Los inquilinos de rentas antiguas sufren el acoso de los propietarios para que desalojen sus inmuebles, incluso con amenazas y coacciones, un procedimiento que puede denunciarse
El fenómeno cobra cada vez más fuerza: muchos inquilinos de viviendas de renta antigua son sometidos a presiones por parte de las inmobiliarias propietarias con el fin de reconvertir las fincas en negocios más rentables como nuevos inmuebles más caros, locales comerciales u hoteles. Tras intentar llegar a un acuerdo con los inquilinos, trato normalmente rechazado, los propietarios provocan toda clase de desmanes (averías sin arreglar, cortes de luz, saqueo de buzones... e incluso amenazas y coacciones) hasta que los vecinos no aguantan la presión y 'tiran la toalla' abandonando su casa. Estas acciones están consideradas como un tipo de acoso, son denunciables, y ya existen sentencias judiciales favorables a los vecinos acosados.
Una forma de acoso
¿Una vivienda por un euro al mes en el barrio vizcaíno de Neguri donde el metro cuadrado ronda los 6.000 euros? Efectivamente, es la cantidad por la que un propietario cedió su casa a una familia de etnia gitana que encontró en la calle. Fue también el momento en que comenzó la pesadilla para el resto de vecinos: inundaciones con fugas intencionadas de agua mezclada incluso con heces, vehículos rayados, amenazas...
No se trata del guión de una película, sino de un caso real, ocurrido en la casa Tangora de Getxo. El propietario de una de las viviendas quiso quedarse con la totalidad del inmueble y, ante la negativa del resto de propietarios a vender, trató de convencerlos "por las malas". No se salió con la suya y el juzgado, amparándose en el artículo 544.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expulsó a los inquilinos. De la vivienda, y del término municipal. El magistrado reconoce en la sentencia que los imputados ejercían "un plan sistemático de acoso contra sus vecinos", lo que se conoce como mobbing inmobiliario. ¿Mobbing? Muchos relacionan este término con una forma de acoso en el trabajo, porque efectivamente lo es. Pero no sólo existe este tipo de mobbing, y en su versión inmobiliaria se refiere a las citadas presiones ilegales que ejercen agencias y propietarios de viviendas para echar a sus inquilinos u otros propietarios, personas que en ningún momento habían tenido intención de irse, dejar su vivienda, ni venderla antes de este acoso.
Según el Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing (Sedisem), las amenazas se dirigen especialmente a quienes viven con rentas bajas, como ancianos o jóvenes, con el fin de forzar la venta de los pisos y el desalojo de la finca.
El mobbing inmobiliario tiene un claro precedente en el 'Blockburts'. Se trata de una 'corrupción fonética' surgida de la pronunciación de dos términos ingleses: to Bursa (estallar) y block (bloque), que podría traducirse como 'revientacasas' y que en la Segunda Guerra Mundial se refería a los explosivos lanzados por la aviación aliada, capaces de aniquilar barrios enteros. Pero referida al tema inmobiliario, la expresión se utilizó en los años sesenta para designar una estrategia usual en Estados Unidos durante los años sesenta, en el contexto de las tensiones entre negros y blancos. Los agentes inmobiliarios se aprovechaban de los prejuicios raciales de los habitantes de las áreas residenciales, a quienes comunicaban falsamente que se avecinaba una adquisición masiva de viviendas que irían a parar a manos de negros. Para que la historia fuese creíble, exhibían por las inmediaciones a afroamericanos, como si de compradores se tratase. Los blancos vendían sus casas a precio de saldo y se mudaban. Cuarenta décadas después, la estrategia del miedo continúa surtiendo efecto, y de Cádiz a Barcelona, el fenómeno del mobbing inmobiliario recorre toda España. Pero tampoco el resto de Europa se libra de este tipo de acoso. La ONG International Alliance of Inhabitants recoge las denuncias de la sociedad civil en Europa y asegura que durante el Foro Social Europeo, celebrado en Atenas en mayo de 2006, la Federación de Arrendatarios de Londres denunció el lado oscuro de las olimpiadas de 2012, concretamente una aceleración de la privatización del sector inmobiliario y la demolición de edificios de viviendas de protección oficial para construir centros deportivos, comerciales, y casas de lujo. En Bégica, la ONG Solidarités Nouvelles denuncia asimismo desalojos cada vez más numerosos para alojar a la clase funcionarial comunitaria. No cabe duda de la extensión de este fenómeno, pero, ¿por qué se produce?
Fuente: Consumer Eroski (16/02/2007)
domingo, 18 de febrero de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario