercado, que se han conocido, el Euribor ha subido desde el 3,615% de agosto y suma 1,496 puntos porcentuales en el último año, ya que en septiembre de 2005 se situaba en el 2,219%.
Esto significa que los titulares de una hipoteca de las que en España se consideran "medias" -de 120.000 euros y con un plazo de amortización de 20 años-, que tengan que revisar el tipo de interés en los próximos días verán encarecerse su cuota mensual en 89,7 euros, lo que en el conjunto del año representa una subida de casi 1.076,4 euros.
El Euribor ya ha terminado una primera fase de subidas y, ahora, el índice se está "aclimatando" a un escenario de tipos de interés entre el 3,25% y el 3,50% por parte del Banco Central Europeo, explica David Cano, de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Sin embargo, cuando termina esta fase empiezan los problemas para los consumidores. La gran variación interanual se está trasladando a todas las hipotecas, puesto que el Euribor ha ido aumentando su nivel durante los últimos doce meses. Una gran mayoría de los "hipotecados" ya han revisado su cuota anual desde que empezaron las subidas, hace ya un año, por lo que los verdaderos efectos de las mismas se están trasladando a la economía real, es decir, al bolsillo del ciudadano.
El Euribor a un año refleja las previsiones del mercado sobre la situación en que se encontrarán los tipos de interés en la Eurozona dentro de doce meses, por lo que, a mayor número de subidas previstas a uno y otro lado del Atlántico, más se incrementa este indicador.
En opinión del analista de Banco Urquijo Antonio Zamora, el Euribor no estará a más del 3,80% a finales de año, porque se está moderando y ya habido un "movimiento significativo interanual", que sí tendrá cierta repercusión en los hipotecados, aunque ahora los tipos reales ahora son positivos respecto a la inflación.
El Euribor se mantiene por encima del 3% desde el pasado mes de marzo, cuando se colocó en el 3,105% tras haber permanecido por debajo desde diciembre de 2002.
Fuente: El Mundo (02/10/2006)
Según los datos provisionales del mercado, que se han conocido, el Euribor ha subido desde el 3,615% de agosto y suma 1,496 puntos porcentuales en el último año, ya que en septiembre de 2005 se situaba en el 2,219%.
Esto significa que los titulares de una hipoteca de las que en España se consideran "medias" -de 120.000 euros y con un plazo de amortización de 20 años-, que tengan que revisar el tipo de interés en los próximos días verán encarecerse su cuota mensual en 89,7 euros, lo que en el conjunto del año representa una subida de casi 1.076,4 euros.
El Euribor ya ha terminado una primera fase de subidas y, ahora, el índice se está "aclimatando" a un escenario de tipos de interés entre el 3,25% y el 3,50% por parte del Banco Central Europeo, explica David Cano, de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Sin embargo, cuando termina esta fase empiezan los problemas para los consumidores. La gran variación interanual se está trasladando a todas las hipotecas, puesto que el Euribor ha ido aumentando su nivel durante los últimos doce meses. Una gran mayoría de los "hipotecados" ya han revisado su cuota anual desde que empezaron las subidas, hace ya un año, por lo que los verdaderos efectos de las mismas se están trasladando a la economía real, es decir, al bolsillo del ciudadano.
El Euribor a un año refleja las previsiones del mercado sobre la situación en que se encontrarán los tipos de interés en la Eurozona dentro de doce meses, por lo que, a mayor número de subidas previstas a uno y otro lado del Atlántico, más se incrementa este indicador.
En opinión del analista de Banco Urquijo Antonio Zamora, el Euribor no estará a más del 3,80% a finales de año, porque se está moderando y ya habido un "movimiento significativo interanual", que sí tendrá cierta repercusión en los hipotecados, aunque ahora los tipos reales ahora son positivos respecto a la inflación.
El Euribor se mantiene por encima del 3% desde el pasado mes de marzo, cuando se colocó en el 3,105% tras haber permanecido por debajo desde diciembre de 2002.
Fuente: El Mundo (02/10/2006)
B) La vivienda dejará de subir cada año a tasas superiores al 10%, para hacerlo al ritmo de la inflación
La vivienda está sobrevalorada en España y en algún momento 'el balón se va a deshinchar', pero no lo hará de forma pronunciada ni repentina, sino que dejará poco a poco de subir cada año a tasas superiores al 10 por ciento, para hacerlo al ritmo de la inflación.
Así lo afirmó el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Gregorio Mayayo, para quien no existe una crisis del mercado inmobiliario a la vista.
Además, Mayayo está convencido de que es 'inconcebible' que se produzca en España una fuerte bajada de precios como la ocurrida en otros países, como Gran Bretaña o Estados Unidos.
