Seis de ellos fueron arrestados porque habían logrado hipotecas con certificados falsos de tasación y habían acudido al Registro para inscribir viviendas ilegales
- Entidades bancarias perjudicadas: Unicaja, Caixa Galicia y Banesto.
- Empresas de tasación afectadas: Tasa, BMB Gestión Documental, Innotasa y Tasa Galicia.
A cuentagotas, pero sin parar. Así se podría definir la investigación que lleva a cabo el Equipo contra la Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, que destapó hace un año el conocido ya caso Obra Nueva. En el día de ayer se conocía la implicación de otras nueve personas; seis de ellas fueron detenidas porque habían logrado completar una estafa que tiene como fin legalizar unas viviendas que están levantadas en suelo urbano no consolidado. Entre ellas está la responsable de una empresa promotora. Con esta última actuación, la cifra de imputados roza ya las cuarenta personas -en concreto 39-.
Los arrestos que en las últimas semanas se están produciendo llegan después de que los agentes hayan revisado las hipotecas concedidas o pendientes de autorización de una serie de entidades bancarias que se han visto afectadas por esta estafa. En noviembre del año pasado, este periódico desveló que la Guardia Civil había detectado anomalías en más de 200 préstamos. Ése fue el principio de un complejo trabajo de revisión que ahora está dando sus frutos con las detenciones conocidas ayer y con las anteriores difundidas en mayo. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que las pesquisas siguen en su fase más activa, por lo que se vaticina una cifra mucho mayor de implicados.
La raíz de esta estafa fue descubierta hace un año cuando fueron arrestados un abogado, un arquitecto y cuatro peritos que se dedicaban a la tasación ficticia de inmuebles, cuyos propietarios tenían previsto levantar en terrenos de Chiclana donde no está permitido ese uso. Para ello, presentaban una serie de certificados falsos, en donde se acreditaba que el inmueble tenía una antigüedad superior a los cinco años, aunque en muchos casos éste no había sido construido. En algunos de los casos destapados, los agentes comprobaron cómo habían adjuntado fotografías de viviendas que estaban situadas en otras parcelas.
Todo ese material era aportado en las entidades bancarias para la concesión de préstamos hipotecarios, que los propietarios utilizaban en realidad para edificar sus casas. Además, esos mismos documentos eran presentados en el Registro de la Propiedad de Chiclana para inscribir los inmuebles, acogiéndose así a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la que se indica que las infracciones urbanísticas prescriben a los cinco años. Cuando ocurre eso, sólo queda la opción de regularizar unas viviendas, que además se asientan en un suelo que en un futuro será urbanizable.
Descabezada la trama hace un año, a los agentes les quedaba por descubrir cuántas personas o clientes habían acudido a este entramado para obtener una declaración de Obra Nueva. Y es en ese momento de la investigación en el que se encuentran ahora los agentes.
En la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente divulgada la semana pasada, su responsable Ángel Núñez dedicaba un extenso capítulo a esta práctica, que lleva años realizándose en la provincia. El fiscal tiene constancia de esta permanencia en el tiempo, porque muchos de los casos que le han llegado en forma de denuncia ya han prescrito judicialmente. Además apuntaba a este periódico que los cabecillas de esta trama podrían haber actuado en otros municipios, como el de El Puerto, donde el Ministerio Público ya ha detectado 50 casos susceptibles de denuncia. Los 39 implicados en esta operación están en libertad con cargos.
Fuente: lavozdigital.es (17/06/08)
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2 comentarios:
Por qué el ciudadana nunca puede saber a través de la prensa el nombre de los delincuentes?.
Si ya están acusados y se saben los nombres.
Tengo una parcela y esperando la aprobación del Plan Urbanístico, ¡por legal!, pierdo media parcela.
espero que al principal de la trama y todos los se han hecho ricos a costa de ella, los cuelguen como lo que le obligaron a hacer al director del Banco de Andalucia.
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