La Guardia Civil detecta anomalías en más de 200 hipotecas urdidas por la trama del 'caso Obra Nueva'

El director de una sucursal del Santander es uno de los tres últimos detenidos cuyos arrestos no han trascendido hasta ahora debido al secreto de sumario

LOS NOMBRES

Detenidos

Últimos arrestos
José Ignacio R. G.: Abogado con despacho en Cádiz al que se le considera supuesto intermediario que ponía en contacto a los distintos miembros de la trama.

Joaquín P. S.: Arquitecto y supuesto autor de certificados falsos de obra nueva.

Antonio F. V.: Arquitecto técnico, que supuestamente también falsificó certificados. Es tío de la actual concejala delegada de Economía y Hacienda de Chiclana, María Eugenia Fernández.

Julio G. G.: Perito tasador (arquitecto técnico). Se le vincula con tasaciones ficticias de viviendas que incluso no existían, como sus otros colegas de profesión. Además, es jefe técnico del Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz.

Agustín J. S.: Perito tasador (arquitecto técnico).

Jaime Valentín R. C.: Perito tasador (arquitecto técnico).

Miguel Ángel G. P.: Aparece en el entramado que investiga la Guardia Civil como mediador en las transmisiones de parcelas y como gestor de hipotecas.

David G. P.: Promotor. En la supuesta trama, estos profesionales son los que presuntamente vendían las parcelas con construcciones ilegales.

José R. C.: Promotor.

Diego R. G.: Agente inmobiliario.

José María G. F.: Agente inmobiliario.

Juan Antonio F. O.: Agente inmobiliario.

Francisca L. R.: Propietaria.

Ambrosio T. A.: Propietario de vivienda ilegal para la que pidió supuestamente una hipoteca.

Miguel Ángel A. M.: Propietario.

Raúl A. L.: Propietario.

Patricia P. O.: Propietaria.

Santiago M. L.: Propietario.

Raúl B. L.: Propietario.

Diego R. G.: Propietario.

Miguel T. P.: Propietario.

La Guardia Civil acusa a los propietarios de haber solicitado un préstamo hipotecario para una vivienda ilegal, aunque a las entidades bancarias les presentaban tasaciones y datos de otros inmuebles que no estaban fueran de la ley. De esta manera, los bancos concedían préstamos para casas que en muchos casos no existían. Todos ellos solicitaron un crédito salvo Miguel T. P. y Diego R. G., a quienes se les acusa de haber hecho uso de certificados falsos para obtener la declaración de obra nueva, pero no consta que pidieran un préstamo.

Imputados: Una agente inmobiliario, un empresario de la construcción y un propietario.

Enrique Antonio A. A.: Director de la sucursal bancaria del Banco Santander que hay en la avenida de Las Cortes de Cádiz.

Jessica G. M. : Auxiliar administrativa que trabaja en la misma sucursal bancaria.

Luis Juan A. G.: Agente inmobiliario.

Lo que hasta ahora ha trascendido sobre la operación Obra Nueva y el contenido de las investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil parece ser sólo la punta de un inmenso iceberg delictivo, a tenor del volumen de hipotecas irregulares que ya han sido detectadas por los agentes y que en su día fueron urdidas por la trama de corrupción urbanística asentada en Chiclana.

Este periódico pudo saber ayer que ya hay más de 200 préstamos hipotecarios que presentan graves irregularidades y que en su día se concedieron utilizando como aval una vivienda distinta a la que en realidad debía ser hipotecada e incluso hay casos en los que se cerraron este tipo de operaciones bancarias sin que el inmueble hubiera sido construido, aunque los solicitantes presentaron documentación relativa a casas ya levantadas y con una antigüedad superior a los cuatro años.

Pero estas más de 200 hipotecas son sólo una parte de la ingente cantidad de expedientes que aún deben revisar los tres agentes que componen el Equipo contra la Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz; unos efectivos adscritos a la Policía Judicial de la Guardia Civil y que llevan trabajando, sólo y exclusivamente, en delitos relacionados con la ordenación del territorio desde el pasado mes de marzo.

Cada préstamo se refiere, supuestamente y según los indicios recabados hasta ahora, a una vivienda ilegal; lo que da una primera idea de las numerosas operaciones fraudulentas que pudo orquestar la trama investigada, los beneficios que habrían obtenido sus implicados y, sobre todo, las decenas de inmuebles levantados en contra del planeamiento vigente y que iban a ser legalizados por la puerta de atrás.

Esas hipotecas, cuyas irregularidades ya han sido detectadas, fueron concedidas por sucursales de las entidades Unicaja, BBVA, Santander y Banco de Andalucía. Por eso, unas de las líneas de investigación que hay desde que naciera la conocida operación Obra Nueva es conocer si los directores de estas oficinas bancarias estaban implicados en la trama o fueron simples víctimas de unos engaños ejecutados con la connivencia de profesionales como abogados, arquitectos o promotores.

Avenida de las Cortes

Esta línea ha sido explotada desde que el caso nació a raíz de la denuncia formulada en el mes de mayo por el propietario de una finca en Chiclana. Los investigadores tomaron manifestación a varios directores de banco para saber en qué condiciones autorizaron los préstamos. Pero no ha sido hasta ayer cuando se ha sabido que la Guardia Civil reunió los suficientes indicios para detener al responsable de la sucursal del Banco Santander situada en la Avenida de las Cortes de Cádiz. Se trata de Enrique Antonio A. A., quien fue arrestado como supuestos autor de un delito de estafa.


Última hora

Esta detención se produjo el pasado 30 de julio, pero desde que la jueza que instruye las diligencias -la titular del número 3 de Chiclana- ordenara el secreto de sumario, toda la información que girara en torno al caso fue vetada a los medios de comunicación. Pero ayer LA VOZ pudo confirmar que esta detención se había producido junto con la de una auxiliar administrativa que también trabaja en la misma sucursal y cuya identidad es Jessica G. M.. A ella también se le imputa el mismo delito que a su superior.

Estos arrestos están relacionados con otro que se realizó el 20 de julio y del que tampoco se ha sabido nada hasta el día de ayer. Ese día, la Guardia Civil detenía a Luis Juan A. G., que es agente inmobiliario y al que se relaciona con la tramitación de cuatro préstamos hipotecarios en la citada oficina del Santander. Los cargos que se le imputan son falsedad documental y estafa.

Estos últimos datos engordan aún más la lista de implicados, que ya superó en el mes de junio la veintena de personas. A día de hoy la operación Obra Nueva se ha traducido en 24 detenciones y la imputación de otras tres personas. Todos ellos se encuentran en libertad con cargos; mientras que el desarrollo de las pesquisas que hay en curso apuntan a nuevos arrestos.

Fuente: lavozdigital.es (01/11/07)