El precio marcado es determinante, pero el fuerte crecimiento de la oferta y la desaceleración de la demanda inciden sobre los ritmos de venta
El tiempo medio de venta de un inmueble varía mucho de unas ciudades a otras, de si la vivienda es nueva o usada y, lógicamente, del precio marcado por el vendedor y del momento de la operación.
Los estudios demuestran que en la actualidad el tiempo que se tarda en vender un piso está dilatándose. Concretamente en el “Anuario Estadístico Inmobiliario Español 2006”,de RR de Acuña y Asociados se habla de entre 30 y 36 meses de media cuando hace solamente una año no se llegaba a 24 meses. Al parecer este es uno de los síntomas en los que se apoyan los expertos para hablar de ralentización de la demanda en el sector inmobiliario en España.
El fuerte crecimiento de la oferta y esta desaceleración de la demanda inciden sobre los ritmos de venta, por ello comienza a advertirse cierta moderación en el número de viviendas iniciadas y en el incremento de los precios. Si bien la firma no alude a ninguna caída de las tarifas para este año en curso, sí estima incrementos inferiores a los dos dígitos
.
Como consecuencia de este ligero enfriamiento de la demanda, en algunos lugares provocado por una perdida de interés de los inversores extranjeros, se anuncia un mercado hipotecario con menos movimiento que el año 2005. Pero la inmigración es otro de los factores que sostiene la demanda. No obstante, comienza a oírse la palabra “sobreoferta” para referirse al mercado inmobiliario, lo que en la práctica comienza a traducirse en una ralentización de los precios y un aumento de los tiempos medios de venta.
¿Empezarán a bajarlos precios? Esta pregunta que hace tan sólo unos meses era impensable hoy se sostiene: ya se publican encuestas en las que los vendedores particulares que mantienen el cartel de “se vende” declaran estar dispuestos rebajar en el precio de su casa. En cualquier caso, los agentes inmobiliarios aseguran que los pisos se ponen a la venta a precios mas ajustados.
En cuanto a la vivienda de segunda mano, si hasta el año pasado un piso se vendía en menos de tres meses ahora se necesitan como poco seis, según varias agencias inmobiliarias.
Fuente: Consumer (29/08/2006)
miércoles, 30 de agosto de 2006
B) Arrendamiento de apartamentos a pie de playa
Diferentes aspectos que han de tener en cuenta tanto propietarios como arrendatarios a la hora de alquilar una vivienda turística
El alquiler de apartamentos, pisos o viviendas a pie de playa sigue siendo una constante cada verano en España, dado que resulta más económico y permite acomodar a la familia al completo. Sin embargo, es conveniente tener presente una serie de precauciones a la hora de realizar esta operación, puesto que hay un dato que resulta muy significativo: más de la mitad de las quejas anuales presentadas en las asociaciones de usuarios se corresponden con arrendamientos o alquileres de viviendas turísticas.
Como recomendación general es aconsejable conservar en todo momento un documento escrito del acuerdo del alquiler tanto si la vivienda se arrienda en persona como si se hace a distancia. En dicho escrito, con validez legal, debe constar toda la información propia del inmueble que se va a alquilar, además del precio, las cláusulas del contrato y los días de estancia.
Respecto al apartado de la fianza es fundamental tener presente que ésta no puede ser una cantidad superior al 40% del precio total del alquiler y que deberá ser devuelta al arrendador al finalizar el contrato y comprobar que no han existido desperfectos. Para ello, es recomendable llevar a cabo un inventario exhaustivo de toda la vivienda en el momento de entrar en la misma. En caso de que se encuentren problemas de mal estado de conservación o se aprecie cualquier otro tipo de anomalía, antes de realizar el inventario es conveniente comunicárselo al propietario para quedar exentos de responsabilidad.
Otro detalle importante reside en que todo incumplimiento de contrato requiere una reclamación por escrito, por lo que las facturas, la propia reserva u otro tipo de documentos pueden ser de gran ayuda en un hipotético proceso judicial.
Factores que no deben pasar desapercibidos
Para el propietario:
. Inventario. Para reclamar el pago de roturas o desperfectos es necesario incluir todos los elementos que conforman la vivienda en este documento.
. Capacidad. Resulta recomendable determinar la entrada de un número máximo de personas. Por lo general también se suele prohibir la entrada de animales de compañía.
. Robos. Los expertos aconsejan el reemplazo de la cerradura de forma regular para tratar de evitar posibles hurtos. También hay que tener en cuenta que las compañías aseguradoras disponen de seguros que incluyen cláusulas de alquiler vacacional.
Para el inquilino:
. Señal. No existe un precio fijado legalmente, aunque por lo general suele establecerse entre el 20 y el 25% del coste total de arrendamiento.
. Gastos. Se establece que las facturas del agua, la luz u otros servicios no deben ser abonados nunca por el inquilino. Además, éste puede negarse a pagar los gastos de limpieza, si la vivienda no se encuentra en perfecto estado.
. Contrato. Resulta primordial revisarlo de manera minuciosa y sin dejarse la "letra pequeña". En el mismo, es conveniente que aparezca escrito tanto su duración como el precio acordado, así como las propias condiciones de pago.
Fuente: Consumer (22/08/2006)
sábado, 26 de agosto de 2006
B) Nuevo récord del número de billetes de 500 euros
El número de billetes de 500 euros volvió a marcar otro récord en el mes de julio, sumando los 106 millones de unidades, según los últimos datos del banco de españa. a pesar de este nuevo máximo, la proporción de los billetes sobre el total de dinero líquido en circulación se redujo ligeramente con respecto a junio, bajando del 63,3% al 61,2%. el número de billetes de 500 euros en circulación y su escaso uso cotidiano apunta a una gran bolsa de dinero negro en españa, conectada con el boom inmobiliario que la agencia tributaria está investigando.
Fuente: la vanguardia (16/08/2006)
Fuente: la vanguardia (16/08/2006)
martes, 22 de agosto de 2006
:( El Euribor sube en julio al 3,539%, la décima consecutiva y el nivel más alto en cuatro años
El Banco de España ha confirmado que el Euribor subió al 3,539% en julio, lo que supone la décima subida consecutiva del indicador más utilizado como referencia en los préstamos hipotecarios.
En concreto, el Euribor subió 0,138 puntos respecto al último dato oficial del mes de junio, en el que el indicador llegó al 3,401%. Esta nueva subida se traducirá en un incremento de las cuotas hipotecarias de aquellos clientes que vean revisada su préstamo en los próximos días.
Por ejemplo, teniendo en cuenta el importe de la hipoteca media en España según el INE, que es de 140.189 euros, a veinte años, con un diferencial del 0,60 sumados al Euribor, hace un año la cuota mensual era de 761,3 euros, pero con el nuevo Euribor asciende a 859,82 euros, 98,52 euros más.
Al cabo de un año, la subida del Euribor hará que las familias desembolsen 1.182 euros adicionales.
Los analistas esperan mayores subidas para final de año, lo que se ve apoyado por la última subida de tipos de interés que llevó a cabo el Banco Central Europeo a principios de agosto, y que situó en el 3% el precio oficial del dinero.
Los analistas ya especulan que la siguiente subida podría tener lugar en la reunión que el BCE celebrará el 5 octubre en París y barajan la posibilidad de llevar a cabo otro aumento antes de que acabe el año, en el encuentro de diciembre, para dejar el precio del dinero a final de año en el 3,5%.
De hecho, el indicador diario del Euribor a doce meses del mercado interbancario cotiza al alza y la semana pasada marcó el 3,659%, cuando hace apenas un mes estaba en el 3,511%. Esta cotización recoge condiciones de oferta y demanda entre bancos, pero también expectativas de los operadores y su subida no hace sino anticipar los movimientos futuros del Euribor
Las cifras difundidas por el Banco de España muestran también que en julio, el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre se situó en el 4,163% en el caso de los bancos, mientras que fue del 4,287% para las cajas de ahorro.