'Hay mucha demanda insatisfecha que contendría una posible rebaja', asegura Mayayo, quien apostilla que eso se une al hecho de que en España prácticamente no hay mercado de alquiler y todo el que vende un inmueble se ve obligado a comprar otro, aunque sea de peor condición.
La salida masiva de viviendas al mercado no es probable y menos con caídas del 40 o el 50 por ciento en el precio, pues 'provocarían colas de compradores', que harían subir de forma inmediata el precio, salvo que esta circunstancia coincidiera con un parón de la economía, un aumento del desempleo y un alza de tipos al mismo tiempo.
Mayayo no cree que estemos ante esa situación y destaca que las condiciones actuales son muy diferentes a las existentes en la última crisis inmobiliaria, a principios de los noventa, cuando hubo, además, 'mucha irresponsabilidad por parte de algunos promotores'.
Ahora, las empresas del sector de la construcción son mucho más fuertes y no tienen problemas para retrasar hasta un año la venta de los pisos, añade el presidente de la AHE, quien asegura que en la subida de precios en España 'no ha jugado para nada la especulación'.
Los factores que han elevado la demanda y, por tanto, originado la subida de precios, han sido la llegada de inmigrantes, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y las adquisiciones por parte de los jóvenes.
Sobre los extranjeros que han comprado viviendas en España, Mayayo destaca que pagan sus hipotecas tan bien o mejor que los nacionales, al tiempo que recuerda que las mujeres han elevado sustancialmente las rentas de las familias al empezar a trabajar y les han dado más posibilidades para acceder a residencias mejores.
Los jóvenes merecen para la Asociación Hipotecaria una importante consideración en el comportamiento del mercado inmobiliario en los últimos años, ya que 'han barrido del mercado cosas imposibles de vender', lo que también ha permitido a sus propietarios acceder a casas de mejor categoría.
'Han alimentado el mercado desde abajo y eso ha hecho infinitamente más fáciles el resto de ventas', concluye Mayayo.
Fuente: urbanoticias.com (03/10/06)
Así lo afirmó el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Gregorio Mayayo, para quien no existe una crisis del mercado inmobiliario a la vista.
Además, Mayayo está convencido de que es 'inconcebible' que se produzca en España una fuerte bajada de precios como la ocurrida en otros países, como Gran Bretaña o Estados Unidos.
'Hay mucha demanda insatisfecha que contendría una posible rebaja', asegura Mayayo, quien apostilla que eso se une al hecho de que en España prácticamente no hay mercado de alquiler y todo el que vende un inmueble se ve obligado a comprar otro, aunque sea de peor condición.
La salida masiva de viviendas al mercado no es probable y menos con caídas del 40 o el 50 por ciento en el precio, pues 'provocarían colas de compradores', que harían subir de forma inmediata el precio, salvo que esta circunstancia coincidiera con un parón de la economía, un aumento del desempleo y un alza de tipos al mismo tiempo.
Mayayo no cree que estemos ante esa situación y destaca que las condiciones actuales son muy diferentes a las existentes en la última crisis inmobiliaria, a principios de los noventa, cuando hubo, además, 'mucha irresponsabilidad por parte de algunos promotores'.
Ahora, las empresas del sector de la construcción son mucho más fuertes y no tienen problemas para retrasar hasta un año la venta de los pisos, añade el presidente de la AHE, quien asegura que en la subida de precios en España 'no ha jugado para nada la especulación'.
Los factores que han elevado la demanda y, por tanto, originado la subida de precios, han sido la llegada de inmigrantes, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y las adquisiciones por parte de los jóvenes.
Sobre los extranjeros que han comprado viviendas en España, Mayayo destaca que pagan sus hipotecas tan bien o mejor que los nacionales, al tiempo que recuerda que las mujeres han elevado sustancialmente las rentas de las familias al empezar a trabajar y les han dado más posibilidades para acceder a residencias mejores.
Los jóvenes merecen para la Asociación Hipotecaria una importante consideración en el comportamiento del mercado inmobiliario en los últimos años, ya que 'han barrido del mercado cosas imposibles de vender', lo que también ha permitido a sus propietarios acceder a casas de mejor categoría.
'Han alimentado el mercado desde abajo y eso ha hecho infinitamente más fáciles el resto de ventas', concluye Mayayo.
Fuente: urbanoticias.com (03/10/06)
domingo, 1 de octubre de 2006
:O CTE y VPO: cuando lo barato sale caro
CTE = Código Técnico de la Edificación.
VPO = Viviendas de Protección Oficial.
En todo proceso productivo existen dos elementos fundamentales: el precio de venta y los costes de producción. Ambos factores suelen estar influidos por el mercado, que es fundamentalmente el que determina tanto la evolución al alza o a la baja de los costes de construcción (materia prima y mano de obra) como la de los precios de venta, basados en la gran mayoría de los casos en el equilibrio de la oferta y la demanda que marca la competencia.
