El fraude en urbanismo obliga al Colegio de Arquitectos a controlar más los certificados de obra nueva

Exige ahora documentación complementaria, como fotografías, de las casas antes de visar cada certificación

La implicación de arquitectos en las últimas investigaciones policiales, que han puesto al descubierto verdaderas tramas de corrupción urbanística, «está manchando» la credibilidad del colegio profesional, que ha decidido adoptar una serie de medidas con el fin de poder detectar los casos de certificados de obra nueva fraudulentos que les llegan a la oficina de visado. El decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Ramón Pico, no esconde la «profunda preocupación» que hay en el seno de este colectivo al verse salpicado por la imputación «de lo que son casos aislados» dentro de la profesión, «pero que en cualquier caso están manchando el nombre» de la institución.

En un intento por poner filtros que ayuden a detectar certificados que llegan al Colegio y que detrás de ellos sólo hay una falsificación, la oficina de visado ha impuesto la obligación de acompañar con documentación complementaria cada certificado de obra nueva que llega a este departamento. Se exige, por ejemplo, que incluyan un reportaje fotográfico de la vivienda. Aunque en el propio Colegio son conscientes de que «no se puede ejercer una vigilancia policial».

El visado de estos certificados es una de las pruebas que emplean estas tramas de corrupción para dar legitimidad a los documentos, de cara a entidades bancarias para la concesión de préstamos hipotecarios o las operaciones que deben cerrarse en las notarías y que tienen como único fin legalizar la situación de inmuebles ilegales.

Pero, en realidad, el visado del Colegio de Arquitectos sólo garantiza que el profesional que ha verificado la antigüedad de la casa tiene la titulación necesaria para ejercer esa labor. Es por eso que en ningún momento ha sobrevolado la sombra de la sospecha sobre esta institución.

Especial seguimiento

Además de incrementar los requisitos necesarios para obtener el visado, el decano Ramón Pico, que hace un inciso para criticar cómo en muchas ocasiones se han confundido las profesiones de algunos de los implicados considerándolos arquitectos cuando en realidad son técnicos o peritos tasadores, explicó que se van a revisar «más detenidamente» aquellos casos en los que existe un número importante de certificados emitidos por el mismo profesional.

Precisamente, el Registro de la Propiedad de Chiclana recibió de golpe, meses antes de conocerse la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil y que por ahora se ha saldado con la detención de 21 personas, un centenar de inscripciones de inmuebles mediante la declaración de obra nueva. Esta rara coincidencia puso en alerta a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento chiclanero, que lo puso en conocimiento de la Fiscalía de Cádiz.

Otras sanciones

Por otro lado, el Colegio de Abogados tiene a su vez un reglamento deontológico interno que se aplica para castigar las conductas que atentan contra la buena praxis que se les presupone a los colegiados. Su decano explicó a este medio que sólo se puede aplicar antes de que se abra un procedimiento judicial o inmediatamente después de que los tribunales resuelvan.

Por ahora, no se ha abierto ningún expediente a priori, pero Pico asegura que aquellos casos que ya se están investigando y se termine demostrando su implicación, se les aplicará las sanciones que se recoge en el citado reglamento y cuya dureza va en función de la gravedad de los hechos. Así, se contempla desde la reprobación pública a través de las circulares y publicaciones que llegan a todos los colegiados, hasta la inhabilitación profesional, la cual se reserva para los casos más graves como puede ser aquellos que previamente han sido condenados por un tribunal.

Fuente: lavozdigital.es (31/10/07)