El tipo medio recoge normalmente el Euribor, más el diferencial que aplica cada entidad financiera (0,624 para los bancos y 0,748 para las cajas).
Fuente: urbanoticias.com (21/08/06)
En concreto, el Euribor subió 0,138 puntos respecto al último dato oficial del mes de junio, en el que el indicador llegó al 3,401%. Esta nueva subida se traducirá en un incremento de las cuotas hipotecarias de aquellos clientes que vean revisada su préstamo en los próximos días.
Por ejemplo, teniendo en cuenta el importe de la hipoteca media en España según el INE, que es de 140.189 euros, a veinte años, con un diferencial del 0,60 sumados al Euribor, hace un año la cuota mensual era de 761,3 euros, pero con el nuevo Euribor asciende a 859,82 euros, 98,52 euros más.
Al cabo de un año, la subida del Euribor hará que las familias desembolsen 1.182 euros adicionales.
Los analistas esperan mayores subidas para final de año, lo que se ve apoyado por la última subida de tipos de interés que llevó a cabo el Banco Central Europeo a principios de agosto, y que situó en el 3% el precio oficial del dinero.
Los analistas ya especulan que la siguiente subida podría tener lugar en la reunión que el BCE celebrará el 5 octubre en París y barajan la posibilidad de llevar a cabo otro aumento antes de que acabe el año, en el encuentro de diciembre, para dejar el precio del dinero a final de año en el 3,5%.
De hecho, el indicador diario del Euribor a doce meses del mercado interbancario cotiza al alza y la semana pasada marcó el 3,659%, cuando hace apenas un mes estaba en el 3,511%. Esta cotización recoge condiciones de oferta y demanda entre bancos, pero también expectativas de los operadores y su subida no hace sino anticipar los movimientos futuros del Euribor
Las cifras difundidas por el Banco de España muestran también que en julio, el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre se situó en el 4,163% en el caso de los bancos, mientras que fue del 4,287% para las cajas de ahorro.
El tipo medio recoge normalmente el Euribor, más el diferencial que aplica cada entidad financiera (0,624 para los bancos y 0,748 para las cajas).
Fuente: urbanoticias.com (21/08/06)
viernes, 18 de agosto de 2006
B) Cádiz, la provincia con mayor número de casas de alquiler para el verano
Málaga posee 127.423 casas en régimen de alquiler, a pesar de ser la provincia andaluza turística por excelencia. Es Cádiz la número uno de la comunidad con 146.091 casas cuyo régimen principal es el alquiler.
Estos datos pertenecen al último catastro realizado en 2001 y actualizado en 2005, por lo que se estima que las cifras han aumentado el último año. Además, se convierte en la provincia donde los alquileres están más caros: Veranear en la costa gaditana puede suponer un importante desembolso ya que sólo el alquiler de 15 días oscila entre 1.800 y 2.000 euros de media.
La oferta en Cádiz capital se centra principalmente en apartamentos de un dormitorio que cuestan unos 800 euros de media por quincena, excepto si se ubican en la zona de la playa de La Victoria, donde el precio se dispara hasta los 1.500 euros. En cuanto a viviendas de dos o tres dormitorios, la media se establece en 1.200 euros.
Veranear en Chipiona es algo más caro, sobre todo si el turista se decanta por la zona de Regla o La Laguna, donde abundan las urbanizaciones de lujo. En todo caso, alquilar un apartamento de una habitación cercano a la playa cuesta unos 900 euros; un piso alcanza los 1.500, un dúplex de 200 metros asciende a 1.800 y alquilar un chalé de lujo los primeros quince días de agosto supone 2.500 euros de media.
En Barbate, la oferta y la demanda se centran en estudios de dos dormitorios en primera línea de playa, que suelen ocupar una media de 5 ó 6 personas. Alquilarlos un día cuesta 100 euros y la quincena está entre los 1.200 y los 1.400 euros, elevándose el precio en función de los complementos, como el hecho de tener piscina.
En El Puerto de Santa María el turista suele decantarse por la zona de Vistahermosa o Valdelagrana. Aunque Vistahermosa no se sitúa en primera línea de playa, alquilar un apartamento de dos habitaciones cuesta 1.200 euros la quincena y un chalé supone un gasto medio de 3.000 euros.
Valdelagrana sí se ubica junto a la playa. Allí, el alquiler de un apartamento de dos dormitorios supone unos 1.300 euros de media, el precio de una casa va desde los 1.800 hasta los 3.000 euros y los escasos chalés cuestan, como máximo, unos 3.500 euros. Aunque no son muy grandes se caracterizan por estar perfectamente equipados, haciéndose cargo durante la estancia de los inquilinos del mantenimiento de la piscina o del jardín.
La costa de Chiclana se consolida como una de las más caras de la provincia, aunque siempre dependerá de la zona elegida. Alquilar un apartamento en primera línea de playa oscila entre los 1.800 y los 2.000 euros de media durante la primera quincena de agosto, y una casa de tres dormitorios cuesta unos 2.250 euros.
El alquiler toca techo
En cambio, por unos 1.500 euros se puede alquilar perfectamente en las zonas de Los Gallos, Pago del Humo o Aldea del Coto, sensiblemente más económicas. Sin embargo, en el Novo Sancti Petri el alquiler toca techo. Allí, según las inmobiliarias consultadas, «un apartamento normalito» puede costar unos 2.400 euros sólo 15 días y, el alquiler de un chalé se establece entre los 3.500 y los 4.000 euros.
En el polo opuesto se encuentra Algeciras. Sin embargo, no es uno de los destinos turísticos más demandados, por lo que existe escasa oferta estacional. En cualquier caso, alquilar durante quince días un apartamento en la costa algecireña cuesta sólo 750 euros, y una casa de dos o tres dormitorios unos 1.250 euros. Unos precios que, además, estarán justo a la mitad el próximo mes de septiembre.
Fuente ABC.es (16/08/2006)
Estos datos pertenecen al último catastro realizado en 2001 y actualizado en 2005, por lo que se estima que las cifras han aumentado el último año. Además, se convierte en la provincia donde los alquileres están más caros: Veranear en la costa gaditana puede suponer un importante desembolso ya que sólo el alquiler de 15 días oscila entre 1.800 y 2.000 euros de media.
La oferta en Cádiz capital se centra principalmente en apartamentos de un dormitorio que cuestan unos 800 euros de media por quincena, excepto si se ubican en la zona de la playa de La Victoria, donde el precio se dispara hasta los 1.500 euros. En cuanto a viviendas de dos o tres dormitorios, la media se establece en 1.200 euros.
Veranear en Chipiona es algo más caro, sobre todo si el turista se decanta por la zona de Regla o La Laguna, donde abundan las urbanizaciones de lujo. En todo caso, alquilar un apartamento de una habitación cercano a la playa cuesta unos 900 euros; un piso alcanza los 1.500, un dúplex de 200 metros asciende a 1.800 y alquilar un chalé de lujo los primeros quince días de agosto supone 2.500 euros de media.
En Barbate, la oferta y la demanda se centran en estudios de dos dormitorios en primera línea de playa, que suelen ocupar una media de 5 ó 6 personas. Alquilarlos un día cuesta 100 euros y la quincena está entre los 1.200 y los 1.400 euros, elevándose el precio en función de los complementos, como el hecho de tener piscina.
En El Puerto de Santa María el turista suele decantarse por la zona de Vistahermosa o Valdelagrana. Aunque Vistahermosa no se sitúa en primera línea de playa, alquilar un apartamento de dos habitaciones cuesta 1.200 euros la quincena y un chalé supone un gasto medio de 3.000 euros.
Valdelagrana sí se ubica junto a la playa. Allí, el alquiler de un apartamento de dos dormitorios supone unos 1.300 euros de media, el precio de una casa va desde los 1.800 hasta los 3.000 euros y los escasos chalés cuestan, como máximo, unos 3.500 euros. Aunque no son muy grandes se caracterizan por estar perfectamente equipados, haciéndose cargo durante la estancia de los inquilinos del mantenimiento de la piscina o del jardín.