El sector inmobiliario, evidentemente, no es ajeno a esta regla. Los promotores buscamos un beneficio, resultado del diferencial entre la suma de los costes y el precio al que podemos colocar nuestro producto, las viviendas, en el mercado, que lo configuran los ciudadanos. En este proceso, el mercado desempeña un papel muy importante, por más que en ocasiones como la actual genere situaciones extraordinarias y ciertamente injustas en forma de especulación.
El subsector de la vivienda de protección oficial (VPO), sin embargo, tiene características particulares, pues si bien la regla del mercado sigue imperando en los costes de construcción, el precio de venta está totalmente regulado. Las normativas estatales y autonómicas establecen, para el caso de las viviendas protegidas, los llamados módulos, que no son otra cosa que los precios máximos de venta. Esta situación, evidentemente, tiene consecuencias importantes y diferenciales con respecto a la renta libre.
En la vivienda no protegida, la subida de los costes de construcción, siempre que el mercado lo permita, puede repercutirse por el promotor en el precio de venta de la vivienda. No obstante, en el caso de la VPO esto no es posible, al menos con la normativa actual. Las viviendas han de venderse al precio reflejado en la calificación provisional otorgada por la Administración autonómica, que no puede ser modificado por más que en los dos años que dura el periodo de promoción suban los costes.
Este preámbulo anticipa las consecuencias económicas que la entrada en vigor, a partir del pasado viernes, del Código Técnico de la Edificación (CTE) tendrá sobre las viviendas protegidas. Con el CTE, la Administración, posiblemente con buen criterio, ha optado por aumentar la calidad de todas las viviendas, protegidas o no, en términos sobre todo de eficiencia energética y respeto medioambiental. Una intención loable pero que lógicamente se traduce, además de en dificultades operativas, en un incremento de los costes de construcción. Según la Asociación de Promotores y Constructores de España, la aplicación del CTE supondrá un sobrecoste de unos 6.000 euros por vivienda. Un sobrecoste que, de momento, no ha motivado la más que necesaria actualización de los módulos de VPO, que no se modifican desde el verano de 2005.
El impacto de estos 6.000 euros adicionales en las promociones de renta libre, en la mayoría de los casos, no será significativo. El promotor intentará repercutir esta cantidad en el precio de venta y, si esto no fuera posible porque el mercado estuviera llegando a su techo, probablemente podría soportar el descontarlo de sus beneficios sin poner en peligro la rentabilidad de la promoción.
Para los promotores de VPO, no obstante, el panorama es mucho más negro. Como los módulos están regulados y su última actualización, hace más de un año, no contempla la aplicación del CTE ni otros sobrecostes en la producción como el originado por la subida del petróleo o el acero, no podemos repercutir estos 6.000 euros en los precios de venta. Por consiguiente, no nos queda más opción que descontar esta cantidad de los beneficios. Una alternativa que puede llegar a poner en riesgo la promoción, pues los mencionados 6.000 euros por vivienda suponen, en buena parte de los casos, un importante porcentaje de las ganancias.
La intención del Gobierno por contribuir al ahorro energético y su preocupación por el medio ambiente es claramente positiva, pero al redactar un texto tan trascendente como el CTE se debería haber tenido en cuenta que la escasez de viviendas asequibles es un grave problema en nuestro país y que en este contexto la VPO es una de las únicas alternativas posibles. Medidas que supongan un sobrecoste adicional, sin incentivos paliativos, en un subsector con márgenes tan estrechos como el de la VPO no hacen más que desincentivar a los promotores que pensaran apostar por la vivienda protegida.
En este sentido entendemos que, hoy por hoy, no bastará con que las administraciones estatal y autonómica aprueben una actualización ordinaria del Precio Básico Nacional, que es la referencia para el establecimiento de los módulos. Con esta revisión sólo se haría frente, si acaso y seguramente no en su totalidad, al incremento de los costes que en el último año se ha generado en el mercado, sobre todo en lo relativo a los materiales derivados de la demanda de países terceros (todos pensamos en China y otros países del sureste asiático). Sería necesaria una subida extraordinaria que permitiera al promotor asumir los sobrecostes que ha originado la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. De otra manera, difícilmente lograremos la cuadratura del círculo que implica promover viviendas asequibles con unas calidades superiores a las que hasta ahora se le exigía incluso a la renta libre. Porque, que yo sepa, aun con la entrada del euro nadie da duros a cuatro pesetas.
Fuente: diaridecadiz.com (01/10/06)
VPO = Viviendas de Protección Oficial.
