La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), denunció ayer que 220 viviendas de promoción oficial construidas en los terrenos ociosos de Astilleros, permanecen cerradas.
Existe la posibiliada de questén siendo empleados como segunda residencia, o que los concesionarios estén alquilándolos con la intención de sacar provecho económico de la adjudicación recibida.
Martínez recordó que las viviendas sociales son entregadas a personas con recursos económicos limitados y, por ley, está previsto que se concedan en régimen de primera vivienda, sin que sus inquilinos puedan negociar un realquiler del inmueble.
El Ayuntamiento obtuvo la información sobre la situación de los pisos en el curso de una campaña de actualización del censo, iniciada el mes pasado. La alcaldesa precisó que, en el curso de la inspección, algunos residentes se negaron a facilitar su nombre a los encuestadores, lo que puede significar que las viviendas están siendo ocupadas por personas distintas a las que ganaron el concurso publico de adjudicación.
Martínez anunció que el consistorio elaborará un estudio "detallado" de la situación de las viviendas para trasladarlo a la Consejería de Obras Públicas de la Junta, administración competente en materia de viviendas sociales, "para que proceda de acuerdo con la legalidad".
Asimismo, la comisión de Gobierno decidió ayer solicitar a la Junta el expediente por el que se reguló la entrega de las casas. En los terrenos liberados en 1997 por los antiguos astilleros, con una extensión total de 180.000 metros cuadrados, fueron construidas 1.106 viviendas de protección oficial.
Fuente: elpais.com (10/02/08)
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