La costa de Chiclana se consolida como una de las más caras de la provincia, aunque siempre dependerá de la zona elegida. Alquilar un apartamento en primera línea de playa oscila entre los 1.800 y los 2.000 euros de media durante la primera quincena de agosto, y una casa de tres dormitorios cuesta unos 2.250 euros.
El alquiler toca techo
En cambio, por unos 1.500 euros se puede alquilar perfectamente en las zonas de Los Gallos, Pago del Humo o Aldea del Coto, sensiblemente más económicas. Sin embargo, en el Novo Sancti Petri el alquiler toca techo. Allí, según las inmobiliarias consultadas, «un apartamento normalito» puede costar unos 2.400 euros sólo 15 días y, el alquiler de un chalé se establece entre los 3.500 y los 4.000 euros.
En el polo opuesto se encuentra Algeciras. Sin embargo, no es uno de los destinos turísticos más demandados, por lo que existe escasa oferta estacional. En cualquier caso, alquilar durante quince días un apartamento en la costa algecireña cuesta sólo 750 euros, y una casa de dos o tres dormitorios unos 1.250 euros. Unos precios que, además, estarán justo a la mitad el próximo mes de septiembre.
Fuente ABC.es (16/08/2006)
domingo, 13 de agosto de 2006
:O Primer aumento del precio de la vivienda en japón tras 14 años
los precios inmobiliarios no suben siempre y en todo lugar. en japón, la vivienda ha subido por primera vez en 14 años, marcando el inicio de la recuperación del sector tras el espectacular pinchazo de la burbuja especulativa de 1990 - 1991 (la superficie del palacio imperial estaba más valorada que todo el estado de california). el pasado 1 de enero, según la agencia nacional de los impuestos, el precio medio del metro cuadrado en el archipiélago se situaba en 114.000 yenes (equivalentes a 781 euros), lo que supone una revalorización del 0,9% respecto al año anterior. en tokio los precios de la viviendas aumentaron un 3,5%. las subidas más espectaculares se han producido en las viviendas de lujo construidas frente a la estación del ferrocarril de nagoya, en el centro de la capital, con subidas del 26%.
Fuente:la vanguardia (02/08/06)
Fuente:la vanguardia (02/08/06)
:) Los precios de la vivienda se están moderando y crecerán en torno a un 9% en 2006
Los precios medios de la vivienda se están moderando y crecerán en torno a un 9% en 2006, aunque la ralentización sólo se está produciendo para viviendas cuyos precios oscilan entre 500.000 y 600.000 euros, según el jefe de equipo del Servicio de Control de Zona de Tasamadrid, Manuel García.
Por ello, los jóvenes o inmigrantes, que optan a pisos de unos 240.000 euros, no han podido beneficiarse aún de este ‘aterrizaje suave’ previsto por el Gobierno.
Desde Tasamadrid se apunta que la moderación de los precios también acabará afectando a las viviendas de precios bajos y medios, aunque es difícil saber cuándo sucederá. Según el responsable de la tasadora, dependerá de la evolución de la economía y especialmente del comportamiento de los tipos de interés.
A su juicio, la futura Ley de Suelo ‘no tendrá influencia a corto plazo sobre los precios del mercado’. Así, ante la preocupación de muchos agentes del sector por un posible incremento de los precios provocado por la cesión obligatoria de un mínimo del 25% de los desarrollos urbanísticos a la construcción de viviendas de VPO, Tasamadrid señala que no se dará tal aumento, si no ‘un abaratamiento del metro cuadrado bruto’.
En su opinión, los promotores buscarán suelos más baratos para compensar la construcción de menos viviendas libres y más viviendas protegidas con un precio máximo de venta, de forma que los precios finales de las viviendas no se resentirán por el cambio normativo.
En este sentido, aseguró que es ‘viable’ establecer un modelo de mercado en el que tenga un mayor protagonismo la VPO, como se pretende con la Ley de Suelo, siempre y cuando se establezcan precios máximos para este tipo de vivienda que aseguren unas plusvalías a los promotores, aunque sean inferiores a las que proporciona la vivienda libre. Según la tasadora, ‘a los promotores les compensa reducir su margen de beneficio al construir más viviendas de VPO dado que ‘es un mercado con menor riesgo’.
Asimismo, descartó un cambio en el modelo de mercado, aunque señaló que una ralentización brusca del mercado de la vivienda ‘indudablemente’ afectaría a la economía y daría lugar a un aumento del paro sectorial.
La futura Ley del Suelo es ‘continuista con las leyes precedentes desde 1990 y no legisla en materia urbanística’, según García, quien destacó que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, que presumiblemente superará el trámite parlamentario en septiembre, se limita a establecer cuotas de participación a las comunidades autónomas, que son quienes tienen todas las competencias en esta materia.
Por otra parte, el responsable de Tasamadrid señaló que la mayor participación institucional en el mercado se deja ver claramente en el capítulo de la valoración de suelos. García apuntó en este apartado que la nueva ley ‘abaratará las expropiaciones’ por cuanto ‘los terrenos expropiados serán valorados sin expectativas de mercado, y luego podrán ser recalificados para ser urbanizados por las administraciones y más tarde vendidos para generar unas plusvalías, una práctica que al propietario le estaría vetado’.
Por otra parte, desde Tasamadrid se no se considera necesario un Ministerio de Vivienda, ya que el sector ‘ha de regularse por el libre mercado’. En cualquier caso, la tasadora consideró que ‘no se ha notado mucho la labor de la ministra’.
En este sentido, García señaló que la Sociedad Pública Alquiler (SPA) no ha servido de mucho’, ya que ‘quien quiere alquilar su casa va a una agencia, no a un Ministerio’, y que las conversiones de suelos militares para la construcción de VPO ya se habían realizado con anterioridad.
Asimismo, señaló que de crearse la figura del Fiscal Especial en materia de ordenamiento jurídico, éste debería ocuparse de asegurar la transparencia en las operaciones. ‘Son las comunidades autónomas las que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa’.
Fuente: urbanoticias.com (09/08/06)
Por ello, los jóvenes o inmigrantes, que optan a pisos de unos 240.000 euros, no han podido beneficiarse aún de este ‘aterrizaje suave’ previsto por el Gobierno.
Desde Tasamadrid se apunta que la moderación de los precios también acabará afectando a las viviendas de precios bajos y medios, aunque es difícil saber cuándo sucederá. Según el responsable de la tasadora, dependerá de la evolución de la economía y especialmente del comportamiento de los tipos de interés.
A su juicio, la futura Ley de Suelo ‘no tendrá influencia a corto plazo sobre los precios del mercado’. Así, ante la preocupación de muchos agentes del sector por un posible incremento de los precios provocado por la cesión obligatoria de un mínimo del 25% de los desarrollos urbanísticos a la construcción de viviendas de VPO, Tasamadrid señala que no se dará tal aumento, si no ‘un abaratamiento del metro cuadrado bruto’.
En su opinión, los promotores buscarán suelos más baratos para compensar la construcción de menos viviendas libres y más viviendas protegidas con un precio máximo de venta, de forma que los precios finales de las viviendas no se resentirán por el cambio normativo.
En este sentido, aseguró que es ‘viable’ establecer un modelo de mercado en el que tenga un mayor protagonismo la VPO, como se pretende con la Ley de Suelo, siempre y cuando se establezcan precios máximos para este tipo de vivienda que aseguren unas plusvalías a los promotores, aunque sean inferiores a las que proporciona la vivienda libre. Según la tasadora, ‘a los promotores les compensa reducir su margen de beneficio al construir más viviendas de VPO dado que ‘es un mercado con menor riesgo’.