En todo proceso productivo existen dos elementos fundamentales: el precio de venta y los costes de producción. Ambos factores suelen estar influidos por el mercado, que es fundamentalmente el que determina tanto la evolución al alza o a la baja de los costes de construcción (materia prima y mano de obra) como la de los precios de venta, basados en la gran mayoría de los casos en el equilibrio de la oferta y la demanda que marca la competencia.
El sector inmobiliario, evidentemente, no es ajeno a esta regla. Los promotores buscamos un beneficio, resultado del diferencial entre la suma de los costes y el precio al que podemos colocar nuestro producto, las viviendas, en el mercado, que lo configuran los ciudadanos. En este proceso, el mercado desempeña un papel muy importante, por más que en ocasiones como la actual genere situaciones extraordinarias y ciertamente injustas en forma de especulación.
El subsector de la vivienda de protección oficial (VPO), sin embargo, tiene características particulares, pues si bien la regla del mercado sigue imperando en los costes de construcción, el precio de venta está totalmente regulado. Las normativas estatales y autonómicas establecen, para el caso de las viviendas protegidas, los llamados módulos, que no son otra cosa que los precios máximos de venta. Esta situación, evidentemente, tiene consecuencias importantes y diferenciales con respecto a la renta libre.
En la vivienda no protegida, la subida de los costes de construcción, siempre que el mercado lo permita, puede repercutirse por el promotor en el precio de venta de la vivienda. No obstante, en el caso de la VPO esto no es posible, al menos con la normativa actual. Las viviendas han de venderse al precio reflejado en la calificación provisional otorgada por la Administración autonómica, que no puede ser modificado por más que en los dos años que dura el periodo de promoción suban los costes.
Este preámbulo anticipa las consecuencias económicas que la entrada en vigor, a partir del pasado viernes, del Código Técnico de la Edificación (CTE) tendrá sobre las viviendas protegidas. Con el CTE, la Administración, posiblemente con buen criterio, ha optado por aumentar la calidad de todas las viviendas, protegidas o no, en términos sobre todo de eficiencia energética y respeto medioambiental. Una intención loable pero que lógicamente se traduce, además de en dificultades operativas, en un incremento de los costes de construcción. Según la Asociación de Promotores y Constructores de España, la aplicación del CTE supondrá un sobrecoste de unos 6.000 euros por vivienda. Un sobrecoste que, de momento, no ha motivado la más que necesaria actualización de los módulos de VPO, que no se modifican desde el verano de 2005.
El impacto de estos 6.000 euros adicionales en las promociones de renta libre, en la mayoría de los casos, no será significativo. El promotor intentará repercutir esta cantidad en el precio de venta y, si esto no fuera posible porque el mercado estuviera llegando a su techo, probablemente podría soportar el descontarlo de sus beneficios sin poner en peligro la rentabilidad de la promoción.
Para los promotores de VPO, no obstante, el panorama es mucho más negro. Como los módulos están regulados y su última actualización, hace más de un año, no contempla la aplicación del CTE ni otros sobrecostes en la producción como el originado por la subida del petróleo o el acero, no podemos repercutir estos 6.000 euros en los precios de venta. Por consiguiente, no nos queda más opción que descontar esta cantidad de los beneficios. Una alternativa que puede llegar a poner en riesgo la promoción, pues los mencionados 6.000 euros por vivienda suponen, en buena parte de los casos, un importante porcentaje de las ganancias.
La intención del Gobierno por contribuir al ahorro energético y su preocupación por el medio ambiente es claramente positiva, pero al redactar un texto tan trascendente como el CTE se debería haber tenido en cuenta que la escasez de viviendas asequibles es un grave problema en nuestro país y que en este contexto la VPO es una de las únicas alternativas posibles. Medidas que supongan un sobrecoste adicional, sin incentivos paliativos, en un subsector con márgenes tan estrechos como el de la VPO no hacen más que desincentivar a los promotores que pensaran apostar por la vivienda protegida.
En este sentido entendemos que, hoy por hoy, no bastará con que las administraciones estatal y autonómica aprueben una actualización ordinaria del Precio Básico Nacional, que es la referencia para el establecimiento de los módulos. Con esta revisión sólo se haría frente, si acaso y seguramente no en su totalidad, al incremento de los costes que en el último año se ha generado en el mercado, sobre todo en lo relativo a los materiales derivados de la demanda de países terceros (todos pensamos en China y otros países del sureste asiático). Sería necesaria una subida extraordinaria que permitiera al promotor asumir los sobrecostes que ha originado la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. De otra manera, difícilmente lograremos la cuadratura del círculo que implica promover viviendas asequibles con unas calidades superiores a las que hasta ahora se le exigía incluso a la renta libre. Porque, que yo sepa, aun con la entrada del euro nadie da duros a cuatro pesetas.
Fuente: diaridecadiz.com (01/10/06)
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