Asimismo, descartó un cambio en el modelo de mercado, aunque señaló que una ralentización brusca del mercado de la vivienda ‘indudablemente’ afectaría a la economía y daría lugar a un aumento del paro sectorial.
La futura Ley del Suelo es ‘continuista con las leyes precedentes desde 1990 y no legisla en materia urbanística’, según García, quien destacó que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, que presumiblemente superará el trámite parlamentario en septiembre, se limita a establecer cuotas de participación a las comunidades autónomas, que son quienes tienen todas las competencias en esta materia.
Por otra parte, el responsable de Tasamadrid señaló que la mayor participación institucional en el mercado se deja ver claramente en el capítulo de la valoración de suelos. García apuntó en este apartado que la nueva ley ‘abaratará las expropiaciones’ por cuanto ‘los terrenos expropiados serán valorados sin expectativas de mercado, y luego podrán ser recalificados para ser urbanizados por las administraciones y más tarde vendidos para generar unas plusvalías, una práctica que al propietario le estaría vetado’.
Por otra parte, desde Tasamadrid se no se considera necesario un Ministerio de Vivienda, ya que el sector ‘ha de regularse por el libre mercado’. En cualquier caso, la tasadora consideró que ‘no se ha notado mucho la labor de la ministra’.
En este sentido, García señaló que la Sociedad Pública Alquiler (SPA) no ha servido de mucho’, ya que ‘quien quiere alquilar su casa va a una agencia, no a un Ministerio’, y que las conversiones de suelos militares para la construcción de VPO ya se habían realizado con anterioridad.
Asimismo, señaló que de crearse la figura del Fiscal Especial en materia de ordenamiento jurídico, éste debería ocuparse de asegurar la transparencia en las operaciones. ‘Son las comunidades autónomas las que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa’.
Fuente: urbanoticias.com (09/08/06)
lunes, 7 de agosto de 2006
:D SierraCadizMANAGEMENT
Damos la bienvenida a un nuevo miembro colaborador-editor del blog.
http://www.bloginmobiliario.blogspot.com
(Agregalo a tus favoritos)
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:O Las dosis más optimistas se centran en el mercado inmobiliario con una notable inversión
No es un secreto a voces que el negocio inmobiliario sigue al alza y representa uno de los mejores exponentes de la salud de la economía .
De hecho, la valoración efectuada en los seis primeros meses del año determinan un comportamiento claramente optimista, con un crecimiento del volumen de negocio incluso superior a los ya importantes avances registrados al cierre del año 2005.
Tampoco hay que olvidarse en términos de empleo de la aportación del sector inmobiliario y el de servicios empresariales al crecimiento previsto para el conjunto de la región ya que es claramente optimista. Como expresión ilustrativa cabe decir que se establecen incrementos en los niveles de ocupación superiores a los registrados en el semestre previo.
A estos logros se une un notable crecimiento de la inversión, dominada por procesos innovadores, y una mejora sensible en la actividad exterior desarrollada. Por el contrario, las opiniones manifestadas en términos de subcontratación y de precios, determinan una situación de menor dinamismo, e incluso el inicio de un proceso menos inflacionista.
Precisamente, es éste uno de los aspectos más relevadores del análisis sobre el sector inmobiliario ya que al habitual espíritu de proyección alcista que parece nunca quebrar, ahora empiezan a dibujarse algunos altibajos.
En el Barómetro Sectorial se constata que para el segundo semestre de 2006 habrá un menor dinamismo, aunque queda dicho que habrá un cierre de ejercicio por encima de los alcanzados un año antes.
Por otro lado, la incorporación de capital y de nuevas tecnologías son elementos claves de estos optimistas resultados que surgen del análisis efectuado, a los que se suma una intensa mejora en su actividad exterior pese a que los significativos crecimientos de precios estimados y la previsible moderación de la actividad en el segmento residencial aconsejan cierto grado de cautela.
Servicios empresariales
En el capítulo de los servicios empresariales, la coyuntura no podría tener mejor orientación, incluso superando a la conseguida en el mercado inmobiliario. Aquí ni siquiera aparecen las sombras que se detectan entre venta de pisos y construcción para el actual semestre del año. Así, en la segunda mitad del año, las perspectivas no sólo anticipan un crecimiento de la actividad inmobiliaria, sino que incluso la intensifican con relación a la primera mitad del año.
En particular, la actividad exterior podría contar con una significativa fortaleza y recobrar un papel protagonista como elemento clave del proceso de crecimiento continuo e intenso previsto en esta actividad.
Fuente: ABC (07/08/06)
De hecho, la valoración efectuada en los seis primeros meses del año determinan un comportamiento claramente optimista, con un crecimiento del volumen de negocio incluso superior a los ya importantes avances registrados al cierre del año 2005.
Tampoco hay que olvidarse en términos de empleo de la aportación del sector inmobiliario y el de servicios empresariales al crecimiento previsto para el conjunto de la región ya que es claramente optimista. Como expresión ilustrativa cabe decir que se establecen incrementos en los niveles de ocupación superiores a los registrados en el semestre previo.
A estos logros se une un notable crecimiento de la inversión, dominada por procesos innovadores, y una mejora sensible en la actividad exterior desarrollada. Por el contrario, las opiniones manifestadas en términos de subcontratación y de precios, determinan una situación de menor dinamismo, e incluso el inicio de un proceso menos inflacionista.
Precisamente, es éste uno de los aspectos más relevadores del análisis sobre el sector inmobiliario ya que al habitual espíritu de proyección alcista que parece nunca quebrar, ahora empiezan a dibujarse algunos altibajos.
En el Barómetro Sectorial se constata que para el segundo semestre de 2006 habrá un menor dinamismo, aunque queda dicho que habrá un cierre de ejercicio por encima de los alcanzados un año antes.
Por otro lado, la incorporación de capital y de nuevas tecnologías son elementos claves de estos optimistas resultados que surgen del análisis efectuado, a los que se suma una intensa mejora en su actividad exterior pese a que los significativos crecimientos de precios estimados y la previsible moderación de la actividad en el segmento residencial aconsejan cierto grado de cautela.
Servicios empresariales
En el capítulo de los servicios empresariales, la coyuntura no podría tener mejor orientación, incluso superando a la conseguida en el mercado inmobiliario. Aquí ni siquiera aparecen las sombras que se detectan entre venta de pisos y construcción para el actual semestre del año. Así, en la segunda mitad del año, las perspectivas no sólo anticipan un crecimiento de la actividad inmobiliaria, sino que incluso la intensifican con relación a la primera mitad del año.
En particular, la actividad exterior podría contar con una significativa fortaleza y recobrar un papel protagonista como elemento clave del proceso de crecimiento continuo e intenso previsto en esta actividad.
Fuente: ABC (07/08/06)
:) El Ministerio de Vivienda ultima la norma contra la especulación
Los intermediarios deberán contar con un seguro de responsabilidad civil
El Ministerio de Vivienda ha acelerado sus trabajos para cerrar antes de final de año una norma con la que luchar contra la especulación y las prácticas abusivas en la intermediación inmobiliaria. Se trata de un texto cuya fórmula legal está aún por definir, mediante el que se obligará a los intermediarios a inscribirse en un registro público y a contratar un elevado seguro de responsabilidad civil. El objetivo es multiplicar la seguridad jurídica de los ciudadanos. En caso de incumplimiento reiterado, las sanciones podrían llegar a los 30.000 euros.
La nueva norma servirá para desarrollar la ley con la que el anterior Gobierno liberalizó el sector en 2003. Ese texto abría la actividad a "personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de pertenencia a ningún colegio oficial, sin perjuicio de los requisitos que, por razones de protección a los consumidores, establezca la normativa reguladora de esta actividad". "No se trata de volver al régimen anterior, ni de exigir un título determinado a los que intervengan en la compra-venta de un piso, pero sí de que los ciudadanos tengan la máxima seguridad posible", apuntan fuentes gubernamentales.
La propia ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se ha referido en numerosas ocasiones a este problema de una forma muy gráfica: "No es posible que en España una persona gane con una sola llamada de teléfono más dinero que un trabajador a lo largo de todo el año". Desde el Gobierno se resalta que no sólo las autoridades consideran urgente la intervención, sino que los propios agentes de la propiedad inmobiliaria (API) la entienden imprescindible.
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de API, Santiago Baena, asegura que "todos los días vemos auténticas barbaridades por parte de muchos aprovechados y no puede haber jugadores con las cartas marcadas". Baena recuerda que los 6.000 agentes que trabajan en España son un colectivo regulado, con unas tarifas públicas, inscritos en corporaciones de derecho público, sometidos a unos estatutos y con una formación que, como mínimo, es universitaria y se actualiza de forma constante.
Fuente: Consumer (06/08/2006)
El Ministerio de Vivienda ha acelerado sus trabajos para cerrar antes de final de año una norma con la que luchar contra la especulación y las prácticas abusivas en la intermediación inmobiliaria. Se trata de un texto cuya fórmula legal está aún por definir, mediante el que se obligará a los intermediarios a inscribirse en un registro público y a contratar un elevado seguro de responsabilidad civil. El objetivo es multiplicar la seguridad jurídica de los ciudadanos. En caso de incumplimiento reiterado, las sanciones podrían llegar a los 30.000 euros.
La nueva norma servirá para desarrollar la ley con la que el anterior Gobierno liberalizó el sector en 2003. Ese texto abría la actividad a "personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de pertenencia a ningún colegio oficial, sin perjuicio de los requisitos que, por razones de protección a los consumidores, establezca la normativa reguladora de esta actividad". "No se trata de volver al régimen anterior, ni de exigir un título determinado a los que intervengan en la compra-venta de un piso, pero sí de que los ciudadanos tengan la máxima seguridad posible", apuntan fuentes gubernamentales.
La propia ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se ha referido en numerosas ocasiones a este problema de una forma muy gráfica: "No es posible que en España una persona gane con una sola llamada de teléfono más dinero que un trabajador a lo largo de todo el año". Desde el Gobierno se resalta que no sólo las autoridades consideran urgente la intervención, sino que los propios agentes de la propiedad inmobiliaria (API) la entienden imprescindible.
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de API, Santiago Baena, asegura que "todos los días vemos auténticas barbaridades por parte de muchos aprovechados y no puede haber jugadores con las cartas marcadas". Baena recuerda que los 6.000 agentes que trabajan en España son un colectivo regulado, con unas tarifas públicas, inscritos en corporaciones de derecho público, sometidos a unos estatutos y con una formación que, como mínimo, es universitaria y se actualiza de forma constante.
Fuente: Consumer (06/08/2006)
viernes, 4 de agosto de 2006
:) La Junta renuncia a regular los campos de golf tras seis años preparando un decreto
Tras seis años de negociaciones entre tres consejerías, el Gobierno andaluz descarta impulsar una normativa rechazada por los promotores
En el año 2000, el Gobierno andaluz inició el proceso de elaboración de un decreto que tenía como objetivo regular los campos de golf y, sobre todo, controlar que se vinculen estos proyectos a la construcción de grandes urbanizaciones. Durante seis años, la Junta ha trabajado en la elaboración de esta normativa, que ha llegado a contar hasta con tres borradores. En este tiempo se han producido varios enfrentamientos entre los titulares de las consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas, Economía y Turismo por esta iniciativa, que siempre ha contado con el rechazo de las federaciones de promotores y urbanizadores. Pese a que en los últimos meses se había anunciado que el decreto estaba casi listo, el Ejecutivo autonómico anunció ayer que renunciaba a cerrar un texto definitivo.
La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, en una entrevista concedida a Europa Press, destacó que el decreto "no es necesario" y admitió que existe una "clara opción en favor de los campos de golf". Para justificar este cambio de postura, hizo referencia a las normas medioambientales y deportivas ya existentes, a los distintos documentos de ordenación del territorio elaborados por la Administración autonómica, así como a los planes generales diseñados por los distintos municipios: "En los planes subregionales –aquellos que afectan sólo a zonas metropolitanas o del litoral– se está diciendo dónde es posible el desarrollo de un campo".
Según precisó, un campo de golf debe cumplir las características determinadas por las federaciones de este deporte y los condicionantes que fija la Administración medioambiental. "En materia urbanística –indicó la consejera– no se van a permitir, porque la ley no lo permite, crecimientos y asentamientos urbanos".
Esta última cuestión es el origen del proceso de elaboración del decreto de campos de golf: limitar la construcción de urbanizaciones y promociones inmobiliarias: "No se autorizarán viviendas en mitad del campo, salvo que haya un impedimento o que no pueda desarrollarse el ámbito urbano existente y, entonces, al nuevo asentamiento hay que darle todos los equipamientos y los servicios".
Gutiérrez incidió en que no se puede defender que el campo de golf "se hace viable por la construcción de viviendas": "Entonces, esa construcción de pisos hace inviable la prestación de servicios y estamos en la pescadilla que se muerde la cola. La gente quiere la casa, no para jugar al golf, sino para tener todos los equipamientos y, por lo tanto, hay que primar los servicios y las conexiones a los sistemas generales".
Tras descartar la elaboración del decreto, la Junta pretende analizar en cada caso si el terreno "es apto o no" para el desarrollo de un campo de golf: "Se tendrá en cuenta que las viviendas se hacen en el casco urbano y que no vale la recalificación en mitad del campo".
La postura defendida por la consejera refleja un nuevo paso atrás de la titular de Obras Públicas. En varias comparecencias parlamentarias, Concepción Gutiérrez ha defendido la necesidad de regular la construcción de campos de golf con un decreto. De hecho, éste fue uno de los argumentos que justificaron el cambio que el Gobierno andaluz introdujo de forma urgente en la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Esta normativa, aprobada en noviembre de 2005, recogía en un principio una definición de suelo de uso turístico– aquel que dedica más de un 51 por ciento del terreno a hoteles– que impedía los proyectos de urbanizaciones residenciales con campos de golf diseñados para la comunidad autónoma. Las presiones de los promotores y las diferencias entre las consejerías obligaron a Obras Públicas a suprimir este artículo a través de una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. El Ejecutivo autonómico incidió en que estaba en elaboración un decreto que regularía este tipo de instalaciones deportivas.
Tal era la apuesta del Gobierno andaluz por este decreto que, según han denunciado los promotores, más de 100 proyectos de campos de golf estaban paralizados a la espera de esta nueva normativa, que finalmente no se aprobará.
Fuente:diariodecadiz.com (04/08/06)
En el año 2000, el Gobierno andaluz inició el proceso de elaboración de un decreto que tenía como objetivo regular los campos de golf y, sobre todo, controlar que se vinculen estos proyectos a la construcción de grandes urbanizaciones. Durante seis años, la Junta ha trabajado en la elaboración de esta normativa, que ha llegado a contar hasta con tres borradores. En este tiempo se han producido varios enfrentamientos entre los titulares de las consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas, Economía y Turismo por esta iniciativa, que siempre ha contado con el rechazo de las federaciones de promotores y urbanizadores. Pese a que en los últimos meses se había anunciado que el decreto estaba casi listo, el Ejecutivo autonómico anunció ayer que renunciaba a cerrar un texto definitivo.
La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, en una entrevista concedida a Europa Press, destacó que el decreto "no es necesario" y admitió que existe una "clara opción en favor de los campos de golf". Para justificar este cambio de postura, hizo referencia a las normas medioambientales y deportivas ya existentes, a los distintos documentos de ordenación del territorio elaborados por la Administración autonómica, así como a los planes generales diseñados por los distintos municipios: "En los planes subregionales –aquellos que afectan sólo a zonas metropolitanas o del litoral– se está diciendo dónde es posible el desarrollo de un campo".
Según precisó, un campo de golf debe cumplir las características determinadas por las federaciones de este deporte y los condicionantes que fija la Administración medioambiental. "En materia urbanística –indicó la consejera– no se van a permitir, porque la ley no lo permite, crecimientos y asentamientos urbanos".
Esta última cuestión es el origen del proceso de elaboración del decreto de campos de golf: limitar la construcción de urbanizaciones y promociones inmobiliarias: "No se autorizarán viviendas en mitad del campo, salvo que haya un impedimento o que no pueda desarrollarse el ámbito urbano existente y, entonces, al nuevo asentamiento hay que darle todos los equipamientos y los servicios".
Gutiérrez incidió en que no se puede defender que el campo de golf "se hace viable por la construcción de viviendas": "Entonces, esa construcción de pisos hace inviable la prestación de servicios y estamos en la pescadilla que se muerde la cola. La gente quiere la casa, no para jugar al golf, sino para tener todos los equipamientos y, por lo tanto, hay que primar los servicios y las conexiones a los sistemas generales".
Tras descartar la elaboración del decreto, la Junta pretende analizar en cada caso si el terreno "es apto o no" para el desarrollo de un campo de golf: "Se tendrá en cuenta que las viviendas se hacen en el casco urbano y que no vale la recalificación en mitad del campo".
La postura defendida por la consejera refleja un nuevo paso atrás de la titular de Obras Públicas. En varias comparecencias parlamentarias, Concepción Gutiérrez ha defendido la necesidad de regular la construcción de campos de golf con un decreto. De hecho, éste fue uno de los argumentos que justificaron el cambio que el Gobierno andaluz introdujo de forma urgente en la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Esta normativa, aprobada en noviembre de 2005, recogía en un principio una definición de suelo de uso turístico– aquel que dedica más de un 51 por ciento del terreno a hoteles– que impedía los proyectos de urbanizaciones residenciales con campos de golf diseñados para la comunidad autónoma. Las presiones de los promotores y las diferencias entre las consejerías obligaron a Obras Públicas a suprimir este artículo a través de una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. El Ejecutivo autonómico incidió en que estaba en elaboración un decreto que regularía este tipo de instalaciones deportivas.
Tal era la apuesta del Gobierno andaluz por este decreto que, según han denunciado los promotores, más de 100 proyectos de campos de golf estaban paralizados a la espera de esta nueva normativa, que finalmente no se aprobará.
Fuente:diariodecadiz.com (04/08/06)
martes, 1 de agosto de 2006
:) Los propietarios de VPO podrán vender su casa a los diez años o liberarla a los quince tras la compra
El precio no podrá ser superior al que marque el mercado protegido en el momento de la enajenación En ambas operaciones, la nueva normativa de la Junta obligará a devolver las ayudas públicas recibidas
Los propietarios de hogares calificados como Vivienda de Protección Oficial (VPO) comenzaron este año con el sobresalto de que una nueva ley ponía coto a la venta libre de sus casas.
La ley 13/2005 tenía como objetivo luchar contra la especulación y controlar un patrimonio que había sido «facilitado» a familias que necesitaban un lugar para vivir. Del abuso de parte de los propietarios y de la dejadez continuada de la Administración se pasó al anuncio de un estricto control público, que, según denunciaron los dueños de VPO, nunca había existido. Esta situación ha puesto a numerosas familias en graves aprietos financieros, ya que tenían comprometida la compra de una nueva casa para la que contaban con la plusvalía que obtendrían de la venta de su vivienda protegida.
A día de hoy, de una ley que irrumpió bruscamente en el mercado inmobiliario se ha pasado, tras muchas presiones de las asociaciones de afectados, a un desarrollo de la norma que pretende paliar los daños a los afectados sin abandonar su función de control.
En la práctica
La semana pasada el Consejo de Gobierno aprobó el Reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía, que desarrolla la nueva legislación autonómica de vivienda y suelo en aspectos como la descalificación, la transmisión y la venta de estos inmuebles, es decir en los aspectos más importantes y polémicos de la ley de VPO.
Como principal novedad, la norma abre la posibilidad de descalificar una vivienda protegida para poder ponerla en el mercado libre a partir de los quince años, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Esta medida podrá aplicarse en todas las viviendas protegidas, salvo aquellas construidas sobre suelos en los que la legislación no lo permita. De no optar por este supuesto, la descalificación se produce de forma automática con carácter general en el plazo de treinta años.
Vivienda habitual
El reglamento exige para liberar la vivienda que ésta haya sido el lugar de residencia habitual y permanente de su titular durante los últimos cinco años.
En el caso de que la Junta otorgue su descalificación, y como requisito indispensable para la puesta de la vivienda en el mercado, el interesado deberá devolver las ayudas públicas percibidas o concedidas.
En cuanto a la transmisión y venta de las viviendas protegidas sin perder esta condición, el reglamento establece un plazo mínimo de diez años para poder llevar a cabo la operación, siempre y cuando el programa al que estén acogidas no refleje un periodo menor.
El precio de la venta no podrá superar en ningún caso el de una vivienda protegida nueva de similares características en el momento de la enajenación y si el inmueble tiene más de quince años, la cantidad de referencia será la misma que rige para las denominadas viviendas de Iniciativa Municipal o Autonómica. No obstante, el importe podrá incrementarse hasta un tope del 10% en el caso de que se hayan realizado mejoras en el inmueble o si se ha aumentado su superficie útil.
Ventajas a familiares
Además, la Administración regional, competente en esta materia, no ejercerá el derecho de tanteo y retracto en las transmisiones entre parientes de hasta segundo grado de cosanguineidad, ni tampoco en las referidas a la cuota indivisa de un copropietario -normalmente en casos de separaciones conyugales-.
Fuera de estos supuestos, y una vez solicitada la autorización para realizar una venta en las condiciones legalmente establecidas en cuanto a precio y persona adquirente, la Junta podrá ejercer el derecho de tanteo en el plazo de 60 días. Si en ese periodo el interesado no recibe comunicación al respecto, podrá llevarse a cabo la operación en los términos autorizados.
Papel de los notarios
El Reglamento aprobado también desarrolla las previsiones de la legislación autonómica de vivienda y suelo referida a la función de los notarios, especialmente la obligación que tienen estos profesionales de informar a la Junta del otorgamiento de escrituras de adjudicación o transmisión, así como de cualquier derecho real o de disfrute de una vivienda protegida. Los notarios también deben informar de los contratos de arrendamiento y de las escrituras de declaración de obra nueva por parte de los promotores. El conocimiento de todos estos datos es fundamental para que la Administración autonómica pueda ejercer de modo efectivo sus competencias en materia de vivienda protegida.
Finalmente, en lo referido al suelo, el reglamento determina que se deben destinar a la construcción de viviendas protegidas los terrenos así clasificados por el planeamiento urbanístico, al menos un 30% de los nuevos suelos residenciales.
En el caso de que se incumpla esta previsión, la Administración autonómica podrá intervenir mediante el recurso a la expropiación forzosa. El precio de estos suelos no podrá exceder el 15% del de la vivienda que sobre ellos se construya.
Por último, el reglamento extiende a todos los municipios andaluces la obligación de reservar para la construcción de viviendas protegidas el 30% de los nuevos suelos residenciales, requisito que anteriormente afectaba a las poblaciones de más de 20.000 habitantes y a las áreas metropolitanas y litorales.
Fuente: lavozdigital.es (01/08/06)
B) San Fernando. Más de 400 alegaciones al PGOU
El periodo de exposición pública del nuevo Plan General de Ordenación Urbana finaliza mientras la oposición reclama que se amplíe el plazo del debate hasta mediados de septiembre
La Gerencia Municipal de Urbanismo cerró ayer el periodo de exposición pública del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que inició hace ya dos meses con el objeto de informar a los ciudadanos de las actuaciones que recoge este documento.
El Plan –tras la aprobación inicial del Pleno, en el pasado mes de abril– ha mostrado sus contenidos para iniciar el debate –político y ciudadano– sobre el futuro urbanístico de la ciudad. El resultado: más de 400 alegaciones presentadas al documento por partidos políticos, colectivos ciudadanos, asociaciones y particulares.
Para el concejal de Urbanismo, Fernando Rodríguez, no se trata, sin embargo, de una cifra elevada, sino más bien al contrario habida cuenta de la relevancia de las actuaciones propuestas para el futuro de La Isla y de la importancia del debate acerca del modelo de ciudad que plantea desarrollar.
Buena parte de las alegaciones han sido presentadas a título individual por ciudadanos a los que afecta de una u otra manera alguna de las actuaciones propuestas en el nuevo Plan. A ellas se suma las cursadas por asociaciones de vecinos y colectivos ciudadanos. Hasta el Consejo de Hermandades y Cofradías ha recurrido el proyecto del tren-tranvía por la calle Real al considerar que perjudicará el montaje de la Carrera Oficial de la Semana Santa y el discurrir de las procesiones de las distintas hermandades de penitencia por este recorrido.
Los partidos políticos también han participado activamente en esta fase de debate del documento y han expresado su opinión. Hace tan sólo unas semanas lo hizo el PSOE, que dio a conocer sus alegaciones presentadas al PGOU. Y ayer, horas después de registrarlas, lo hizo el PP, la única formación con representación municipal que votó en contra del Plan en su aprobación inicial. Ambos, además, han pedido más tiempo para la exposición pública.
Su presidenta y portavoz, María del Carmen Pedemonte, a pesar del voto negativo de su partido, reiteró al equipo de gobierno su predisposición a negociar los contenidos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana siempre y cuando éste se recondujera según los criterios en los que basa las 19 alegaciones –todas ellas, de contenido genérico– que ha presentado al documento.
Los populares parten de un argumento inicial, que ya han reprochado en varias ocasiones: el nuevo PGOU es inconcreto, más de una tercera parte del término municipal queda sin una definición clara en el ordenamiento propuesto, por lo que es necesaria una mayor definición para las grandes bolsas de suelo –claves para la ciudad– que quedan sin especificar, como ocurre con los terrenos afectados aún por servidumbre militar, como Camposoto y los polvorines de Fadricas.
En la misma línea, el PP critica la falta de definiciones de uso para las zonas del término municipal que están afectadas por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. "O se redelimita el Parque o se aprovechan de una vez sus recursos", dijo Pedemonte, que reprochó al PGOU que no desarrollara las actividades y usos permitidos por la normativa del Parque.
Lo mismo ocurre, según los populares, en las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre que no están afectadas por el Parque Natural, para las que el nuevo Plan tampoco define ningún uso. Pedemone se refirió así a las salina Belén, donde se prevé trasladar el recinto ferial –lo que ni siquiera está definido en el Plan – y a la zona del molino del Zaporito y la lámina de agua que allí existía antiguamente.
Dos de las alegaciones presentadas por el PP aluden a las previsiones del PGOU para el desarrollo de la actividad económica de la ciudad. A juicio de Carmen Pedemonte, "es un Plan poco ambicioso en relación con el desarrollo industrial". La apuesta por este suelo, a pesar de ser una necesidad de primer orden, es mínima y se limita a los acuerdos municipales relativos al suelo de FSC y Fadricas II y III, según el PP. Además, para esta formación, el PGOU deja sin resolver los problemas existentes en la actualidad sobre la edificabilidad de los polígonos industriales. Los populares, en este sentido, proponen que se agote el máximo de edificabilidad posible y que los criterios sean los mismos para todos.
El PP, igualmente, rechaza la ubicación prevista para la nueva estación de autobuses –frente al Janer– ya que cree que este espacio podría aprovecharse para su desarrollo económico dada la reordenación de la zona que se plantea y el desarrollo de los 75.000 metros cuadrados que ocupa la vieja escuela de Artillería por parte del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Según la portavoz popular, la mejor ubicación para la estación de autobuses sería en la zona de Caño Herrera, donde se prevé la expansión de Bahía Sur, dada su cercanía con la futura estación de tren central de San Fernando.
El rechazo hacia el trazado del tren-tranvía por la calle Real constituye –como era de esperar– otra de las alegaciones del PP al nuevo PGOU, criterio que va a unido a la situación en la que queda el casco histórico en el nuevo Plan tras el acuerdo del Pleno del pasado jueves en el que se aprobó iniciar los trámites administrativos y jurídicos necesarios para anular el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH). Esta situación –dice Pedemonte– debe quedar expresamente recogida en el nuevo documento, en el que los populares creen que debe hacerse una mención a la redacción del próximo PEPRICH.
A juicio de esta formación, el Plan contempla demasiadas actuaciones de reforma interior (ARI), muchas de las cuales perjudican innecesariamente a los vecinos con expropiaciones y realojos. Además, el PP considera que existen tres zonas en las que la ordenación propuesta constituye una "verdadera injusticia", como ocurre con La Casería, la Aguada de San Juan –para la que reclaman una solución similar a la que se busca para La Almadraba– y las inmediaciones de la plaza de toros, donde las actuaciones propuestas, al igual que ocurre en la calle Batalla del Ebro y El Castillito, supondrán la desaparición de una tipología característica y tradicional de estas zonas de La Isla.
Otra de las alegaciones del PP alude al apantallamiento del caño de Sancti Petri con los bloques previstos en La Magdalena y a la necesidad de desarrollar en el documento los convenios urbanísitcos ya firmados para el desarrollo residencial previsto en Camposoto.
Fuente: diariodecadiz.com (01/08/06)
La Gerencia Municipal de Urbanismo cerró ayer el periodo de exposición pública del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que inició hace ya dos meses con el objeto de informar a los ciudadanos de las actuaciones que recoge este documento.
El Plan –tras la aprobación inicial del Pleno, en el pasado mes de abril– ha mostrado sus contenidos para iniciar el debate –político y ciudadano– sobre el futuro urbanístico de la ciudad. El resultado: más de 400 alegaciones presentadas al documento por partidos políticos, colectivos ciudadanos, asociaciones y particulares.
Para el concejal de Urbanismo, Fernando Rodríguez, no se trata, sin embargo, de una cifra elevada, sino más bien al contrario habida cuenta de la relevancia de las actuaciones propuestas para el futuro de La Isla y de la importancia del debate acerca del modelo de ciudad que plantea desarrollar.
Buena parte de las alegaciones han sido presentadas a título individual por ciudadanos a los que afecta de una u otra manera alguna de las actuaciones propuestas en el nuevo Plan. A ellas se suma las cursadas por asociaciones de vecinos y colectivos ciudadanos. Hasta el Consejo de Hermandades y Cofradías ha recurrido el proyecto del tren-tranvía por la calle Real al considerar que perjudicará el montaje de la Carrera Oficial de la Semana Santa y el discurrir de las procesiones de las distintas hermandades de penitencia por este recorrido.
Los partidos políticos también han participado activamente en esta fase de debate del documento y han expresado su opinión. Hace tan sólo unas semanas lo hizo el PSOE, que dio a conocer sus alegaciones presentadas al PGOU. Y ayer, horas después de registrarlas, lo hizo el PP, la única formación con representación municipal que votó en contra del Plan en su aprobación inicial. Ambos, además, han pedido más tiempo para la exposición pública.
Su presidenta y portavoz, María del Carmen Pedemonte, a pesar del voto negativo de su partido, reiteró al equipo de gobierno su predisposición a negociar los contenidos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana siempre y cuando éste se recondujera según los criterios en los que basa las 19 alegaciones –todas ellas, de contenido genérico– que ha presentado al documento.
Los populares parten de un argumento inicial, que ya han reprochado en varias ocasiones: el nuevo PGOU es inconcreto, más de una tercera parte del término municipal queda sin una definición clara en el ordenamiento propuesto, por lo que es necesaria una mayor definición para las grandes bolsas de suelo –claves para la ciudad– que quedan sin especificar, como ocurre con los terrenos afectados aún por servidumbre militar, como Camposoto y los polvorines de Fadricas.
En la misma línea, el PP critica la falta de definiciones de uso para las zonas del término municipal que están afectadas por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. "O se redelimita el Parque o se aprovechan de una vez sus recursos", dijo Pedemonte, que reprochó al PGOU que no desarrollara las actividades y usos permitidos por la normativa del Parque.
Lo mismo ocurre, según los populares, en las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre que no están afectadas por el Parque Natural, para las que el nuevo Plan tampoco define ningún uso. Pedemone se refirió así a las salina Belén, donde se prevé trasladar el recinto ferial –lo que ni siquiera está definido en el Plan – y a la zona del molino del Zaporito y la lámina de agua que allí existía antiguamente.
Dos de las alegaciones presentadas por el PP aluden a las previsiones del PGOU para el desarrollo de la actividad económica de la ciudad. A juicio de Carmen Pedemonte, "es un Plan poco ambicioso en relación con el desarrollo industrial". La apuesta por este suelo, a pesar de ser una necesidad de primer orden, es mínima y se limita a los acuerdos municipales relativos al suelo de FSC y Fadricas II y III, según el PP. Además, para esta formación, el PGOU deja sin resolver los problemas existentes en la actualidad sobre la edificabilidad de los polígonos industriales. Los populares, en este sentido, proponen que se agote el máximo de edificabilidad posible y que los criterios sean los mismos para todos.
El PP, igualmente, rechaza la ubicación prevista para la nueva estación de autobuses –frente al Janer– ya que cree que este espacio podría aprovecharse para su desarrollo económico dada la reordenación de la zona que se plantea y el desarrollo de los 75.000 metros cuadrados que ocupa la vieja escuela de Artillería por parte del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Según la portavoz popular, la mejor ubicación para la estación de autobuses sería en la zona de Caño Herrera, donde se prevé la expansión de Bahía Sur, dada su cercanía con la futura estación de tren central de San Fernando.
El rechazo hacia el trazado del tren-tranvía por la calle Real constituye –como era de esperar– otra de las alegaciones del PP al nuevo PGOU, criterio que va a unido a la situación en la que queda el casco histórico en el nuevo Plan tras el acuerdo del Pleno del pasado jueves en el que se aprobó iniciar los trámites administrativos y jurídicos necesarios para anular el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH). Esta situación –dice Pedemonte– debe quedar expresamente recogida en el nuevo documento, en el que los populares creen que debe hacerse una mención a la redacción del próximo PEPRICH.
A juicio de esta formación, el Plan contempla demasiadas actuaciones de reforma interior (ARI), muchas de las cuales perjudican innecesariamente a los vecinos con expropiaciones y realojos. Además, el PP considera que existen tres zonas en las que la ordenación propuesta constituye una "verdadera injusticia", como ocurre con La Casería, la Aguada de San Juan –para la que reclaman una solución similar a la que se busca para La Almadraba– y las inmediaciones de la plaza de toros, donde las actuaciones propuestas, al igual que ocurre en la calle Batalla del Ebro y El Castillito, supondrán la desaparición de una tipología característica y tradicional de estas zonas de La Isla.
Otra de las alegaciones del PP alude al apantallamiento del caño de Sancti Petri con los bloques previstos en La Magdalena y a la necesidad de desarrollar en el documento los convenios urbanísitcos ya firmados para el desarrollo residencial previsto en Camposoto.
Fuente: diariodecadiz.com (01/08/06)
:( El BBVA prevé que los tipos de interés lleguen al 3,5% este año
La recuperación de la economía europea provocará que el Banco Central Europeo 'continúe el ciclo alcista de los tipos de interés, aunque más por la necesidad de ir reduciendo el grado de laxitud monetaria que porque se perciban fuertes presiones inflacionistas a medio plazo'.
Esta es una de las conclusiones recogidas en el último informe del Servicio de Estudios del BBVA, que estima que, frente al actual 2,75%, el precio oficial del dinero se situará en la zona del euro en el 3,5% en 2006 y que llegará hasta el 4% durante el próximo año. Un primer paso se puede dar en la próxima reunión del BCE, que se celebrará el jueves, donde los analistas prevén que podría haber una subida hasta el 3%.
Según José Luis Escrivá, jefe del Servicio de Estudios del BBVA, este buen comportamiento en Europa se ha trasladado a la economía española, cuyo crecimiento se ha revisado al alza para el segundo trimestre y el conjunto del año. Así, el estudio señala que la economía española creció un 3,7% en el segundo trimestre (aún no se disponen de datos oficiales) y prevé que llegará a un 3,6% en 2006.
Esta aceleración se ha producido por el aumento de la inversión en bienes de equipo y en construcción, en especial en vivienda, que representó el 7,3% del PIB en 2005,y una desaceleración más lenta de lo prevista del consumo.
'A pesar de que el endeudamiento de los hogares sigue creciendo y el nivel de renta disponible sigue bajando, el gasto familiar no ha parado por el rápido aumento del crédito al consumo', apuntó Escrivá.
El informe hace hincapié en el empleo que, 'a pesar de comportarse mejor de lo esperado', presenta, según Escrivá, graves problemas de temporalidad, con una tasa del 20% en todos los sectores y una débil integración de mujeres y jóvenes.
El IPC en la zona euro no baja del 2,5%
El índice de precios de consumo de la zona euro se mantuvo en el 2,5% en el mes de julio, según el dato preliminar presentado ayer por Eurostat. Este indicador orientativo se obtiene a partir de los datos disponibles de los estados miembros y de los precios de la energía en el último mes. El diferencial de inflación de la zona euro y España quedo establecido en 1,5 puntos en junio, cifra que se mantendrá a finales de año, según el Servicio de Estudios del BBVA.
Fuente: Cinco Días (01/08/06)
Esta es una de las conclusiones recogidas en el último informe del Servicio de Estudios del BBVA, que estima que, frente al actual 2,75%, el precio oficial del dinero se situará en la zona del euro en el 3,5% en 2006 y que llegará hasta el 4% durante el próximo año. Un primer paso se puede dar en la próxima reunión del BCE, que se celebrará el jueves, donde los analistas prevén que podría haber una subida hasta el 3%.
Según José Luis Escrivá, jefe del Servicio de Estudios del BBVA, este buen comportamiento en Europa se ha trasladado a la economía española, cuyo crecimiento se ha revisado al alza para el segundo trimestre y el conjunto del año. Así, el estudio señala que la economía española creció un 3,7% en el segundo trimestre (aún no se disponen de datos oficiales) y prevé que llegará a un 3,6% en 2006.
Esta aceleración se ha producido por el aumento de la inversión en bienes de equipo y en construcción, en especial en vivienda, que representó el 7,3% del PIB en 2005,y una desaceleración más lenta de lo prevista del consumo.
'A pesar de que el endeudamiento de los hogares sigue creciendo y el nivel de renta disponible sigue bajando, el gasto familiar no ha parado por el rápido aumento del crédito al consumo', apuntó Escrivá.
El informe hace hincapié en el empleo que, 'a pesar de comportarse mejor de lo esperado', presenta, según Escrivá, graves problemas de temporalidad, con una tasa del 20% en todos los sectores y una débil integración de mujeres y jóvenes.
El IPC en la zona euro no baja del 2,5%
El índice de precios de consumo de la zona euro se mantuvo en el 2,5% en el mes de julio, según el dato preliminar presentado ayer por Eurostat. Este indicador orientativo se obtiene a partir de los datos disponibles de los estados miembros y de los precios de la energía en el último mes. El diferencial de inflación de la zona euro y España quedo establecido en 1,5 puntos en junio, cifra que se mantendrá a finales de año, según el Servicio de Estudios del BBVA.
Fuente: Cinco Días (01/08/06)
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